Juzgado ordena a la Universidad Autónoma del Caribe restituir cuatro sedes a Davivienda por incumplimiento de pago

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El Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla declaró terminado el contrato de leasing financiero entre la Universidad Autónoma del Caribe y el Banco Davivienda, ordenando la restitución de cuatro sedes universitarias a la entidad bancaria debido a la falta de pago de los cánones pactados.

La sentencia, conocida en primicia por Zona Cero, señala que la Universidad deberá devolver los siguientes inmuebles: el edificio principal ubicado en la carrera 46 No. 88-68, un edificio de parqueaderos en la carrera 49C No. 88-23/41/55, el inmueble de la calle 88 No. 46-207 y el edificio de postgrados en la calle 90 No. 46-202. En total, los cánones vencidos y no pagados superan los 5.578 millones de pesos.

El contrato, firmado el 30 de marzo de 2016, establecía un canon variable de causación semestral por un periodo de 10 años. Sin embargo, ante el incumplimiento de la Universidad, el juez ordenó la restitución de los bienes en un plazo de cinco días tras la ejecutoria de la decisión, la cual será ejecutada por la Inspección General de Policía.

El proceso judicial se originó por una demanda presentada por Davivienda en 2021. Ante la decisión, el rector de la Universidad, Jorge Senior, manifestó en su cuenta de X:

"Agradezco el interés de los periodistas. A primera hora tengo reunión con la oficina jurídica. Posteriormente emitiremos comunicado aclaratorio y parte de tranquilidad pues la UAC tiene buena defensa judicial. No habrá entrevistas antes de eso. No violaremos reserva judicial."

Lo cierto es que la noticia golpea la imagen de una institución que arrastra una cadena de escándalos por desfalco a sus arcas que en estos momentos tiene la mantienen intervenida y con dos exrectores con procesos judiciales.

La Universidad Autónoma del Caribe durante décadas fue referentes en la región, pero las malas administraciones la tienen sumidad en una dura crisis financiera y académica que se refleja en la caída de matriculas, la falta de pago de salario a docentes y funcionarios y el incumplimiento con proveedores.

La medida pone en el centro la situación financiera de la institución y la importancia del cumplimiento de los contratos de leasing en el sector educativo.