Inmigración en EE. UU. : los estados más seguros y los más hostiles, según este mapa

De acuerdo con el informe publicado por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), la disparidad entre los estados de EE. UU. en materia migratoria es cada vez más pronunciada.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y su endurecida agenda de deportaciones, el mapa del país se transformó: algunos estados avanzan en la protección de comunidades migrantes, mientras que otros se alinean con una política que prioriza la expulsión.

Este mapa, basado en 20 parámetros legislativos y publicado por El País, califica a cada estado según su nivel de cooperación con el ICE, el uso de cárceles locales para detención migratoria y la existencia de leyes que criminalizan la residencia sin papeles.

El resultado revela que Oregón e Illinois lideran como los estados más protectores, con puntuaciones de 4,3 sobre 5, mientras que Florida y Texas encabezan la lista de territorios más hostiles, con apenas 1,95 puntos.

Los estados más protectores para los inmigrantes

El estudio identifica a Oregón, Illinois, California, Nueva Jersey y Washington como los principales bastiones pro-inmigrantes. 

En estas jurisdicciones, las fuerzas del orden no colaboran con el ICE, se impide el traslado de personas a centros de detención federales y se garantizan derechos básicos como el acceso a la justicia.

Este entorno, según el ILRC, contribuye a una mayor integración social, menos temor entre los niños de familias migrantes y una reducción sostenida en las tasas de criminalidad.

Además, estados como Vermont, Maryland, Connecticut y Colorado también se destacan por su legislación favorable, mientras que Nueva York y Rhode Island muestran avances, aunque con políticas más moderadas.

En contraste, Florida, Texas, Iowa, Georgia y Virginia Occidental impulsaron leyes que obligan a las autoridades locales a colaborar estrechamente con el ICE. 

Esta colaboración incluye arrestos, traslados y uso de recursos estatales para ejecutar deportaciones.

Pese a que varios de estos marcos legales fueron parcialmente frenados por tribunales federales, su implementación continúa afectando la vida cotidiana de miles de familias migrantes.

En estados como Alabama, Tennessee, Luisiana y Oklahoma también se aprobaron normas anti-santuario. El informe advierte que esta participación local “socava el estado de derecho y mina la confianza en las instituciones”.