Iniciaron los Periodos de Continuidad Concertada (PCC) de Afinia: racionamientos programados en servicio de energía

El pasado domingo una veintena de barrios de Cartagena de Indias sufrieron un racionamiento de energía entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Para paliar el sofoco de la canícula caribeña miles de personas abarrotaron las playas. 

La prestación del servicio de energía en la región Caribe enfrenta un reto mayúsculo: garantizar su continuidad y sostenibilidad en medio de una elevada morosidad, conexiones ilegales y una infraestructura deteriorada. 

Con este panorama, Afinia, filial del Grupo EPM, ha implementado los Periodos de Continuidad Concertada (PCC), un mecanismo regulado para ejecutar racionamientos programados con los cuales se busca optimizar el servicio en zonas de difícil gestión.

"Este modelo, respaldado por la normatividad vigente, se fundamenta en acuerdos entre la empresa, autoridades locales y los representantes comunitarios para establecer horarios de suministro de energía, promoviendo el pago regular del servicio y reduciendo el riesgo eléctrico en barrios eléctricamente subnormales y áreas rurales de menor desarrollo", señala Afinia en comunicado de prensa.

Según datos de la compañía, en la región Caribe la deuda acumulada por impago del servicio asciende a 4,3 billones de pesos, lo que dificulta la operatividad y modernización del sistema eléctrico.

¿Cómo funcionan los PCC?

Los Periodos de Continuidad Concertada se aplican bajo un esquema de acuerdos con los líderes comunitarios y los alcaldes de las zonas afectadas. Antes de implementar la medida, Afinia lleva a cabo jornadas de socialización con las comunidades para explicarles el alcance del mecanismo, definir los horarios de restricción del servicio y buscar consensos sobre su aplicación.

“El propósito de los PCC no es castigar a la población, sino crear conciencia sobre la necesidad de pago y uso eficiente del servicio”, explicó un vocero de la empresa.

El primer PCC se llevó a cabo en Montecristo, Bolívar, donde el 99% de los usuarios no paga el servicio. Allí, se acordó una interrupción programada del suministro eléctrico desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., permitiendo que la comunidad comprendiera el impacto de la morosidad y la importancia de regularizar su situación.

Una estrategia con respaldo legal

La implementación de los PCC está amparada por la Resolución 120 de 2001 de la CREG y diversos decretos que permiten a las empresas aplicar estas medidas en territorios con dificultades en la prestación del servicio.

Según lo estipula la norma, los acuerdos deben ser firmados con los alcaldes y representantes comunitarios, quienes se convierten en suscriptores del convenio y asumen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

“En el último año, Afinia ha firmado más de 600 convenios con comunidades, garantizando la aplicación transparente de los PCC y promoviendo la corresponsabilidad entre la empresa, las autoridades y los usuarios”, afirmó un representante de la compañía.

No obstante, el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, rechazó la medida, y aseguró que estaría del lado de las comunidades impactadas con los racionamientos programados, y llamó a los gobiernos locales a pagar las millonarias deudas por concepto de este servicio. 

Impacto en la comunidad: entre 
la inconformidad y la esperanza

Si bien los PCC buscan optimizar la prestación del servicio, su implementación ha generado malestar en algunos sectores. Para muchos habitantes, la interrupción programada del suministro representa un obstáculo en su vida diaria, afectando sus actividades económicas y domésticas.

“A veces se nos va la luz en pleno día de trabajo. Entendemos que hay que pagar, pero la situación económica es difícil”, comentó una residente de un barrio beneficiado con el programa.

No obstante, otros consideran que la medida es una oportunidad para transformar el sistema eléctrico y garantizar un servicio de mejor calidad en el futuro.

“La energía es un derecho, pero también un deber. Si no pagamos, el sistema colapsa y los más afectados somos nosotros”, expresó un líder comunitario que ha participado en las mesas de concertación con Afinia.

Cultura de pago y combate a la ilegalidad

Uno de los principales objetivos de los PCC es fomentar una cultura de pago responsable entre los usuarios. En muchas comunidades, el hurto de energía y las conexiones ilegales han generado sobrecargas en la red eléctrica, incrementando el riesgo de accidentes y deteriorando la infraestructura.

Afinia ha denunciado que estas irregularidades afectan la calidad del servicio y ponen en peligro la vida de las personas. Para contrarrestar este problema, la empresa ha desarrollado campañas de concientización y ha promovido la adopción de energía prepagada, una alternativa que permite a los usuarios gestionar su consumo y evitar acumulación de deudas.

Además, la compañía ha invertido 3 billones de pesos en modernización y expansión del sistema eléctrico, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable a los habitantes de la región Caribe.

El reto de la sostenibilidad: compromiso de todos los actores

Para Afinia, la implementación de los PCC no es una solución definitiva, sino una medida transitoria mientras se logra la normalización del servicio en las zonas de difícil gestión.

“Recuperar la confianza de la comunidad es clave. Estamos comprometidos en trabajar de la mano con las autoridades y los ciudadanos para garantizar un servicio estable y sostenible”, destacó un portavoz de la empresa.

Corresponsabilidad entre la empresa, 
los gobiernos locales y la comunidad

La compañía ha insistido en la necesidad de que el Estado y los entes territoriales se involucren activamente en la gestión del servicio, promoviendo planes de inversión que permitan la normalización de los barrios subnormales y el acceso equitativo a la energía eléctrica.

La implementación de los Periodos de Continuidad Concertada, según la empresa, es una estrategia que busca equilibrar la prestación del servicio eléctrico con la sostenibilidad financiera de Afinia. Sin embargo, su éxito dependerá de la corresponsabilidad entre la empresa, los gobiernos locales y la comunidad.

Si bien la medida ha generado controversia, su objetivo final es claro: garantizar que la región Caribe tenga un servicio de energía eficiente, seguro y asequible para todos. Para lograrlo, se requiere el compromiso de cada actor en el sistema, desde las autoridades hasta los usuarios, en una transformación que solo será posible con responsabilidad y diálogo.

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