¿Hay mensajes políticos en el aplazamiento de recursos decretado por el Gobierno?

La manera en la cual el Ministerio de Hacienda distribuyó el rompecabezas del aplazamiento de 12 billones en el Presupuesto generó una amplia polémica por algunos rubros que se verán afectados, los cuales impactan a autoridades que han protagonizado choques con el Gobierno Nacional.

Por un lado, los alcaldes de Bogotá y Medellín, Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, cuestionaron al Ejecutivo asegurando que el aplazamiento representa un golpe para ellos pues afecta importantes proyectos de infraestructura y transporte en sus territorios.

En concreto, sobresale que quedarán aplazados 770.000 millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá y 497.630 millones de pesos para el metro ligero de la 80 en Medellín.

“El progreso de Bogotá no lo detiene nadie", dijo el alcalde Galán al conocer la noticia. Por su parte, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, dijo: “las regiones estamos tiradas por parte del Gobierno”.

En diálogo con EL TIEMPO, Galán aseguró que su administración deberá hacer esfuerzos para evitar un freno del proyecto del Metro, que avanza en un 46,24%. "Seguramente tendremos que asumir, y lo vamos a hacer, el costo adicional que implique traer esa plata para poder financiar el proyecto. Tendríamos que buscar una fuente de financiación sin garantía soberana".

El alcalde bogotano ha cuestionado al gobierno central pues estos se han opuesto a varios proyectos estratégicos de la ciudad. El choque por el Metro ha sido central, pues desde la Casa de Nariño se insistió hasta lo último en que la primera línea del metro fuera subterránea, a pesar de que ya se venía desarrollando el actual proyecto, que es sobre un viaducto.

La decisión del gobierno Petro también afecta al proyecto de la troncal de la Calle 13, entre la avenida Las Américas y el río Bogotá. Igualmente, la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca tiene un aplazamiento de recursos del orden de los 86.829 millones de pesos.

En cuanto a Medellín, Gutiérrez aseveró que para la obra del metro ligero de la 80, cuyo avance se encuentra en un 29,3%, a los 483.000 millones que ya debe la nación desde la vigencia 2024, ahora se suman los 497.000 millones de la vigencia 2025.

"Así las cosas, sumando 2024 y 2025, le genera un hueco gigantesco de 980 mil millones de pesos, casi 1 billón, a este proyecto estratégico. Desde el Distrito de Medellín hemos garantizado los recursos correspondientes a vigencias futuras de los años 2024 y 2025. También tenemos garantizados los recursos futuros. Medellín ha aportado ya 586 mil millones. Presidente, de nuevo le digo, no le pido que nos quiera, simplemente que gobierne y que cumpla la ley", manifestó el alcalde.

Gutiérrez y Petro contraen rifirrafes desde la campaña presidencial de 2022 que los enfrentó. La desavenencia entre ambos se ha extendido en este periodo como mandatarios alrededor de lo que Gutiérrez ha calificado como un menosprecio del jefe de Estado hacia Medellín, algo que el primer mandatario ha negado.

Otro de los proyectos de infraestructura al cual el Gobierno aplazó sus aportes es el del Túnel del Toyo. En este proyecto participan la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Para Gonzalo Araújo, analista de la firma Orza, agencia experta en asuntos públicos, considera que los aplazamientos y recortes presupuestales tienen un "tufillo político" y "mandan un mensaje a los alcaldes y la ciudadanía". 

"El Gobierno de Gustavo Petro actúa de igual manera que lo hizo años atrás Luis XIV quien acopio la famosa frase del estado soy yo. Petro castiga los presupuestos de movilidad de las ciudades en aquellos proyectos donde está en desacuerdo y ha querido pararlos (Metro elevado, Registram, Transmilenio)", apuntó.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano dijo que hay un "ensañamiento" con la infraestructura en general: "Afecta por ejemplo los sistemas de transporte de Ibagué, Neiva, Popayán, Bucaramanga, ciudades intermedias y capitales que necesitan estos recursos. El acueducto de Cali", explicó.

Incluso, sostuvo que "el Metro que el Presidente odia, que no quiere que se haga, que ha intentado de todas las formas tumbar, encontró aquí una forma que es ilegal. Resulta que el Metro, cuyas vigencias futuras fueron constituidas en el 2017, tiene que recibir un giro este año de más de 700.000 millones. Ahora se lo quita, y esto es grave por que las vigencias futuras se pueden modificar de dos formas: con el consenso con el alcalde Galán -se lo saltó olímpicamente- y si hay un incumplimiento o un atraso, que en este caso no pasa", agregó en conversación con este diario.

"Pone en entredicho la credibilidad de la Nación en su compromiso con entes territoriales y eso es grave", sentenció Galán.

El CNE

Por último, aparece el caso de Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de garantizar la transparencia de las campañas electorales y de investigar la violación de los topes de campaña.

Este lunes la entidad alertó que el aplazamiento presupuestal por 600.000 millones anunciado por el Ministerio de Hacienda, que según el tribunal representa el 56,7 por ciento de los recursos de la entidad, pone en riesgo la realización de las elecciones presidenciales y de Congreso del 2026.

El CNE sostiene que el aplazamiento presupuestal compromete el “cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas” y que por tal motivo se ven “imposibilitadas” las actividades misionales, en especial las relacionadas con las elecciones atípicas del 2025 y las actividades preparatorias para los comicios de 2026 “en lo relativo a testigos electorales, auditoría, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones”.

Esa versión fue desmentida en la noche de este lunes por el presidente Gustavo Petro, duro crítico del CNE, quien aseguró vía ‘X’ que “no es cierto” que los comicios estén en riesgo porque “el presupuesto de las elecciones está en la Registraduría y no fue aplazado”. También afirmó que el presupuesto de financiación de partidos que también maneja el CNE tampoco fue tocado por las decisiones del recorte presupuestal. 

Esto genera ruidos porque el mismo Consejo Electoral abrió a finales del año pasado pliego de cargos por presunta violación de topes electorales contra el hoy presidente Gustavo Petro (en su condición de candidato) y contra el gerente de su campaña presidencial, la actual cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa. En repetidas ocasiones, el presidente Petro ha asegurado que ese proceso en el CNE no es legítimo -a pesar de decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en contrario- y que forma parte de un supuesto “golpe blando” en su contra.

Para el analista Araújo, el jefe de Estado "ataca al CNE congelando su presupuesto".

Mientras tanto, el Gobierno asegura que no se trata de un recorte como tal, sino que en los próximos meses se podrían revisar los rubros. “Este aplazamiento se provoca por la actitud aberrante de las comisiones económicas que no permitieron la financiación del Presupuesto”, aseveró el presidente Gustavo Petro ayer a través de su cuenta de X.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política