Hasta cuándo dura el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Los migrantes venezolanos que se establecieron en Estados Unidos en virtud del programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, de 2023 enfrentan una crisis migratoria luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cancelara su continuación. Esta decisión afecta a más de 350.000 personas que lo solicitaron. 

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, según sus siglas en inglés), el TPS y los beneficios relacionados a la designación de ese año finalizarán el próximo lunes 7 de abril. Como consecuencia los nativos del país latino perderán el permiso de trabajo y la protección contra la deportación. 

De acuerdo a BBC, que citó un documento oficial, Noem tomó esa decisión porque la permanencia temporal que otorgaba dicho estatus es "contrario al interés nacional". Si bien algunas de las condiciones que existían en Venezuela "pueden continuar", se observaron "mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen". 

La cancelación no incluye el TPS de la designación 2021, que se otorgó a 250.000 venezolanos y permanece vigente hasta el 10 de septiembre. Se estima que ambas protecciones ampararon a unos 600.000 ciudadanos que escaparon de la grave crisis política y económica. 

Los abogados de migraciones de EE. UU. le pedirán a un juez federal que retrase las cancelaciones del TPS

Según informó The New York Times este lunes 24 de marzo, abogados defensores de los derechos de los migrantes le pedirán a un juez federal de San Francisco que retrase las cancelaciones del programa TPS perpetradas por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. 

Los demandantes sostienen que esa decisión "violó los procedimientos administrativos y actuó con prejuicios raciales al revocar las prórrogas de las protecciones concedidas bajo el gobierno de Joe Biden", de acuerdo al medio. No obstante, los funcionarios federales negaron las acusaciones de discriminación.