'Habrá una lluvia de demandas ante la reforma al Sistema General de Participaciones': Miranda

En entrevista con EL TIEMPO la representante a la Cámara Katherine Miranda habló sobre las implicaciones que tiene la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Además, aseguró que luego de la sanción presidencial se espera una "lluvia" de demandas en contra del acto legislativo.

Usted en la plenaria dijo que esta es una reforma irresponsable, ¿por qué razón, qué implicaciones tiene la aprobación de ese proyecto?  

Primero hay que decir que claramente todos estamos de acuerdo con cerrar brechas, todos estamos absolutamente de acuerdo con la descentralización, es uno de los postulados de la Constitución desde el noventa y uno. Sin embargo, considero que es irresponsable.

¿Por qué?

Porque lo que ha dicho el Banco de la República, lo que ha dicho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la respuesta que me dio a mí por medio de derecho de petición del Ministerio de Hacienda, me define que esta reforma constitucional implicaría nueve reformas tributarias según el Ministerio de Hacienda para poderse aplicar nueve reformas tributarias que van a pagar los colombianos y creo que no es el momento adecuado para pensar en reformas tributarias. Dos, esto no es responsable, rompe con el marco fiscal, no es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, así lo han dicho todos los expertos Y aún funcionarios dentro del propio gobierno. Nosotros estamos hablando que para el próximo año tendremos un presupuesto de 523 billones de pesos, donde el 91 por ciento ya es inflexible.

¿Qué significa que sea inflexible?

Pago de nóminas, pensiones, deuda, defensa y seguridad, vigencias futuras, etcétera. De eso solo nos queda un nueve por ciento. Esto lo que va a hacer es que esos porcentajes fijos que impusieron en el acto legislativo van a reducir la discrecionalidad y van a impedir la planeación del Estado colombiano. Nosotros no vemos cómo sea posible que primero se define un porcentaje y posteriormente las competencias. Porque hay diferentes tipos de municipios. Algunos no están en la capacidad técnica y administrativa para asumir determinadas responsabilidades. Así que no debe ser un porcentaje fijo, sino de acuerdo con cada municipio y un poco respondiendo a la capacidad técnica de cada uno de ellos. Nosotros vimos cómo la misión de descentralización en su momento determinó que lo óptimo era el treinta y uno por ciento, pero más allá sería completamente irresponsable con el país.

¿Por qué votó por el no?

Yo decido votar no, y fui una de las casi únicas voces en el Congreso de la República, porque yo hice unos derechos de petición al ministerio, consulté de verdad muchísimos expertos sobre las implicaciones que tendría esto. Y el ministerio de Hacienda ya brindó un concepto de impacto fiscal y dice que esto es inviable, que rompe la regla fiscal. Y yo tengo que ser responsable con el país, responsable con las finanzas y un poco con el temor de ser impopular, pero con la conciencia tranquila por la responsabilidad fiscal decidí votar no.

Se necesita un aval fiscal para este proyecto. ¿Qué puede pasar teniendo en cuenta que no lo hay?

Lo que tiene que quedarle claro a la Corte Constitucional es que efectivamente nosotros como congresistas no contamos con las herramientas suficientes para conocer y discutir el impacto fiscal real de esta reforma. En toda la discusión no tuvimos ningún pronunciamiento por parte del Ministerio. Ayer nosotros solicitamos la presencia del director de Planeación, solicitamos la presencia del ministro Bonilla y ellos no aparecieron. Lo único que hay es un concepto que se generó en mitad de la discusión.

¿Qué dice?

Que el actual proyecto implicaría costos fiscales recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo. Y termina el documento diciendo... El Ministerio rinde su concepto fiscal sobre el proyecto de acto legislativo del asunto, absteniéndose de emitir concepto favorable. 

Hubo unas voces ayer en el Congreso que decían que los actos legislativos no necesitaban aval fiscal...

Nada más lejos de la realidad porque podemos recordar que en su momento la Corte Constitucional hizo un estudio muy exhaustivo frente a la región metropolitana y su impacto fiscal y si de verdad tenía el aval. Hoy vemos que se aprobó un acto legislativo sin aval fiscal, con todas las personas técnicas, rigurosas, juiciosas, expertas en contra, solamente los políticos que ya están pensando en las próximas elecciones están felices con la aprobación de esta reforma sin tener en cuenta los impactos negativos en las finanzas que va a tener.

¿Qué dicen los expertos?

Esto no lo dice un político, esto lo dice el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Banco nos dice que los efectos que podría tener esta reforma es la caída del PIB en un 12 por ciento, la caída del consumo privado en un 18 por ciento, las importaciones podrían caer 28 por ciento, la inversión privada un 34 por ciento y lo más grave es que la deuda pública pasaría del 55 por ciento del 83 por ciento del PIB, yo creo que no son cifras digamos al aire, son cifras que nos tienen que preocupar como país y pues me toca ser responsable y dar mi voz así sea sola en medio de esta discusión porque yo creo que el impacto que va a tener este acto legislativo a futuro va a ser bastante contraproducente no solamente para las finanzas del país sino para la economía en general.

Este proyecto se aprobó sin tener la ley de competencias, todavía no se ha radicado. ¿Qué implicaciones puede tener que no se llegue a aprobar en el futuro esta ley?

Por fortuna nosotros logramos que este acto legislativo estuviera sujeto a la expedición de la ley de competencias. De no ser aprobada la ley de competencias no entraría a regir este acto legislativo. Sin embargo, creo que ha hecho un ambiente bastante favorable en el Congreso para que sea, pues digamos, completamente aprobada la ley de competencias. Acá lo grave es que se fijó un porcentaje 39,5 a nivel general de las transferencias a girar. Hay algunos municipios, hay algunas ciudades que sí pueden estar en la capacidad de asumir ese 39, pero yo le digo, la mayoría de municipios que son de sexta categoría en nuestro país no están en la capacidad de asumir, digamos, esa responsabilidad tan grande. Nosotros hablamos que hay realmente unas inflexibilidades del presupuesto. Aprobando esta ley, aprobando la próxima ley de competencias, necesariamente se tendrán que buscar unos recursos adicionales, lo que implicaría reforma tributaria para nuestro país. Esta aprobación de acto legislativo da por hecho la aprobación de reformas tributarias en contra de todos los colombianos.

Lo que usted quiere decir es que la reforma, que ya se radicó ayer, la tributaria, ¿va a tener un buen ambiente y se puede aprobar?

La que está ahorita como ley de financiamiento, no, esa sí dudo que se vaya a aprobar. Ahorita estamos citados para el anuncio. Confío en que los congresistas van a ser responsables y no van a aprobar esa ley de financiamiento, sino por el contrario, presionaremos al Gobierno para que ejecute esos cerca de noventa y siete billones de pesos que tiene guardados en vez de meterle la mano al bolsillo a los colombianos.

¿Cree que todo lo que está sucediendo ahorita con el ministro de Hacienda, con lo que dijo la exasesora por el caso de la UNGRD, también puede interferir en las decisiones?

Yo siempre tengo fe en que eso puede interferir, sin embargo, está visto lo que ha pasado en el Congreso.

¿Por qué cree que ayer prácticamente toda la clase política se unió para sacar adelante este proyecto?  

Porque yo sí creo que hay una deuda con las regiones, hay una centralización bastante marcada. Sin embargo, lo que yo les sugería a ellos es cómo nosotros fortalecemos las capacidades técnicas y administrativas en municipios para que puedan desarrollar esas tareas. Cómo esto realmente puede ser paulatino sin afectar las finanzas del gobierno central, sin afectar un poco las responsabilidades que van a terminar asumiendo los municipios. Entonces yo le pregunto, ¿un municipio de sexta categoría está en la capacidad de hacer una vía? ¿Está en la capacidad de pagar pensiones? Seamos sinceros, no. Entonces empezamos por el final y creo que esto obedece muchísimo más a un tema de campaña. Estamos en año ya preelectoral. Creo que no me voy a equivocar cuando el ministro Cristo termine haciendo campaña con este acto legislativo. Antanas Mokus dice que el capital político es para gastárselo y yo prefiero gastármelo siendo responsable con las finanzas del país y no subiéndome en una ola de profunda irresponsabilidad que los más importantes técnicos y expertos económicos en este país han dicho que va a ser la quiebra del Estado colombiano.

Estamos viviendo un panorama preocupante en temas de extorsión, donde vemos en las regiones que los mismos alcaldes son los que tienen que ir a pagarlas ¿Qué puede pasar si ahorita se giran estos recursos? ¿Se puede aumentar la corrupción?

La corrupción sin lugar a duda, pero más que la corrupción es el manejo de estos recursos en una bolsa tan grande a manos de grupos armados ilegales donde presionan alcaldes, donde presionan gobernadores y lo estamos viendo día a día. Alcaldes que ni siquiera pueden gobernar dentro de su municipio porque tienen amenazas, tienen extorsiones, los obligan a incluir dentro de su gabinete personas de grupos armados ilegales. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que acá el Gobierno nacional pretende lavarse las manos en su responsabilidad, como por ejemplo MinIgualdad ha sido incapaz de ejecutar, tiene una ejecución tal vez la más mala que yo he visto en años en todos los departamentos o ministerios de 2,7 por ciento, ante su incapacidad pretenden trasladar estas competencias a entes territoriales que tal vez pueden llegar a ser más incapaces que el gobierno central.

¿Hay posibilidad de que se pueda tumbar este proyecto?

Sí, de hecho, ayer no me moví de mi silla en ningún momento dejando las constancias de los vicios en el trámite que había surtido este acto legislativo, varios vicios como que modificaron lo aprobado en la comisión en el texto de la ponencia. Vicios por ejemplo en el concepto del impacto fiscal. Muchísimos vicios, tanto de forma como de fondo, que obviamente vamos a denunciar en la Corte Constitucional. Yo creo que va a haber una gran llovizna de demandas ante este acto legislativo teniendo en cuenta los antecedentes que, por ejemplo, se tuvo con el Ministerio de la Igualdad que en la Corte Constitucional el principal argumento fue que no tuvo un concepto de impacto fiscal, creo que también este va por el mismo camino.

¿Para cuándo podemos esperar esa lluvia de demandas?  

Hay que esperar a que se concilie, posteriormente a que el Presidente de la República lo sancione y creo que al segundo que se sancione va a haber lluvia de demandas porque creo que muchos expertos, muchos economistas van a entrar en la dinámica.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política