Guerra interna del cártel en Sinaloa: ¿crisis en el Estado mexicano o percepción distorsionada?

Cuerpos tirados al costado de los caminos. Tiroteos en barrios exclusivos. Tráileres incendiados en la carretera. Personas bajadas de sus autos por hombres armados a plena luz del día.

Así es cuando estalla la guerra dentro de una de las mafias criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa, enfrentando a dos facciones rivales entre sí en una lucha sangrienta por controlar un narcoimperio multimillonario.

Los últimos años habían sido relativamente pacíficos en el Estado de Sinaloa, donde el dominio de una organización criminal única y cohesiva mantuvo las guerras territoriales al mínimo y las tasas oficiales de homicidio eran más bajas que en muchas ciudades importantes de Estados Unidos.

Luego, en julio, ocurrió una traición: Ismael “El Mayo” Zambada García, un padrino del cártel, fue engañado por el hijo de su antiguo aliado, secuestrado, obligado a tomar un vuelo a Estados Unidos y arrestado por agentes estadounidenses, dijeron funcionarios de EE.UU..

Zambada describió la traición en una carta publicada por su abogado, en la que el narcotraficante decía que el día de su arresto había sido atraído a una reunión presuntamente amistosa y luego “emboscado” y “secuestrado” por uno de los hijos de su compañero cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.

Las tensiones han estado latentes desde que “El Chapo” fue capturado y juzgado en un tribunal de EE. UU., donde uno de los hijos de “El Mayo” brindó testimonio contra el narcotraficante en el 2019 que ayudó a condenarlo a cadena perpetua.

Durante aproximadamente un mes después del secuestro y arresto de “El Mayo”, el Estado de Sinaloa estuvo en vilo, esperando ver si los herederos del cártel llegaban a una resolución. A principios de septiembre llegó una respuesta: una erupción de asesinatos marcó el inicio de una guerra civil absoluta.

“Aún no llegamos al final de este largo periodo de violencia”, dijo Rubén Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa, agregando: “El Gobierno no está para nada rebasado, al contrario, estamos cada vez mejor posicionados contra la violencia”.

Pero el pueblo de Sinaloa no parece confiar en que alguien tenga control sobre la brutalidad.

Los residentes ahora siguen un toque de queda autoimpuesto y se refugian en sus casas después del anochecer. Los padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por miedo a que los alcance alguna bala. Recientemente, hombres armados obligaron a dos Alcaldes locales a bajar de sus vehículos y les robaron los autos, reportó el Fiscal General del Estado.

La parálisis se ha apoderado de la economía local, con muchos empleados no presentándose a trabajar y empresas reduciendo o suspendiendo operaciones por completo. La capital, Culiacán, ya ha sufrido pérdidas por cientos de millones de dólares, dicen los líderes empresariales.

Con más de 140 personas asesinadas en un mes, los funcionarios temen que la violencia pronto se extienda por todo el País, elevando el reto para la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El Gobierno federal envió mil 100 soldados a patrullar las calles y el Ejército confiscó las armas de la policía municipal de Culiacán, una medida que, dicen los expertos, refleja preocupación por colusión entre el cártel y los policías locales.

“Entrar con armas de fuego provocaría una guerra”, dijo Sheinbaum recientemente, y agregó que las fuerzas de seguridad deben priorizar la protección de los civiles “pero no generar más confrontación que cause más muertes”.

El General Francisco Jesús Leana Ojeda, quien hasta hace poco encabezó las fuerzas armadas en Sinaloa, dijo a los periodistas que la seguridad del Estado “no depende de nosotros, depende de que los grupos rivales detengan sus enfrentamientos”. Fue destituido de su cargo este mes, reportaron los medios locales.

En el sur de Sinaloa, muchos residentes siguen atrapados dentro de sus casas un mes después de que inició el conflicto.

“¿Cómo se supone que debo alimentar a estas niñas?”, dijo Luis Sapiens, trabajador del campo en Elota, aproximadamente una hora al sur de Culiacán.

Sapiens, de 37 años, normalmente trabaja siete días a la semana en un invernadero para mantener a su esposa y sus dos hijas, de 5 y 7 años. Ahora sólo va cada dos o tres días, cuando su jefe le dice que no hay tanto peligro.

El Gobierno local entregó alimentos a su vecindario hace un par de semanas, pero aparte de eso, los residentes se las arreglan solos. La escuela local sigue cerrada, dijo Esmeralda, la esposa de Sapiens, porque las maestras temen ir a la Ciudad.

“Se están quedando atrás”, dijo, mientras las dos niñas veían caricaturas. “Y nada puedo hacer al respecto”.