Gremios de Atlántico y Bolívar rechazan cobro de valorización en el corredor Cartagena–Barranquilla

Los principales gremios económicos de los departamentos de Atlántico y Bolívar reiteraron su rechazo al cobro de la valorización nacional en el corredor vial Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, argumentando que se trata de una medida ilegal.

En un comunicado conjunto, advirtieron que esta contribución, impulsada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), vulnera principios constitucionales y amenaza el desarrollo económico de la región Caribe.

El pronunciamiento se da en medio del proceso judicial en curso ante el Consejo de Estado, donde fue admitida una demanda de nulidad contra las resoluciones que sustentan el cobro. Además, los gremios intervinieron recientemente ante la Corte Constitucional en respaldo a la acción presentada por el senador Mauricio Gómez Amín, que busca frenar la implementación del cobro.

A esta postura se sumó el respaldo a la solicitud que elevó la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que se ordene la suspensión del cobro hasta que se resuelva la acción popular interpuesta por el senador Carlos Meisel.

Cobro iniciaría desde Junio

Según información confirmada por EL TIEMPO, el Invías tiene previsto iniciar la emisión de las primeras cuentas de cobro a finales de junio de este año. 

El proceso se realizará de forma gradual, comenzando por 10.868 predios en Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico). En julio, continuarán las liquidaciones para 46.305 predios en Cartagena, y en agosto se sumarán 19.363 predios en Galapa, Malambo y Soledad. 

En septiembre y octubre se completará el proceso con Barranquilla y Puerto Colombia, respectivamente, alcanzando un total de 147.744 predios.

El objetivo del Gobierno nacional es recaudar 1,23 billones de pesos que serían destinados a financiar obras de infraestructura en otras zonas del país.

Reacción de los gremios

 Sin embargo, los gremios alegan que este cobro contradice el artículo 317 de la Constitución, al desvirtuar la naturaleza de la valorización y convertirla en un impuesto a la propiedad, cuya competencia no le corresponde a la Nación.

Entre los principales vicios señalados en la demanda se encuentran la retroactividad del cobro, la ausencia de un beneficio económico concreto para los predios, deficiencias en la delimitación de la zona de influencia, la falta de estudios técnicos sobre la capacidad de pago de los propietarios y errores en la determinación de la base gravable.

“La medida, además de ser jurídicamente insostenible, representa una amenaza para el desarrollo inmobiliario y turístico de 11 municipios del Caribe colombiano, al imponer una carga económica desproporcionada sobre miles de propietarios en un contexto de fragilidad económica. Esto podría desembocar en procesos de cobro coactivo, remates y paralización del mercado inmobiliario”, advirtieron los gremios en el comunicado.

Mientras se espera un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la solicitud de medidas cautelares, los gremios instan al Gobierno nacional a reconsiderar la implementación de este cobro, por los impactos sociales, jurídicos y económicos que conllevaría para la región.

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