'Golpear mediáticamente a la Registraduría es jugar con candela y socavar la democracia': Hernán Penagos

En entrevista con EL TIEMPO, el registrador nacional, Hernán Penagos, aborda las preocupaciones que suscitaron a raíz de la imputación de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los funcionarios de la Registraduría a más de año y medio de las elecciones presidenciales del 2026.

En Colombia hay preocupación en muchos sectores sobre la realización de las elecciones de 2026, particularmente presidenciales, ¿qué le puede decir al país? 

En Colombia hay separación de poderes, autoridades autónomas y hay instituciones fuertes. Por eso puede haber duda de que no se vayan a llevar a cabo elecciones en el 2026. Y no va a haber duda porque desde las competencias nuestras de la registraduría estamos haciendo todas las tareas y estamos enfocados en garantizar elecciones transparentes e íntegras. Venimos trabajando con organizaciones internacionales, ya vamos a lanzar la biometría facial, ya estamos trabajando en desarrollos tecnológicos. Por eso debo decir que no puede haber ninguna duda de las elecciones del 2026 y vamos a garantizar que se lleven a cabo. 

La Presidencia ha tratado de infundir dudas sobre el sistema electoral colombiano y la MOE alertó que es muy preocupante que se trate de socavar la confianza en el proceso electoral. ¿Qué decirle al Gobierno ante dicha actitud, que incluso lo llevó a decir que Venezuela tiene un sistema electoral más confiable que el nacional y ahora funcionarios también ha comenzado a expresar reparos e iniciar acciones?

El sistema electoral colombiano es un sistema lleno de garantías y muy bien diseñado. En Colombia las elecciones no las hacen las empresas, ni las escrutan las empresas. Las elecciones en Colombia las hacen 600.000 ciudadanos que son jurados de votación, cuentan los votos y diligencian los Formularios E-14 o las actas electorales. En Colombia el escrutinio no lo hacen las empresas, lo hacen los jueces de la República. Miles de ellos llevan a cabo ese proceso y declaran los resultados locales. Las empresas solo apoyan la logística electoral. Y no es una, son varias de ellas. Y lo hacen como ocurre en casi todos los países de Latinoamérica y gran parte de los del mundo. Las empresas lo que hacen es apoyar en transmisión, apoyar en comunicaciones, distribución, impresión y demás. Por eso no puede haber ninguna duda de la forma como se llevó a cabo el proceso electoral en Colombia. A eso hay que sumarle que al final del camino, si existe alguna preocupación, también tiene competencia el Consejo de Estado. Lo que hay que decir con precisión es que el proceso y la arquitectura electoral colombiana y la Registraduría han sido sustento de la democracia de este país por décadas.

¿Cómo lee usted este proceso que se ha iniciado en la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de su identidad y propiamente contra algunos funcionarios suyos?

Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, durante una entrevista concedida al diario El Tiempo.

Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

No tengo duda de que la Superintendencia no tiene competencia para investigar a la Registraduría. Toda la información que la superintendencia solicitó se le ha entregado y se le entregará, si así lo determinan, porque son entidades públicas. Pero eso no significa que puedan investigar a la Registraduría. A esta entidad la investigan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Eso no lo digo yo, están en los manuales de buenas prácticas electorales de la OEA y de la misma Comisión de Venecia, pues allí se señala que deben garantizarse órganos electorales autónomos, que no pueden estar sometidos a la injerencia de dependencias gubernamentales. Si miran la estructura del Estado colombiano, el artículo 113 de la Constitución señala que hay división de poderes y órganos autónomos independientes y uno de ellos es la registraduría. Aceptar que la superintendencia pueda investigar a la registraduría es aceptar que la superintendencia pueda investigar a la Contraloría, a la Fiscalía y a las Cortes. Eso es absolutamente inconstitucional desde el punto de vista de la estructura del Estado colombiano. Además la SIC está investigada por la Procuraduría por irregularidades administrativas en la visita que llevó a cabo a la Registraduría en el mes de marzo. Como puede explicarse que 7 meses después, la SIC pretenda sancionar a directivos de la registraduría que cumplieron su deber.

Y entonces, ¿por qué estamos en esta situación?

Estamos en este tema porque la Superintendencia está interpretando de manera errada sus funciones. La Superintendencia es una entidad del Ejecutivo que está adscrita al Ministerio de Comercio y actúa por funciones delegadas del Presidente. Luego, no hay fundamento jurídico para que pueda investigar a la Registraduría. Es inédito en la historia de Colombia que una superintendencia investigue a la Registraduría. Nunca ha ocurrido y eso es porque se ha entendido claramente que esas atribuciones no las tiene esta entidad. Nosotros tendremos que revisar qué acciones adoptar. Pero lo que sí tengo claro es que cualquier proceso adelantado contra la entidad, la Registraduría le responde es a los órganos de control que están definidos por la Constitución.

No solo con este tema de la SIC, sino con los pronunciamientos de la Secretaría de Transparencia sobre la contratación de la entidad. ¿Ha sentido que desde el Ejecutivo se está vulnerando la independencia de la registraduría?

La Registraduría es un órgano independiente y la jurisprudencia de la Corte ha dicho permanentemente que no hay democracia si no hay función electoral y no hay función electoral si no hay autoridades electorales. Esto para decirlo en castizo, peligra la democracia si no existen autoridades electorales independientes. Lo que significa esto es que cualquier injerencia de entidades del Gobierno pone en riesgo la autonomía del órgano electoral. Es tan malo una sanción a los funcionarios de la registraduría como un archivo a su favor. El hecho de por sí ya es muy malo. Cualquiera mañana puede especular diciendo: 'Si los iban a sancionar, ¿por qué ahora terminaron fallando a su favor?'. A la registradora hay que dejarla que la investiguen los órganos competentes y las entidades del gobierno no deben involucrarse en esas tareas.

Uno de los cuestionamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro es la aparición reiterada de Thomas Greg & Sons en las contrataciones de la entidad. ¿Por qué ocurre esto?

La Registraduría históricamente ha llevado a cabo procesos de contratación directa. En el último proceso que hicimos, de hace unas semanas, fue novedosa. Se abrió una convocatoria pública, primero. Segundo, la convocatoria pública se abrió para que participaran oferentes nacionales e internacionales. Y tercero, se bajaron las condiciones a los mínimos exigidos. Eso para garantizar pluralidad de oferentes. Ahora, si se presentan uno, o cinco, o diez, eso ya escapa a las competencias de los técnicos de la Registraduría. La arquitectura de este proceso la hicieron más de 25 o 30 funcionarios que llevan años en esta entidad y algunos otros nuevos. Tiene todo un rigor jurídico, ni siquiera la hago yo. La ordenación del gasto está en cabeza de la gerencia administrativa.

Desde el Gobierno aseveran que uno de los funcionarios ha estado vinculado a Thomas Greg & Sons y es una de las razones por las que ponen en duda la licitación, ¿qué les responde?

En esa convocatoria nos acompañó la Procuraduría, estuvo desde el inicio. Participó de las pruebas técnicas, en el seguimiento del proceso y en la audiencia de adjudicación. La Procuraduría no derivó de ese proceso ningún acto cuestionable. Y son ellos los que les corresponde señalar cómo se llevó a cabo el proceso y un funcionario del Ejecutivo. No puede ser que desde el gobierno se sentencie si un acto se llevó a cabo bien o mal. En Colombia hay independencia de poderes, eso le corresponde a la rama judicial y es lo que nosotros reclamamos. Se debe acudir a ellos, a la rama judicial. 

¿Thomas Greg es el dueño de la información de los ciudadanos colombianos en materia electoral, como ha insinuado el presidente Petro?

Presidente Gustavo Petro.

Foto:Presidencia

De ninguna manera. Esa y las demás empresas proveedores solo apoyan la logística electoral. En Colombia, los datos de los colombianos, el Archivo Nacional de Identificación y el Registro Civil, lo administran funcionarios de la Registraduría, que la mayoría llevan décadas en esta entidad. Otra cosa es el soporte tecnológico de esos datos, como ocurre casi en todas las entidades del Estado. Y ese soporte lo hace una empresa que se llama IDEMIA, francesa y que lleva aquí algo así como 25 años. Decir que los datos de los colombianos los administra y los maneja una empresa privada es faltar a la verdad.

Ante las denuncias de un supuesto de intentar recortar sus recursos en el presupuesto para el 2025, año en el que tiene que adelantar toda la infraestructura para las elecciones. ¿Tiene preocupación por el presupuesto de la Registraduría?

Estamos a la espera del decreto que adopte el presupuesto del año entrante porque no fue aprobado por el Congreso. La ley señala que se debe adoptar el presupuesto tal y como fue presentado en el mes de julio, entonces ahí están los recursos que la Registraduría requiere para llevar a cabo las elecciones del 2026. En todo caso, a pesar de que los recursos estén incorporados en el presupuesto general de la Nación, la Registraduría debe solicitarle al Ministerio de Hacienda autorización para ejecutar esos recursos. El año entrante, muy temprano, iniciaremos esas acciones y esperamos que no haya ninguna dificultad para la ejecución de esos dineros. 

Ante la polémica con la Presidencia por Thomas Greg. ¿Van a hacer otras acciones para blindar el proceso?

Vamos a hacer varias acciones. Entre ellas, vamos a anunciar con suficiente tiempo la apertura de la convocatoria para lo proveedores de 20026, haremos mesas técnicas con observadores, ONG y entidades que quieran acompañar para darles a conocer cómo se llevará a cabo el proceso y vamos a abrir convocatoria para que también puedan participar proveedores internacionales, no solamente nacionales. Es decir, vamos a hacer toda una serie de acciones para garantizar que haya la posibilidad de que se presenten diferentes oferentes. Otra cosa es que lo hagan o no. 

¿Usted ha sentido presión del Gobierno?

Yo en lo particular no he sentido presión, pero sí creo que actuaciones contra funcionarios directivos de la entidad generan inquietud en ellos. Son funcionarios que están haciendo una tarea juiciosa y que terminan en la mitad de unas discusiones muy complejas. Lo que creo es que debemos rodear a la Registraduría como árbitro de la democracia. Debemos llenarla de elementos para que los ciudadanos confíen en el proceso de 2026. Golpear mediáticamente a la Registraduría es jugar con candela y socavar la democracia de este país. Como lo decía ahora, no hay democracias sin autoridades electorales independientes y es lo que tenemos que reclamar, como ocurre en la gran mayoría de países de la región. Y a eso es a lo que tenemos que convocarnos todos. La Registraduría está dispuesta que para el proceso de 2026 participen todas las entidades que quieran y nos acompañen, públicas y privadas, organizaciones políticas y observadores internacionales, entidades del gobierno. Es crear lo espacios para que se se enteren de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Estamos abiertos a toda esa información. No tiene por qué haber ninguna duda frente al proceso, pero lo que hay que hacer es informarse. En Colombia pareciera que muchos no conocen cómo se lleva a cabo el proceso electoral, ni conocen las etapas del proceso electoral.

Una de las observaciones que incluso ha hecho la MOE es la necesidad de mejores auditorías. ¿Qué se ha pensado en este aspecto, sobre todo como forma de acabar con el fantasma del fraude al Mira, que ha sido usado por el propio gobierno para dudar del proceso electoral?

En la sentencia del Mira, el Consejo de Estado ordenó adquirir un software de escrutinio. Ese software de escrutinio lo adquirió la administración pasada de la Registraduría. Se puso a disposición del Consejo Nacional Electoral y con este se llevó a cabo los escrutinios de Congreso y de Presidencia de la República pasada. En cuanto al tema de auditoría, las vamos a dividir en dos. Por un lado, toda la observación internacional. Por primera vez, nos hemos reunido con ellos con antelación. Hace cuatro meses nos vimos con todos ellos aquí: la OEA, el Instituto Carter, Capel y otros. Todos ellos estuvieron aquí con nosotros preparando el proceso del 2026 y revisando las recomendaciones que se han dado en las elecciones pasadas. Por otro lado, la Registraduría va a suscribir convenios y va a adquirir servicios para hacer auditoría al proceso electoral en general y auditoría a los procesos informáticos en particular. Esas auditorías se van a adquirir con el suficiente tiempo para que vayan presentándole informes a la sociedad colombiana y a la misma registraduría, porque nos es útil para hacer los ajustes que sean del caso.

¿Por qué alguien querría jugar con fuego, como usted dice, al poner en sobre el proceso electoral en Colombia? ¿A quién le sirve eso?

Yo no sabría decir a quién le sirve. Lo que sí sé decir es que eso no le sirve a la nación. Eso no le sirve a los colombianos y a la democracia. Eso es lo que sí sé decir. Eso puede dar lugar a que en el futuro los ciudadanos cada vez más duden de la democracia. Los últimos datos globales sobre democracia y los de Colombia ilustran ese peligro. En el país, casi el 20% de los colombianos creen que pudiera ser mejor un régimen autoritario y más del 70% de los colombianos sienten que la democracia no les resuelve sus necesidades básicas. Entonces, lo que hay que decir es que la salud de la democracia cada vez se deteriora más. Y nos hemos dado cuenta que eso puede ser muy funesto para el futuro de un país como el nuestro. Todas estas acciones alimentan esa sensación negativa de muchos colombianos con la democracia. Y eso para mí sí es muy preocupante de cara al futuro de un país como el nuestro.

¿Usted qué piensa cuando el presidente de la República dice que el sistema electoral de un régimen autoritario como el que hay en Venezuela es más transparente que el colombiano?

De ninguna manera el sistema electoral venezolano es mejor en su diseño al colombiano, y es por varias razones. La primera, porque como han podido ver, no hay posibilidad de acceso al documento más importante que es las actas electorales. La segunda, porque la forma de elección de los magistrados del Consejo Electoral en el vecino país genera ciertas dudas. Y la tercera, porque el voto electrónico en Venezuela no tiene una auditoría eficiente. Esos tres elementos son determinantes si queremos un sistema electoral transparente.

JHON TORRES Y JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política