La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos informó que el costo unitario del kilovatio hora ha registrado un nuevo aumento. En febrero, la tarifa era de $907,22, mientras que en marzo ascendió a $943,46.
Este incremento coincide con la salida de Edwin Palma Egea como agente interventor especial de AIR-E, tras su designación por el presidente Gustavo Petro como ministro de Minas y Energía. Según la Liga de Usuarios, la empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha implementado esta nueva tarifa plena, lo que genera inquietud en la región.
Ante esta situación, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en el Caribe, instó al Gobierno nacional a designar cuanto antes un nuevo agente interventor para AIR-E. Señaló que esta figura es clave para mejorar la prestación del servicio y gestionar eficientemente la recuperación de cartera de la empresa.
Es fundamental que el nuevo interventor tenga claridad sobre la ruta a seguir y que garantice el cumplimiento del mandato del Tribunal Administrativo del Atlántico de eliminar el régimen especial tarifario que afecta a los habitantes de la Costa Caribe

Norman AlarcónCoordinador de la Liga Nacional de Usuarios en el Caribe
Sectores gremiales se suman al llamado
La Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) también se sumó a las alertas sobre el aumento tarifario. Carlos Cárdenas, presidente de la seccional de ACIEM, explicó que el alza responde a factores estructurales como la Opción Tarifaria, las pérdidas y los costos de comercialización, los cuales duplican los valores de otras regiones del país.
"Uno de los problemas es que la comercialización de AIR-E supera los 200 pesos, lo que en algunos casos duplica los costos de otros operadores. En generación, sin embargo, el comportamiento tarifario es similar a nivel nacional", afirmó Cárdenas.
El experto también advirtió que la reciente decisión del Gobierno de redistribuir en 10 años el pago de más de 300 mil millones de pesos de la Opción Tarifaria seguirá afectando las facturas mensuales. Según Cárdenas, esta medida implica que los usuarios están asumiendo costos adicionales sin haber sido consultados.
Finalmente, Cárdenas manifestó su preocupación por la falta de un agente interventor en AIR-E y criticó que la crisis energética en la región se utilice con fines políticos.
Es una señal negativa. Parece que la problemática de la Costa Caribe se está usando como plataforma para intereses personales, en lugar de centrarse en una solución real para los más de 11 millones de habitantes afectados

Carlos Cárdenaspresidente de la seccional de ACIEM
Impacto en los usuarios y la región
Edwin Palma, exinterventor de Air-e y Yanod Márquez, superintendente de servicios públicos. Foto:Archivo particular
El aumento de tarifas de energía eléctrica en la región Caribe ha generado descontento en los usuarios, quienes han visto un incremento constante en sus facturas en los últimos meses. Líderes comunitarios han expresado su preocupación ante la falta de soluciones estructurales para la crisis energética, que sigue golpeando a hogares y comercios en la región.
Por su parte, empresarios de pequeñas y medianas empresas señalan que el aumento en el costo de la electricidad está afectando la viabilidad de muchos negocios locales. Asimismo, organizaciones de defensa del consumidor han reiterado su llamado a una mayor transparencia en la fijación de tarifas.
Es preocupante que los usuarios sigan pagando una deuda sin claridad sobre el tiempo real que tomará saldarla. El Gobierno debe garantizar que estas medidas no sigan afectando el bolsillo de los ciudadanos
María Fernanda OspinoVocera de la Asociación de Consumidores de Servicios Públicos
Medidas y soluciones propuestas
Barranquilla, Colombia. Foto Vanexa Romero/El Tiempo. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Diversos sectores han propuesto soluciones para mitigar el impacto del aumento tarifario. Entre ellas, se encuentra la revisión de la Opción Tarifaria, un mecanismo que ha incrementado la deuda del servicio de energía en la región. También se ha sugerido la implementación de subsidios específicos para las poblaciones más vulnerables y la optimización de la gestión de AIR-E para reducir costos innecesarios.
Por su parte, algunos congresistas han planteado la posibilidad de reformar el marco normativo del sector eléctrico, con el fin de garantizar un esquema tarifario más equitativo para el Caribe.
"Es inaceptable que los ciudadanos de esta región sigan pagando más que en otras zonas del país. Es necesario establecer un modelo de costos que realmente refleje la realidad del mercado energético y proteja a los usuarios", expresó el senador Alejandro Restrepo.
Mientras se definen soluciones, la incertidumbre sigue creciendo entre los habitantes de la región Caribe, quienes esperan acciones concretas del Gobierno para frenar el constante aumento en las tarifas de energía y garantizar un servicio más eficiente y justo.