Ante la ola de violencia que azota el puerto de Buenaventura durante los primeros días del año, crisis que en la última semana deja al menos cinco muertos –11 en 2025–, la delegación del Gobierno en el espacio socio-jurídico les pidió, a través de un comunicado, a Shottas y Espartanos honrar los compromisos de desescalamiento pactados en el marco de la tregua firmada en octubre de 2022. En el pronunciamiento, les piden a las autoridades proteger a la población civil y dar con los responsables de la violencia.
“Los espacios de diálogo para la paz no eximen a las instituciones del Estado del orden Nacional, Departamental y Municipal o Distrital de su responsabilidad constitucional de velar por la garantía de la seguridad de la población civil y perseguir a la delincuencia”, afirman en el comunicado.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura. Foto:Fabio Augusto Gallo
La crítica situación que vive el puerto en este inicio de año fue denunciada el pasado martes por monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, quien, en representación de los facilitadores del proceso de diálogo instalado en esa ciudad el 18 de julio de 2023, pidió el cese de la violencia y mayor compromiso al Gobierno para atender la crisis.
“Hago un llamado muy fraternal a las estructuras de Shottas y Espartanos para que retomen el camino del diálogo y reafirmen su verdadero compromiso por la paz en Buenaventura. Nos solidarizamos con las familias de quienes han sido víctimas de la violencia de los últimos días. También solicitamos a las autoridades compromiso para garantizar la seguridad y puedan permitir que nuestros ciudadanos podamos disfrutar de condiciones dignas en nuestro distrito”, manifestó monseñor.
El espacio de conversación sociojurídica se instaló en julio del 2023. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Cabe mencionar que la tregua entre Shottas y Espartanos, las dos estructuras armadas ilegales que luchan por el control del puerto y que hoy cuentan con más de 1.700 jóvenes en sus filas, tiene vigencia hasta febrero de 2025.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con datos del Grupo Información de Criminalidad (GICRI) de la Policía Nacional, este cese de hostilidades permitió una reducción de los homicidios del 32 por ciento si se tienen en cuenta los 579 días previos a la tregua y los 579 días posteriores.
En el primer periodo analizado, que va desde el 26 de febrero de 2021 hasta el 28 de septiembre de 2022, se registraron 260 asesinatos, mientras que en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2022 y el 30 de abril de 2024, ocurrieron 178 casos. Sin embargo, esta tregua no ha evitado que se presenten picos de violencia como el que se vive hoy en el puerto.
“Condenamos estos crímenes que no pueden quedar en la impunidad e instamos a las autoridades competentes a garantizar los derechos, la libertad y la vida de nuestras comunidades de Buenaventura”, añadió la delegación de Gobierno, la cual es liderada hoy por Fabio Cardozo.
En el pronunciamiento, los voceros del Ejecutivo reiteran su compromiso de avanzar en la estrategia de paz promovida en este espacio de conversación y de hacerlo con la participación de las comunidades de Buenaventura.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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