Un proyecto de ley sobre seguridad digital que había pasado desapercibido prendió las alarmas en las últimas horas después de que miembros de la oposición denunciaron que se estaría abriendo la puerta para sacar del aire las redes sociales y medios de comunicación.
Conforme a los criterios de
Uno de los primeros en prender enviar una alerta fue el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien cuestionó los alcances del proyecto presentado por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y que ya fue aprobado en su primer debate en Cámara.
"¿Qué es lo que pretende hacer el Gobierno Nacional contra los medios y la libertad de expresión digital en Colombia? Hoy con un “mico” altamente nocivo para el país, el Gobierno Petro quiere que el Congreso apruebe el proyecto de ley 023 de 2023, con el cual se crea la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y se le dan funciones excesivas", señaló el parlamentario uribista.
Uscátegui señaló que la irregularidad estaría en el artículo 8, el cual señala que "los actos unilaterales que realice la Agencia para el desarrollo de sus actividades, son actos administrativos y estarán sujetos a las disposiciones del derecho público. Los contratos que deba celebrar la Agencia se regirán, por regla general, por las normas de contratación pública. Excepcionalmente, respecto de los contratos que se tengan que realizar para el desarrollo del objeto misional de la Agencia, dicha contratación se regirá por el entendimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos e incidentes de seguridad incidentes de seguridad digital, ciberseguridad y protección de datos de la información que soportan operación del Estado".
Pero la principal alerta está en el punto 14 del proyecto que ya tiene ponencia para segundo debate: "En el marco de un Puesto de Mando Unificado (PMU) o un Comité de Crisis, Ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía, en coordinación con el Ministerio de Defensa".
La alerta de Uscátegui abrió todo un debate, pues mientras que algunos argumentan que se estaría violando la libertad de expresión, por ejemplo, los defensores de la iniciativa señalan que ante las amenazas que hay en internet, se deben de tener protocolos claros ante un ciberataque.
De hecho, esa fue la defensa que hizo el ministro Lizcano al proyecto. "El Gobierno Nacional no quiere, ni está pensando en tener facultades para interferir o cerrar las redes sociales, ni de comunicación privada de los colombianos".
Lizcano argumentó que la iniciativa busca crear una agencia nacional para la ciberseguridad, pues el año anterior Colombia recibió 20 mil millones de ataques cibernéticos, "por eso en un mundo digital la ciberseguridad es fundamental para el desarrollo y es una de las prioridades del gobierno".
Y aclaró que el artículo que causa ruido solo se aplicará cuando sucedan tres condiciones al mismo tiempo: se afecte la soberanía nacional, el ecosistema digital y se afecte gravemente la economía.
"Esta facultad no sería del presidente ni mía, sería de un comité de emergencia donde concurren muchas personas, esto es un mecanismo muy normal en el mundo conocido como switch off. Sin embargo, estamos abiertos a concertar con la oposición y con el representante Uscátegui, como lo hicimos en la ley de datos para buscar una redacción que deje tranquilo al congreso y al país", remató Lizcano.
El ponente del proyecto, el conservador Ciro Rodríguez, hizo un llamado para que el país esté preparado ante los ataques digitales e hizo énfasis en que las decisiones solo se tomarán en el marco del Puesto de Mando Unificado.
"Si no fortalecemos nuestras capacidades institucionales y no nos preparamos adecuadamente, corremos el riesgo de convertirnos en un país altamente vulnerable. El proyecto habla es de un Puesto de Mando Unificado, de un momento de crisis. Es fundamental crear una agencia de seguridad digital que nos aumente las capacidades para estar preparados para cualquier riesgo".
Se espera que en las próximas semanas, cuando la plenaria de la Cámara termine la discusión de la reforma laboral, el proyecto sea agendado para su segundo debate.
MATEO GARCÍA
Subeditor Política