Fiscalía revela pruebas clave en escándalo de robo de tierras en Soledad: presunta red judicial bajo la lupa

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Con nuevas pruebas contundentes, entre ellas más interceptaciones telefónicas, videos de seguridad, inspecciones documentales y seguimientos en terreno, la Fiscalía Octava Delegada ante la Dirección Especializada contra la Corrupción continuó este viernes 9 de mayo con la exposición del presunto entramado criminal detrás del robo masivo de tierras en el municipio de Soledad, Atlántico.

El escenario fue nuevamente una audiencia virtual ante un juez de control de garantías, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento contra 17 personas procesadas por su supuesta participación en estos hechos.

La jornada se desarrolló en el segundo día consecutivo de audiencias, y sirvió para que el ente investigador ampliara su teoría del caso, según la cual se tejió una compleja red que incluía funcionarios públicos, abogados, notarios, tramitadores, supuestos poseedores ilegales de predios e, incluso, servidores de la Rama Judicial.

Fiscalía evidencias del caso

Capturados implicados en el robo de tierras

Uno de los nuevos elementos revelados fue un seguimiento en terreno, respaldado por imágenes de cámaras de seguridad del centro comercial Parque Alegra, en Barranquilla.

En el video, fechado el 21 de febrero de 2025, se observa al abogado Alex Ahumada abordando un vehículo en el parqueadero del lugar. De acuerdo con la Fiscalía, el automóvil era conducido por Andrés Rafael Diazgranados, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Soledad.

La Fiscalía sostiene que, en ese encuentro, "Ahumada habría entregado una suma de dinero a Diazgranados, con el fin de asegurar un concepto jurídico favorable para la adjudicación irregular de un predio perteneciente a la constructora Marval al presunto poseedor ilegal Wilmar Machuca. Este episodio sería, según la acusación, parte de una cadena de sobornos para facilitar el despojo de tierras en la región".

Además, se mencionó a Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad, quien habría continuado emitiendo amparos policivos a favor de terceros para facilitar la toma de terrenos, pese a no ejercer ya el cargo. Según la Fiscalía, Cantillo no solo expedía documentos presuntamente irregulares sino que también obtenía beneficios personales del tráfico ilegal de predios.

Presunta red judicial bajo la lupa

Uno de los puntos más delicados de la audiencia fue la revelación de posibles vínculos de la red criminal con funcionarios de la Rama Judicial. La Fiscalía indicó que algunos jueces, fiscales e incluso investigadores habrían facilitado el acceso a información confidencial sobre los procesos, para alertar a los implicados o interferir en las diligencias.

Según la fiscal del caso, "se compulsaron copias ante los entes de control contra varios servidores de la Seccional Atlántico de la Fiscalía que, valiéndose de sus credenciales, revisaban los expedientes de manera interna con fines presuntamente ilícitos".

“Hay una investigación del carajo”, citó la fiscal al leer una conversación interceptada entre dos personas relacionadas con el caso, en la que se referían a los avances de las pesquisas internas.

“El objetivo de esta audiencia es que no se repitan estos hechos de corrupción en Soledad. Hay intereses privados que buscan quedarse con predios que no les pertenecen y es necesario frenar esta práctica estructural”, agregó la fiscal durante su intervención.

Los implicados en el caso de robo de tierras

La lista de implicados en este proceso incluye a varios exfuncionarios de oficinas claves. Entre ellos se encuentran:

Marlon Mora Montesino, inspector de Policía de Soledad.
Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos.
José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Registro.
Iván Carlos Páez Redondo, actual registrador de la misma entidad.
David De Castro Macías, también exregistrador.

Asimismo, el expediente penal vincula:

Ismael Cárcamo e Inés Aminta Salas Palencia, señalados como supuestos agentes corruptores.
José Márquez Monterrosa, abogado.
Francisco Mejía, notario de Santo Tomás.
Luis Martínez, tramitador de documentos.
Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado.
Wilmar Machuca y Luis Peñaloza Rojas, identificados como poseedores irregulares.
Roque José Lugo, señalado como presunto testigo falso.

Cabe recordar que este proceso también involucra a la notaria segunda, Ana Dolores Meza Caballero, quien fue detenida e imputada días atrás y actualmente permanece con detención domiciliaria tras decisión del Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

La diligencia culminó con el anuncio del juez de que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se reanudará el próximo lunes 12 de mayo, a las 8:00 a. m., para escuchar a los representantes de las víctimas. Se espera que ese día se definan nuevas decisiones clave en este caso que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción territorial más grandes del Caribe colombiano.