Las 5 claves para entender las nuevas leyes firmadas por Trump que afectan a migrantes

Estas denominadas “ciudades santuario” podrían enfrentar todas las medidas legales posibles, incluyendo la retención de fondos federales, demandas judiciales e incluso acciones contra funcionarios locales. El mensaje es claro: el gobierno exige alineación total en la política de deportaciones.

Refuerzo del poder policial con respaldo legal y militar como segundo punto

De acuerdo con New York Times, otra orden ejecutiva brinda protección legal a policías acusados de abuso de autoridad, especialmente aquellos implicados en operativos migratorios.

La Casa Blanca busca además revisar los límites impuestos por decretos federales sobre el accionar policial y dotar a las fuerzas locales de equipo militar excedente, reactivando una política suspendida anteriormente. La administración plantea que muchos gobiernos locales están interfiriendo ilegalmente con el trabajo de las fuerzas del orden, y promete actuar contra ellos.

En un aparente intento por vincular migración con seguridad vial, una de las nuevas órdenes establece que todo conductor profesional de camiones debe hablar y leer inglés de forma fluida. 

El Departamento de Transporte deberá retirar del servicio a quienes no cumplan con esta norma, argumentando que se trata de un “requisito de seguridad no negociable”. Esta medida impacta especialmente a migrantes que trabajan en transporte interestatal.

Trump también ordenó a las agencias federales suspender el reconocimiento de leyes estatales que otorgan matrícula universitaria estatal a inmigrantes indocumentados, incluso si residieron durante años en esos estados. 

Esta decisión podría dejar a miles de jóvenes fuera de la educación superior, especialmente a los beneficiarios del programa DACA, en caso de que sus estados acaten la medida.

A partir de ahora, todo migrante indocumentado mayor de 14 años deberá registrarse y proporcionar sus huellas dactilares al gobierno federal, según confirmó el zar fronterizo Tom Homan.

Esta nueva exigencia podría utilizarse como base para procesos penales si se detecta incumplimiento. Aunque la medida fue presentada como una herramienta de seguridad, organizaciones defensoras de derechos civiles denuncian que apunta a generar temor y facilitar detenciones masivas.