Este es el plan de la delegación de paz del Gobierno para frenar deforestación en la Amazonía

El pasado fin de semana, en el marco de un encuentro convocado por la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y el Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes -disidencias de Calarcá-, llevado a cabo en San Vicente del Caguán, más de 200 representantes de asociaciones campesinas, cabildos indígenas, autoridades locales discutieron con delegados del Ejecutivo sobre acciones concretas para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y garantizar el desarrollo sostenible en Caquetá y Meta.

Aunque no hubo acuerdo para trazar un plan que congregue a las comunidades y al Gobierno -El Espectador reveló que de hecho se vivieron momentos de tensión-, la delegación de paz entregó una propuesta con 19 puntos que, según indicaron, son “base para una acción concertada”

“Atendiendo a las propuestas entregadas por las asociaciones y cabildos, la delegación del Gobierno entregó un documento que no solo las incorpora, sino que introduce nuevos elementos para responder a las necesidades de las comunidades y a las políticas de defensa de los Parques Naturales y zonas de especial protección ambiental”, indicaron desde la mesa en un comunicado de prensa.

En primer lugar, se impulsará un proceso de ordenamiento territorial y zonificación ambiental que incorpore prácticas de manejo forestal sostenible. Este esfuerzo sería liderado por una Comisión Técnica integrada por entidades competentes y representantes comunitarios. Paralelamente, se fortalecerían las Zonas de Reserva Campesina existentes, con la participación activa de las comunidades que lideran estos procesos en zonas como Pato-Balsillas, Losada-Guayabero, Güejar-Cafre y Guaviare.

En cuanto a las necesidades básicas de las comunidades, se priorizaría la seguridad y soberanía alimentaria mediante proyectos sostenibles como la porcicultura, piscicultura y viveros de especies nativas. También se fomentaría la creación de redes de abonos orgánicos y bancos de semillas, junto con la instalación de sistemas de energía renovable, como paneles solares, en áreas rurales.

“Se considera de importancia estratégica encaminar las acciones inmediatas y las de mediano y largo plazo al manejo forestal sostenible y conservación de la biodiversidad. Esto incluye el freno de la deforestación, la no expansión de las áreas de ganadería en las zonas ambientales protegidas, la reconversión de economías incompatibles con el cuidado de los ecosistemas”, dice en el cuarto punto del acuerdo.

Las comunidades y el gobierno también trabajarían en conjunto con el Ministerio de Ambiente para dialogar sobre un plan nacional de control de la deforestación y estabilización de la frontera agrícola. Asimismo, se buscaría el apoyo de la cooperación internacional para financiar proyectos piloto para fortalecer a las Juntas de Acción Comunal.

En términos de infraestructura, se promovería proyectos para mejorar escuelas, centros de salud y sistemas de energía solar en zonas de amortiguamiento ambiental. Para ello, la Agencia Nacional de Tierras facilitará la adjudicación de predios destinados a infraestructura pública.

Por otra parte, el gobierno promete revisar casos de judicialización relacionados con operativos ambientales pasados, como el Plan Artemisa, y pedirá la declaración de emergencia climática en el arco amazónico para prevenir incendios forestales y mitigar sus efectos. Este plan incluirá la capacitación y dotación de equipos a las comunidades para que actúen como primeros respondientes ante desastres.

Según la delegación de Gobierno, todas las propuestas entregadas en la instalación del encuentro fueron incorporadas; sin embargo, no se aceptó la moción sustentada por la organización COSCOPAS de crear un fondo de 950.000 millones de pesos para el desarrollo de planes en cuatro zonas de los parques de La Macarena, Tinigua, Picachos y Chiribiquete y áreas aledañas.

El compromiso colectivo incluiría la contención de la tala y quema de bosques, con el respaldo del liderazgo comunitario. Cabe mencionar que la semana pasada Alexander Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá Córdoba’ aseguró que “prohibirá la tala de bosques en la Amazonía” en una entrevista concedida a El Espectador.

Esta organización armada, según un informe de Crisis Group, juego un rol protagónico en la deforestación en la Amazonía pues no solo talan bosques enteros para ejercer control territorial, sino que cobran impuestos a campesinos y terratenientes para convertir estas zonas del país en terrenos para la ganadería.

“La delegación del gobierno a la Mesa de Diálogos de Paz, saludó, en cambio, el anuncio hecho por Calarcá Córdoba, que se declara partidario de prohibir la tala del bosque. Esta posición sirve de base para precisar medidas y para darle contenidos detallados al plan nacional de control a la deforestación y estabilización de la frontera agrícola, incluyendo planes sustentables por la vida en el territorio”, se lee en el comunicado.

En 2023, según el IDEAM, Colombia perdió 79.256 hectáreas de bosque a causa de la deforestación, de las cuales el 56 % se concentraron en la región amazónica. El departamento más afectado fue Caquetá, con 12.647 hectáreas deforestadas, seguido por Guaviare (11.467 hectáreas), Putumayo (10.852 hectáreas) y Meta (10.310 hectáreas).

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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