Estas son las maniobras ocultas que usa el ICE para rastrear y expulsar migrantes

De acuerdo con la organización ACLU, a través de acuerdos con empresas privadas como Appriss Solutions y plataformas como LexisNexis Accurint Virtual Crime Center, la entidad desarrolló mecanismos ocultos que le permiten obtener información sensible sin necesidad de colaboración directa con autoridades locales.

Estas maniobras se basan principalmente en el acceso indirecto a bases de datos que contienen información actualizada sobre registros de detención, tiempos de liberación y otros datos judiciales. 

Aunque las leyes estatales, como las de Colorado, prohíben explícitamente que empleados públicos compartan estos datos con ICE, los contratos privados permiten que se subvierta la voluntad legislativa.

Así, sin orden judicial ni causa penal, ICE puede rastrear y deportar a personas valiéndose de sistemas diseñados para otros fines.

Plataformas de datos como la nueva cara de la vigilancia migratoria

La empresa LexisNexis, ampliamente conocida por su papel en el análisis legal y periodístico, diversificó su alcance hacia la vigilancia policial. 

Su plataforma Accurint Virtual Crime Center se alimenta de más de 10.000 fuentes, muchas de ellas provenientes de registros públicos y de agencias del orden en todo el país. Esta herramienta, vendida como una forma de proporcionar una "visión integral de la identidad", está disponible para entidades suscriptoras, incluido ICE.

Al adquirir acceso a Accurint mediante Appriss Solutions, ICE puede monitorear en tiempo real a personas fichadas en cárceles estatales o locales, incluso cuando esas jurisdicciones prohíben explícitamente compartir esa información con el gobierno federal. 

En la práctica, esto convierte a las empresas de tecnología de datos en intermediarios ilegales de vigilancia migratoria.

Más alarmante aún es que algunos departamentos del sheriff están formalmente involucrados con estas plataformas. En Colorado, 87 agencias policiales participan en este sistema, lo que significa que la mayoría de las detenciones dentro del estado terminan documentadas en bases de datos accesibles para ICE.

En algunos casos, como el del condado de Denver, funcionarios policiales incluso forman parte del directorio de estas plataformas tecnológicas, lo que sugiere un nivel de cooperación directa que desafía las leyes estatales.

El uso encubierto de estas tecnologías también perpetúa el miedo en las comunidades inmigrantes. Personas que necesitan acudir a los tribunales, cumplir con citas de libertad condicional o incluso llamar a emergencias, temen hacerlo por el riesgo de ser identificadas por ICE.