‘Esta delegación nunca pedirá que dejen de perseguir a quienes cometen delitos, pero hay que hacer algo más’: Isabel Zuleta sobre acuerdo con bandas en Medellín

La semana pasada, los voceros de 12 estructuras del crimen organizado de Medellín firmaron cinco compromisos con el Gobierno para el desescalamiento de las violencias, incluido el cese de las extorsiones en 25 barrios a partir del 19 de diciembre y hasta el 19 de enero. El documento fue firmado en el marco del espacio de conversación sociojurídico que el Ejecutivo adelanta en 10 municipios de Antioquia y en la presencia del comisionado Otty Patiño y de la senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de la delegación del Ejecutivo en ese proceso, quien en conversación con EL TIEMPO habló con EL TIEMPO sobre cómo será el seguimiento de los acuerdos, el rol que podría tener el excapo alias Don Berna y acerca de la postura del alcalde Federico Gutiérrez frente a este proceso.

El proceso estaba quieto desde hace varios meses y a menos de dos años para que el Gobierno culmine no hay certeza sobre la situación jurídica de cara al sometimiento, ¿por qué insistir?

Después del encuentro me quedé con la sensación de que los esfuerzos de paz son necesarios. Sé que son complejos, que tienen un escenario difícil porque realmente la posibilidad de beneficios con personas privadas de la libertad, con personas condenadas en su mayoría, está basada más en su voluntad por el rol que ejercen y por la incidencia que pueden ejercer en los activos, pero creo que vale la pena. Este proceso es diferente de otros porque no estamos hablando con personas que están activas, ese paso apenas lo vamos a dar. Nosotros hemos esperado, yo he sido muy prudente como coordinadora de la delegación, y he dicho que no es el momento todavía de hablar con quienes están activos en el crimen en las diferentes estructuras, sino que debemos hablar primero con personas representativas.

Frenar la extorsión en Medellín por un mes, pero buscamos que sea un acuerdo definitivo. Estamos ante un proceso inédito. Los procesos de paz de las bandas que implican recuperación del territorio

Gustavo petroPresidente de Colombia

Durante el encuentro también se habló de incluir a alias Don Berna, ¿qué puede aportar alguien que no conoce y no vive las dinámicas actuales del crimen en Medellín?

El tema de Don Berna ha sido un proceso difícil porque la comunicación con Estados Unidos es compleja y para eso se necesita por supuesto la voluntad de ese gobierno. Se dio un paso importante por parte del presidente Gustavo Petro al nombrarlo gestor y creemos que su participación en espacio de Medellín es importante por el rol que ha tenido en la historia de Medellín y en la historia de las violencias urbanas en la ciudad. Lo primero que hay que tener claro es que esto es un ejercicio de voluntad, de capacidad de incidencia y Don Berna ha tenido un rol crucial en la historia de la violencia en la ciudad.

Uno percibe que en general hay mucha desconfianza en los procesos de paz, ¿qué les dijeron las personas durante el encuentro?

Una de las cosas más dolorosas, pero al mismo tiempo más gratificante, es esa mezcla entre el dolor de lo que hemos tenido que vivir, pero también de lo que somos capaces de hacer. Tuvimos un conversatorio después de la rueda de prensa con la sociedad civil en donde pudieron preguntar todo lo que quisieron a los voceros de las estructuras, al comisionado Otty Patiño, a mí como coordinadora y a todos los delegados del Gobierno. Fue un espacio realmente doloroso, pero gratificante en el sentido de que la ciudadanía está preparada para este diálogo improbable. Hicieron preguntas muy dolorosas y complejas en relación incluso a la muerte de líderes sociales y comunitarios en Medellín. Las respuestas también fueron muy dolorosas, pero me quedó esa sensación de que hay una ciudadanía preparada para escuchar lo que estas personas quieren decir.

¿Se pondrá fin a las denominadas ‘fronteras invisibles’?

Yo entiendo la magnitud del delito de extorsión y la gravedad de este, la magnitud de lo que significa todo el tema de drogas, pero yo quedé absolutamente conmovida con lo que significa para la vida cotidiana de las personas las fronteras invisibles. Es un tema muy grave que interrumpe los lazos sociales. Un presidente de Junta Acción Comunal nos decía que por primera vez estaba conociendo a sus vecinos del otro barrio y a mí eso me conmovió. A veces quien no vive ese flagelo no entiende lo que significa para la vida cotidiana el vivir confinado en sus propias ciudades. En el documento que firmamos se expresó en su parte inicial, y ellos así lo manifestaron, la eliminación de esas fronteras invisibles.

Ustedes están conversando con jefes criminales que están en las cárceles y uno ve que hay muchos compromisos implican que estas estructuras corten sus fuentes ilegales de financiamiento, ¿qué nivel de incidencia tienen realmente estas personas sobre los que están en las calles?

Nosotros teníamos la misma pregunta, sobre todo yo, porque si bien he hecho estudios sobre el crimen organizado, no había participado de un proceso de estos y menos uno en donde las cárceles en Medellín fueran cruciales. Acá hemos tenido experiencias equivocadas en donde simplemente les pusieron, lo expresaba uno de ellos, el brazalete a unos muchachos, se olvidaron de ellos y los mandaron a las cárceles y nadie cumplió, entonces hay unas experiencias nefastas que dejan en la memoria colectiva el rechazo hacia los procesos de paz. Ahora la pregunta es qué herramientas tiene el estado para que ellos nos cumplan, cómo hacemos para que nos ayuden realmente y cómo hacemos para hacer ese seguimiento. El primer piloto realmente se dio con los conatos de guerra que se vivieron en Manrique y Robledo el año pasado y que dejaron varios muertos. Eso se frenó a través de la incidencia de los voceros de las bandas. Nosotros, mediante una resolución que autorizaba una comunicación formal, autorizamos un espacio para que pudiera haber esa incidencia, todo en el marco de la ley. A la pregunta que tiene la ciudad y la sociedad en general, sobre las capacidades de incidencia, nosotros podemos decir como delegación que sí existe. Los que le hacen seguimiento a este tema saben que estamos hablando de barrios en donde hay incidencia de estructuras distintas, porque esto no es un proceso con ‘La Terraza’, con la Oficina de Envigado o con los Triana; esto es un proceso con 12 macroestructuras. Este es el primer documento de compromiso que firmamos en este proceso, es decir, llevamos un año y medio exactamente y por eso es un hito. Nosotros, como delegación, no habíamos dado este paso precisamente por la dificultad de hacer seguimiento y por las dudas sobre su capacidad de incidencia.

Pero estás también operan fuera de las fronteras del Valle de Aburrá, ¿qué alcance tiene este primer acuerdo?

Evidentemente, los esfuerzos se han concentrado en Medellín y eso es notorio en las cifras. Tenemos tasas de homicidio en Medellín muy inferiores a las que tenemos en el resto del Valle de la Aburrá, sobre todo hacia el sur. Hacia el norte sí tenemos tasas muy superiores a las que se están registrando en Medellín y entonces la preocupación o la pregunta es qué vamos a hacer por Girardota o Copacabana, que son los municipios por donde se sale hacia el Magdalena Medio y hacia el Bajo Cauca antioqueño. Si uno revisa, las mayores tasas de analfabetismo y pobreza están hacia el norte, así que también hay que hacer un esfuerzo en ese sentido para alivianar las cargas de violencia que tienen en ese sector.

El compromiso sobre cesar la extorsión aplica apenas en 25 barrios, ¿ve factible que se expanda a toda la región?

Por supuesto, ese es nuestro objetivo, que se extienda, saber si funciona bien en esta manera de geolocalizar o si deberíamos apostar por un acuerdo generalizado. En la estructura de los cinco compromisos tenemos dos específicamente localizados y tres que aplican en toda la ciudad. Me dijeron el día de la firma del compromiso que esos 25 barrios eran muy poquitos y yo les decía: ¿A cuánto equivalen en población? 25 barrios en este caso pueden representar más de 200.000 personas, pero por supuesto aspiramos a que los cerca de 5 millones de habitantes del Valle de Aburrá se vean beneficiados. Esperamos que el monitoreo salga bien, que encontremos más herramientas además de las que hoy existen. Estamos haciendo una caracterización juiciosa del fenómeno de la extorsión, porque lo que conocemos es muy poco, y queremos profundizar en el tiempo estos compromisos.

¿Cómo va a ser el seguimiento de estos compromisos?

Se conformó un equipo de observación voluntario con organizaciones de la sociedad civil, algunas organizaciones internacionales también se comprometieron a apoyarnos, aunque no pudieron quedar en el documento porque los protocolos para poder estar ahí, por ejemplo, para Naciones Unidas y la Mapp/OEA, son más largos. UNICEF tiene un compromiso que los manifestó de manera certera en acompañarnos en el proceso, pero tiene unos protocolos internos para poder realizar todo el proceso de participación formal. La primera tarea es lograr todo ese marco institucional que necesitábamos para que los organismos internacionales que ya nos han venido acompañando, también nos acompañen en este equipo de seguimiento. Nosotros vamos a hacer una reunión con ellos, cada uno tiene experiencia de maneras distintas en hacer monitoreo, pero esperaríamos concentrarnos primero en el piloto de fin de año para luego ir trazando líneas con los otros compromisos que son más a largo plazo. Por ejemplo, para el compromiso sobre la eliminación del tusi de los entornos escolares, que es el número cuatro, que es muy importante porque es un flagelo que tienen muy preocupado al presidente Gustavo Petro por la manera como degrada al ser humano, vamos a estructurar una metodología para hacer seguimiento a esos compromisos y en la medida de lo posible sacar informes conjuntos.

Sobre el tema de la explotación sexual de menores, ¿qué pueden aportar estas bandas teniendo en cuenta que ellos sostienen que no participan en ese delito?

Vamos a sostener una reunión con la directora del ICBF, yo ya me había reunido con ella para conocer el panorama que ella tiene y hablar sobre este compromiso. Ella me dijo que podía ser muy valiosa la información que los voceros de las bandas tienen porque si bien dicen no participar en este flagelo, si saben cómo funciona. A ella le interesa tener ese conocimiento del territorio para poder abordar esta problemática. Los reportes que se tienen son aterradores, la directora lo que me decía es que muchas niñas las ha tenido que sacar de Medellín por la situación que se ha venido presentando. Está creciendo el rechazo de la ciudadanía y esto puede convertirse en un fenómeno también de rechazo a los extranjeros o de xenofobia, que a nosotros también nos preocupa mucho. He buscado hablar con él con el director de Migración porque si no se aborda este fenómeno se va a quedar la idea generalizada de que todos los extranjeros llegan a Medellín vienen a consumir drogas y a maltratar a nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Se ha reunido con el alcalde Federico Gutiérrez y con el gobernador Andrés Julián Rendón para hablar de estos compromisos?

Desde el principio el Alto Comisionado ha buscado reunirse con el alcalde Federico Gutiérrez. Cuando él fue electo tuvieron una reunión al respecto y han tenido algún diálogo, no muy en favor del proceso, hay que decirlo, pero nosotros hemos sido muy respetuosos. En estos días lo manifestaba, siempre se los he invitado al espacio para que dejen sus ideas y planteamientos, no tiene que ser únicamente el planteamiento que tiene el Gobierno Nacional. El gobernador también declinó una invitación, pero lo que decimos es que ellos siempre van a tener una silla en este espacio.

Pero ellos ven muy diferente ese asunto a como lo ven ustedes, ¿pueden convivir los dos enfoques sobre la violencia en la ciudad?

Efectivamente, ellos prefieren pensar en los pillos, nosotros preferimos pensar en la ciudadanía. Nosotros sabemos y hemos comprobado que el hecho de que todas estas personas hayan sido capturadas y estén en la cárcel no ha resuelto los problemas. No se resolvió ni siquiera el derecho a la libre movilidad en la ciudad. Por supuesto que hay que capturar a los que delinquen y exigir que respondan por sus delitos, pero no se ha solucionado el problema para la ciudadanía: o nos enfocamos en ellos o nos enfocamos en la ciudadanía. Esta delegación se enfoca en la ciudadanía, no en el que comete el delito. Es un enfoque punitivista, es un enfoque de persecución que nosotros no abandonamos. Como le decía yo al alcalde, nunca esta delegación les ha dicho a las autoridades que dejen de perseguir a quienes cometen delitos, eso no lo vamos a hacer, que actúen en el marco de la ley, por supuesto, pero hay que hacer otras cosas.

¿Qué herramientas jurídicas están analizando para una eventual dejación de armas, ya que aún no existe una ley de sometimiento?

Efectivamente, hay unos vacíos jurídicos que son un reto en el Congreso de la República, que son un reto también para la fiscal (Luz Adriana Camargo) que ha estado articulando de manera decidida con el equipo jurídico del Alto Comisionado. Nosotros creemos que hay salidas jurídicas a través de mecanismos que ya tiene nuestra justicia, pero que sí se necesita una ley de sujeción para estas estructuras del crimen organizado de alto impacto, tal como lo dijo la Corte Constitucional en la revisión que hizo de la ley de ‘Paz Total’. En Medellín se habla de 12.000 personas que hacen parte de las estructuras. Dentro de las 12.000 hay que hacer una caracterización del tipo de delito y sobre el tipo de participación, porque con delitos menores se puede hacer un abordaje distinto en materia judicial. Yo me he reunido con la señora fiscal, ella ha tenido la articulación permanente con la oficina del comisionado consejero, también con nuestra ministra de Justicia (Ángela María Buitrago) y creemos que hay salidas para que transiten hacia al Estado social de derecho. Ellos nos han pedido también, y creo que eso es apenas coherente con la situación que se vive en Medellín y en el Valle de la Aburrá, que los territorios también transiten al Estado social de derechos. Mientras tanto, se trabaja en algunos artículos de la ley 975 (Justicia y Paz) que están ya en curso en el Congreso de la República y que pueden ser usados para las estructuras, pero también otros mecanismos que se están pensando en el equipo jurídico.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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