Escalada del Eln en el Catatumbo agrava la crisis de la ‘paz total’ y lleva al Gobierno a considerar la conmoción interior

Por primera vez en más de tres lustros, un presidente de la República está contemplando la posibilidad de decretar el estado de conmoción interior –el ‘estado de sitio’ modelo Constitución del 91– debido a la grave situación de violencia y poder criminal en una región de Colombia. De esa magnitud es la sangrienta escalada de violencia desatada por el Eln en la zona del Catatumbo en medio de su guerra por el control del narcotráfico contra las disidencias de las Farc.

Una escalada sobre la que puso los ojos el país apenas esta semana, con el indignante crimen de la familia del tanatólogo de Tibú, incluido un bebé de ocho meses, pero que en realidad lleva meses y que solo esta semana cobró al menos 58 vidas, según el último reporte del Puesto de Mando Unificado instalado en la región por las autoridades locales.

Este fin de semana, las autoridades trataban de verificar informaciones sobre la supuesta existencia de otros 39 cadáveres en las hoy desoladas veredas de los municipios de un estratégico corredor que une el Magdalena Medio con la frontera con Venezuela.

“El Eln está cometiendo crímenes de guerra”. Esa afirmación –que en rigor no solo aplica a la actual violencia de ese grupo ilegal, sino que ha sido constante en los dos años largos de la ‘paz total’– le dio pie al presidente Gustavo Petro este viernes para declarar la segunda suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla de ‘Antonio García’ en apenas cuatro meses.

Todo esto, a días de una nueva ronda de contactos (hoy, en ascuas) inicialmente pactada en Venezuela para tratar de reactivar la mesa de paz, que en la práctica no se mueve desde mediados del año pasado a pesar de los reiterados llamados del Gobierno al Eln.

En el Catatumbo, una región históricamente abandonada por el Estado y que es hoy el segundo enclave cocalero más grande del país, con más de 30.000 hectáreas de la hoja, los guerrilleros del Eln recorren los caseríos buscando a sus víctimas: líderes campesinos, firmantes de paz (se cuentan cinco entre las víctimas de esta semana) y, en general, cualquier persona que consideren contraria a sus planes ilegales o cercana a la disidencia del Estado Mayor, que, como los ‘elenos’ tiene asiento en la mesa de la ‘paz total’.

“Llegan con fusiles y golpean en las viviendas buscando a los desmovilizados (...) Hay cuerpos en alto grado de descomposición en varias casas, pero nadie se atreve a recogerlos por temor. Muchas familias están confinadas”, dicen los reportes de los organismos de derechos humanos, mientras que las organizaciones sociales piden una tregua entre los grupos armados.

Y el temor no es injustificado. A Miguel Ángel López, el dueño de la funeraria de Tibú, lo mataron en el carro del negocio junto a su señora, Zulay Durán, y su hijo menor. Otro niño, de apenas 10 años, se salvó milagrosamente. Entró a la larga lista de los huérfanos de la guerra en Colombia. López era un hombre conocido y querido por su comunidad. Y lo que dicen hasta ahora las investigaciones es que lo mataron porque se atrevió a recoger cadáveres que los violentos que mandan en la zona habían ordenado no tocar. Una muestra más del tenebroso poder criminal que impera en varias regiones del país.

La sangrienta confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc —que será denunciada por el canciller Luis Gilberto Murillo el miércoles durante la sesión del Consejo de Seguridad en la que se revisará el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia— fue advertida a finales de 2024 por la Defensoría del Pueblo y hasta por una de las facciones en conflicto: el frente ‘33’ del Estado Mayor. Pero ni en la mesa de paz ni en el campo militar el Estado fue capaz de tomar medidas que impidieran la sangría. “Nadie nos oyó”, le dijo a EL TIEMPO el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

El departamento reportó el año pasado 516 asesinatos, concentrados en el Catatumbo y la capital. Además de los narcocultivos, el control de los laboratorios y de las rutas que llevan la coca colombiana a Venezuela son parte del botín de la guerra. También, las extorsiones y la explotación de los miles de venezolanos que, por centenares, cruzan cada día la frontera.

Lo que nadie preveía era la crueldad con la que actuaría la guerrilla de alias Antonio García, grupo que, como en las épocas más sangrientas del conflicto armado en Colombia, atacó sin ninguna consideración a niños y mujeres de Tibú, El Tarra, Teorama, Hacarí y Convención. En videos difundidos por redes sociales, el país vio los caseríos desolados y caravanas de familias que trataban de huir de sus tierras rumbo a los cascos urbanos y hacia Cúcuta.

Los enfrentamientos le ponen fin a una tregua tácita que, como recuerda el investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, tiene como antecedente la “virtual desaparición del Epl a manos del Eln” tras una serie de choques entre 2018 y 2019.

Según Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno ante las disidencias, el objetivo del Eln es “controlar la frontera”. Una zona donde no se combaten los cultivos ilegales de manera sostenida desde hace más de una década, donde las operaciones de la Fuerza Pública estuvieron fuertemente limitadas por los ceses de fuego de la ‘paz total’ y donde no existe colaboración real de las autoridades venezolanas para combatir el crimen, es el escenario en el que la guerrilla quiere campear sin competencias.

Tampoco hay que olvidar la influencia del dictador Nicolás Maduro en el Eln y el resguardo que tiene allí la guerrilla, una que hoy ya se reconoce como binacional. “Sin que sea algo definitivo, hay condiciones internacionales óptimas para la consolidación de toda clase de ilegalidad y del Eln en la frontera colombo–venezolana por la ruptura del hilo constitucional en Venezuela”, opina Danna Urdaneta, de la Red Amassuru Mujeres en Seguridad de América Latina y el Caribe.

Incluso, hay reportes de que esa guerrilla movilizó tropas desde Arauca para romper el arraigo que podrían tener los hombres en Norte de Santander con la población del Catatumbo. “Es una operación militar que está haciendo el Eln con el propósito de que los combatientes agredan a la población sin ninguna clase de atadura de carácter familiar, sentimental o de conocimiento de a quiénes están secuestrando y masacrando”, señaló el senador Iván Cepeda.

Es justamente este accionar macabro el que propina un duro golpe, uno más, a la negociación, mesa que en la práctica lleva medio año congelada y cuatro meses suspendida tras el ataque en Puerto Jordán que dejó dos militares muertos y otros 25 heridos, entre otras acciones en Bolívar y Chocó. La escalada ocurre además en la misma semana que el comisionado de Paz, Otty Patiño, denunció un plan para asesinar a su hombre de confianza, Álvaro Jiménez, a quien el Eln responsabiliza de la ruptura del frente ‘Comuneros del Sur’ con el comando central. “La paciencia no es eterna ni la generosidad infinita”, dijo Patiño.

A pesar de estos antecedentes, el Gobierno mantiene su postura de no tirar al mar la llave de las negociaciones. Algo que ya ocurrió, coincidentemente, en un enero, el de 2019, cuando el presidente Iván Duque le puso fin a la negociación tras el atentado terrorista contra la Escuela General Santander en Bogotá.

“Al decir que se suspende y no tomar una decisión drástica, deja abierta una puerta en la que pueden transitar principalmente los buenos oficios de la Misión de la ONU, de los garantes y de la iglesia. Si eso no ocurre, veríamos un escenario muy complejo de recrudecimiento de la violencia y un acta de defunción bastante temprana para la ‘paz total’”, señaló Diego Arias, analista de temas de conflicto y paz, quien agregó que la posibilidad de retomar el diálogo hoy depende de la guerrilla.

Difícilmente el gobierno del presidente Petro tomará la decisión de romper la única negociación de la ‘paz total’ que, al menos en el papel, tiene algún avance. Pero, advierte Andrés Ortega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, no se ve cómo el mismo gobierno pueda corregir los errores iniciales del proceso y el exceso de concesiones dadas al Eln, y que hoy tienen al Catatumbo sumido en la violencia.

“Veo muy difícil que se pueda continuar y no veo al Eln queriendo mostrar voluntad de paz. Si el Gobierno lo intenta, va a ser muy difícil y el tiempo le juega en contra, a diferencia del Eln. Para ellos, el tiempo no es una variable que los afecte”, dijo.

Y es que en más de dos años y medio de proceso de negociación han sido pocos, por no decir inexistentes, los gestos de paz del Eln cuando no ha existido tregua –aún en cese, secuestraron al padre de Luis Díaz–.

El gran interrogante que queda en el aire es si el proceso, que tiene hoy más de 28 acuerdos parciales y un punto de la agenda firmado, podrá recuperarse, como ha sucedido en medio de las múltiples crisis, o si el Gobierno hará efectiva la advertencia que hizo el presidente Petro a los ilegales en diciembre del 2024: “El año que viene, o hay paz o hay destrucción de las organizaciones armadas”.

En ese sentido, Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos en Vivamos Humanos, considera que se puede salvar siempre y cuando se cumplan unos mínimos. “Si el Eln no respeta los condicionamientos humanitarios, es decir, no aplica y deja de infringir el DIH, va a ser muy difícil que el proceso tenga salvación, por lo menos no en este gobierno”, señaló Torres, quien en todo caso ve muy difícil reanudar la agenda definida en México durante el segundo ciclo.

Por lo pronto, el Ejército anunció el despliegue de 300 uniformados para consolidar el control del territorio. Además, se realizan operaciones aéreas como parte de la ayuda humanitaria.

CAMILO A. CASTILLO

Redacción Política

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