¿Es la Tasa de Seguridad en Atlántico un cobro injusto ?Air-e cuestiona legalidad

La empresa Air-e,  distribuidora de energía intervenida por el Gobierno Nacional, planteaó serios reparos legales y de conveniencia sobre la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se cobra en el departamento del Atlántico

En una carta dirigida al presidente de la Asamblea Departamental, Edwin Palma Egea, agente especial de la empresa, expresó su preocupación por las implicaciones jurídicas y económicas de este tributo.

La misiva destaca que la Tasa de Seguridad viola múltiples normativas nacionales y sentencias constitucionales, entre ellas las Leyes 1106 de 2006, 1386 de 2010 y 489 de 1998, así como fallos recientes de la Corte Constitucional (C-101-22 y C-363-23). 

Según Palma, dichas normativas no facultan a las entidades territoriales para exigir a terceros, como las empresas comercializadoras de energía, funciones administrativas como la liquidación, facturación y recaudo del tributo.

Además, la Corte Constitucional ha señalado que los tributos incluidos en las facturas de servicios públicos deben tener una relación directa con el servicio ofrecido, algo que no ocurre con la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Impacto en los usuarios vulnerables

Uno de los puntos más críticos es el impacto fiscal desproporcionado que este tributo genera en los usuarios de estratos 1 y 2, quienes representan la población más vulnerable. Según la carta, se les impone un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución.

En el caso de los usuarios no residenciales, la tarifa se calcula en función del consumo, partiendo de un rango que inicia en 0 kW. Esto, argumenta Palma, afecta la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto económico globalizado donde las actividades comerciales e industriales compiten no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Comparativa con otras regiones

Air-e resalta que otras entidades territoriales han archivado propuestas similares o se han abstenido de implementarlas. En este sentido, destaca la decisión del Distrito de Barranquilla de retirar el impuesto de alumbrado público de las facturas de energía, medida que ha significado un alivio para los usuarios.

La empresa solicita a la Asamblea Departamental del Atlántico revisar la estructura del tributo y proponer modificaciones que consideren los aspectos legales y de conveniencia planteados.

También aboga por que el cobro de esta tasa se desligue de la factura de energía eléctrica, dado que el sector enfrenta grandes desafíos tarifarios y una revisión estructural para hacerlo más accesible a los usuarios.

“La liquidación y el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana no solo generan incertidumbre jurídica, sino que también imponen una carga económica injusta a los usuarios más vulnerables del departamento. Es imperativo que cualquier modificación considere principios de legalidad, justicia y equidad”, concluye el documento firmado por Palma.

La defensa del impuesto del gobernador Eduardo Verano

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien ha defendido el cobro de este tributo, asegurando que son recursos que se necesitan para la estabilidad de la seguridad y el orden público en esta zona.

Verano suscribió un convenio con el Distrito de Barranquilla y alcaldías municipales del Atlántico por 70 mil millones de pesos, recursos provenientes de este tributo, para dotar a la Policía y el Ejercito de equipos y tecnología, a la ciudad y municipios del departamento,  que permitan enfrentar a la delincuencia y bandas criminales con presencia en esta zona. 

Además ha venido ejecutando algunos proyectos como la entrega de la cancha y parque La Candelaria, en Galapa,  con una inversión de $5.938 millones, de los cuales la administración departamental realizó un aporte de $4.918 millones mientras que el municipio entregó $1.020 millones.

Verano enfatizó que gracias a los recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana se siguen entregando espacios para actividades culturales, deportivas y de integración social.

"Lo que nosotros queremos es que estas plazas y parques se conviertan en lugares donde reine la tranquilidad, el deporte y la vida social, que construyamos a partir de aquí, modelos de convivencia en los municipios del Atlántico que de esta manera lo que lograremos son territorios con un mayor desarrollo, inversión, empleabilidad, pero lo más importante, evitar que nuestros niños y jóvenes, queden en manos de la delincuencia", sostuvo Verano.

La carta de Air-e abre un debate sobre la viabilidad de seguir delegando la gestión tributaria a terceros y plantea un llamado de atención a las autoridades sobre el impacto de estas medidas en los ciudadanos y la competitividad del Atlántico.

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LEONARDO HERRERA DELGANS - periodista EL TIEMPO - escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70