Entrevista con obispo de Tibú tras crisis por enfrentamientos: reclutamiento de menores no para en El Catatumbo

En los últimos meses, el Catatumbo ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, con consecuencias humanitarias de gran escala: más de 100 muertes confirmadas, alrededor de 65.000 personas desplazadas y 23.000 confinadas, según cifras oficiales y reportes humanitarios de los últimos días.

Estos hechos se desarrollan en medio del despliegue de más de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública y de las gestiones para implementar medidas de paz y desarrollo rural, incluidas zonas de transición como la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) recientemente definida.

En este contexto, monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de Tibú, habló con EL TIEMPO sobre el panorama actual del conflicto armado en Norte de Santander, los desafíos de la implementación de la política de ‘paz total’ del Gobierno y su experiencia en el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En diálogo con este medio, dejó claro que tanto las disidencias como el Eln aún tienen poder y siguen siendo fuertes en el territorio.

¿Cómo es la radiografía de la situación en cuanto a la escalada de violencia en el Norte de Santander?

En lo que corresponde a Tibú, todavía se siente muy fuerte el conflicto. Hay zonas más tranquilas, pero hay otras a las que la gente ha tratado de retornar, pero el conflicto continúa. Los dos grupos siguen siendo muy fuertes en la región. Siguen teniendo un control notable en el territorio. 

De pronto se siente un poco menos, en ocasiones, hacia la zona de los otros municipios que están en la parte alta, pero, siendo honestos, en todo el territorio se siente aún la presencia del conflicto.

Se ha reportado un aumento en los secuestros, los asesinatos y el uso de minas antipersonales, las cuales se han convertido en una herramienta de guerra cada vez más común en los últimos meses. ¿Cuál es su percepción sobre esta situación?

La gran dificultad que veo es que olvidamos que las guerras no respetan los derechos humanos. En una guerra, lo que importa es la victoria y, en esa búsqueda, se pierden la racionalidad, la sensatez, y surgen situaciones profundamente inhumanas y crueles. Basta con revisar las noticias y los reportes: han muerto niños, hay personas adultas heridas o fallecidas, se han destruido viviendas, fincas, ganado. La afectación ha sido tanto humana como material. Y no podemos dejar de mencionar otras problemáticas que han sido constantes en el territorio: la extorsión, el secuestro, el amedrentamiento. Hay una situación que hoy preocupa mucho y es: ¿quién está peleando esta guerra? ¿Quién la sostiene? La respuesta, tristemente, es que hay muchos menores reclutados. 

El reclutamiento forzado se ha convertido en una gran preocupación para la comunidad. Todas las organizaciones presentes en el territorio hacen un llamado permanente a buscar caminos de diálogo. Hay líderes sociales que están profundamente angustiados por su seguridad y por su vida. Muchos de ellos han sido amenazados. 

Han circulado listas en las que aparecen sus nombres. Y aunque desde distintas instancias se les dice que regresen, que vuelvan al territorio, la realidad es muy distinta. Hay casos de personas que han regresado y se les ha advertido: “Tiene unas horas para irse”. Todo esto muestra que la situación en el Catatumbo sigue siendo profundamente dolorosa.

¿Recuerda algún caso específico que le venga a la mente, teniendo en cuenta todo lo que ha visto y escuchado en estos meses en los que ha acompañado a las víctimas?

Las historias que uno escucha y presencia aquí son tan trágicas como las que se pueden encontrar en cualquier otro conflicto del país. Niños que han tenido que abandonar sus hogares, escuelas que han tenido que suspender clases, colegios que intentan continuar en la virtualidad pero que no pueden porque las redes de internet no funcionan bien. 

Aquí, la conectividad es muy deficiente, no tenemos una red estable ni de buena calidad. También hay familias que han salido huyendo. 

Desde el inicio de esta crisis, se ha intentado ayudar, sobre todo, a evacuar a personas que se sentían directamente amenazadas. Esto se ha hecho en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Ejército y organismos internacionales. Todo esto ocurre en un contexto de mucha zozobra, desaliento y desesperanza. 

El Gobierno ha hecho muchas promesas. Y sí, se espera que lo que se ha propuesto para el Catatumbo se empiece a cumplir, que se materialice. Pero muchas veces todo queda en las buenas intenciones. Y, como decían los abuelos, “de buenas intenciones está lleno el infierno”. Aquí lo que se necesita no es solo una mayor presencia del Estado, sino una institucionalidad más fuerte. También hay mucha preocupación con el programa de sustitución de cultivos. A la gente no le queda claro en qué consiste, y les parece que es muy similar a iniciativas anteriores que no funcionaron. 

Los campesinos insisten en que se necesita una economía alternativa seria, sostenible, que abarque toda la cadena productiva. Mientras eso no ocurra, todo seguirá siendo, como ellos mismos dicen, pañitos de agua tibia.

Aparte del refuerzo de la Fuerza Pública y la llegada del Ejército, ¿qué cree usted que hace falta por parte del Gobierno –y también de las autoridades locales– para mejorar la situación de la población, no solo en materia de orden público, sino también en economía, educación y otras áreas?

Creo que, más allá de la presencia del Ejército, es urgente que se piensen en nuevas alternativas reales para los campesinos. Lo que ha pasado hasta ahora es que al campesino se le paga por unos meses para erradicar la coca, pero nadie le dice qué viene después. ¿Cómo se va a sostener esa persona cuando ya no tenga ese ingreso? ¿Cómo va a alternar un nuevo cultivo con el de la coca mientras transita hacia otra economía? Y, lo más importante, ¿quién le va a comprar ese nuevo producto? ¿Quién le asegura un precio justo y una salida para su producción? El Catatumbo es una región muy rica. Hay muchas oportunidades: la piscicultura, la ganadería, el plátano, la yuca, el cacao, la protección ambiental… 

A pesar de todo el sufrimiento, todavía hay mucho por proteger, especialmente la selva del Catatumbo, que sigue siendo un pulmón verde importante. 

Esa riqueza natural debe cuidarse, pero también debe convertirse en una opción de vida digna para sus habitantes. Hace falta también el aparato judicial: jueces, fiscalías, instituciones que resuelvan los problemas por la vía legal. Porque si no están ellos, ¿quién resuelve los conflictos? Pues termina siendo quien hace presencia, que muchas veces es quien impone el orden por la fuerza. 

Las alcaldías hacen grandes esfuerzos de forma continua, pero esto no se resuelve solo desde lo local. Es el Gobierno Nacional el que tiene más velas en este entierro. La apuesta debe ser por una presencia integral del Estado, no solo de la Fuerza Pública.

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