En una ciudad que recibe los estragos de la violencia que sacude al Catatumbo, José Miguel Pinto recorre las calles de Cúcuta con una misión: salvar vidas. Este excombatiente y ahora líder social se ha convertido en un faro de esperanza para muchos de sus compañeros firmantes del Acuerdo de Paz.
Con valentía, los recoge en distintos puntos de la ciudad y los acompaña a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o la Personería, donde buscan protección en medio de un entorno hostil.
Crisis humanitaria en el Catatumbo pone en jaque la ‘Paz total’. Foto:
Los grupos armados no solo dominan el vasto territorio del Catatumbo, sino que también extienden su control con células urbanas en el área metropolitana de Cúcuta.
“Algunos compañeros han recibido amenazas directas, y a otros los han retenido. Vivimos con miedo, no solo por nosotros, sino también por nuestras familias”, explica José Miguel.
En la ciudad operan más de 25 grupos armados –algunos transnacionales– que no distinguen entre quienes dejaron las armas y quienes aún las empuñan.
Una lucha constante por sobrevivir
José Miguel sabe que mantenerse con vida no es sencillo. Muchos de sus compañeros han recibido amenazas, y algunos han sido retenidos por grupos armados. En este escenario de incertidumbre, familias enteras de firmantes también viven bajo constante acecho.
“Lo que pedimos es que nuestros compañeros no sean albergados junto con toda la comunidad. No sabemos quién puede estar infiltrado y poner en riesgo nuestras vidas”, advierte con preocupación.
Crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander. Foto:Andrés Carvajal. EL TIEMPO
El temor no está infundado. Según la personera de Cúcuta, Ludy Páez, más de 36 excombatientes han abandonado la ciudad por voluntad propia, buscando un lugar seguro donde refugiarse.
Algunos se alojan en hoteles con apoyo estatal, mientras que otros dependen de sus propios recursos o de la solidaridad de familiares. “Sabemos que su situación es crítica, y trabajamos para garantizar su seguridad”, asegura Páez.
Huir para vivir
EL TIEMPO contactó a otro excombatiente que huyó de Teorama, uno de los dos municipios más golpeados por la violencia junto a Tibú.
"Nuestra primera intención era resistir en nuestras parcelas, pero cada hora recibíamos información de que ellos estaban más cerca y venían a matarnos. Tuvimos que huir", relata con voz temblorosa.
Junto a otros compañeros, reunió recursos y se unió a una caravana que los llevó hasta Ocaña. Pero el camino hacia el albergue en Ocaña no estuvo exento de peligros. En las salidas de El Aserrío y San Pablo, retenes del Eln detuvieron el camión en el que viajaban.
Miles de desplazados llegan a Cúcuta, capital del departamento, en busca de un refugio de la guerra. Foto:Andrés Carvajal. EL TIEMPO
"Creí que me matarían, pero no aparecí en sus listas. Estoy vivo de milagro", añade, recordando cómo otros compañeros no corrieron la misma suerte.
El excombatiente, quien portó el uniforme de las extintas Farc por más de 8 años, antes de acogerse al acuerdo de paz, contó que su suerte no la han tenido otros compañeros, quienes sí han sido interceptados en vehículos.
“Conozco el caso de dos que los bajaron de una camioneta y se los llevaron, no sabemos si permanecen secuestrados o los asesinaron”, dijo.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, reconoce el riesgo latente. Su administración ha destinado recursos para facilitar el traslado de los firmantes. “La ciudad enfrenta una amenaza constante, pero trabajamos junto a las fuerzas armadas para mantener el control”, señala.
Por otra parte, en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, la situación es aún más crítica. Los firmantes que permanecen en la región emitieron un comunicado solicitando garantías básicas para su vida y derechos.
“Exigimos el respeto a nuestra población firmante de paz y a las comunidades campesinas e indígenas de la región, para que la tranquilidad llegue a las familias catatumberas sumergidas en el terror”, declararon.
Alrededor de 80 personas han muerto de manera violenta, entre ellos firmantes de paz. Según la Defensoría del Pueblo, cientos de familias han sido desplazadas. Foto:
En medio de esta realidad, la resiliencia de los firmantes sigue siendo una prueba del compromiso con la paz. Pero el llamado es claro: el Estado y la comunidad internacional deben actuar con urgencia para garantizar su seguridad. Solo así será posible que la esperanza no se apague en una región donde el miedo aún reina.
Mientras las autoridades locales trabajan en medidas para salvaguardar sus vidas, los firmantes de paz continúan exigiendo que los compromisos del Acuerdo de Paz no se queden en el papel.
ANDRÉS CARVAJAL
Especial parta EL TIEMPO
CÚCUTA