En Soledad, Atlántico, implementa biometría para evitar matrículas 'fantasmas' en colegios contratados

Para garantizar que los recursos públicos destinados a la educación lleguen efectivamente a los estudiantes, la Alcaldía de Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, puso en marcha un sistema de auditoría basado en tecnología biométrica que permite verificar la permanencia de los alumnos matriculados en las instituciones educativas contratadas.

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Bajo el liderazgo de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y en el marco de una estrategia de modernización educativa, la Secretaría de Educación avanza en el registro biométrico de los más de 40.000 estudiantes vinculados al servicio contratado para el año 2025. 

El proceso incluye visitas técnicas a las 83 instituciones educativas, donde se capturan huellas dactilares y fotografías de los estudiantes que figuran en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

“Este procedimiento nos permite confirmar que los estudiantes efectivamente están en las aulas, recibiendo el servicio por el cual el municipio ha contratado”, afirmó Carolina Correa, secretaria de Educación de Soledad.

Así realizan la verificación

El uso de esta tecnología, que consolida un archivo digital estudiantil, representa un avance en la lucha contra las denominadas “matrículas fantasmas”, una práctica irregular que ha afectado históricamente la transparencia en la contratación del servicio educativo.

La recolección y tratamiento de los datos biométricos, explicó la alcaldía de Soledad a través de un comunicado, se realiza conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y sus decretos reglamentarios. Para ello, se cuenta con el consentimiento previo, libre e informado de los padres o acudientes.

“Actuamos con total respeto por los derechos de los menores, siguiendo los principios de legalidad y proporcionalidad. Además, mantenemos una comunicación clara con las familias sobre este proceso”, agregó la funcionaria.

El escándalo que desató las matrículas 'fantasmas'

Los escándalos por presuntas matrículas fantasmas y colegios de papel han marcado de forma crítica la gestión educativa reciente en el municipio de Soledad, Atlántico. 

El año pasado la Procuraduría General de la Nación inició dos investigaciones disciplinarias que comprometen a la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y a la entonces secretaria de Educación municipal, Aida Ojeda Vega, por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares a través del Banco de Oferentes.

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La primera indagación, aún en curso, está relacionada con un contrato por 2.500 millones de pesos asignado a la institución educativa San Judas Tadeo, que habría reportado la atención de 1.533 estudiantes en sedes que, según denuncias, no existen físicamente. 

La investigación fue detonada por una publicación del diario El Heraldo, que evidenció inconsistencias entre las sedes registradas oficialmente y las que supuestamente operaban en barrios del municipio.

A pocos días de conocerse ese proceso, la Procuraduría abrió una segunda investigación sobre un contrato por 3.066 millones de pesos celebrado con la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe E.U. 

En este caso, se cuestiona que el servicio educativo estaría siendo prestado a 1.872 alumnos becados en sedes no autorizadas por la Secretaría de Educación de Soledad, a pesar de que en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) solo figura una sede habilitada.

Las actuaciones del órgano de control buscan establecer si hubo incumplimiento de requisitos legales y normas presupuestales, además de verificar si se garantizó debidamente la prestación del servicio educativo contratado. 

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Las denuncias han tenido eco en el escenario político local. El concejal Bryan Orozco ha denunciado públicamente lo que ha denominado “el cartel de las becas”, señalando que “en Soledad se están robando la plata de la educación”. 

A través de sus redes sociales, Orozco ha advertido que las irregularidades no se limitan al manejo de los contratos, sino que incluyen también la supuesta inexistencia de plantas físicas en las direcciones especificadas en los convenios firmados por el municipio.

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