En medio de sacudón en Cancillería, se define futuro del pleito con Thomas Greg por caso pasaportes: ¿retirarán la demanda?

Mientras en los pasillos del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, retumba la confirmación de la renuncia de Luis Gilberto Murillo -irá hasta el 31 de enero- y el aterrizaje de Laura Sarabia, directora del Dapre, el equipo jurídico de la entidad se prepara para una semana que puede ser decisiva para la demanda de 117.000 millones de pesos que interpuso la firma Thomas Greg & Sons contra el Estado por el caso de los pasaportes. 

Y es que el pasado 3 de octubre las partes involucradas en el pleito solicitaron congelar la demanda durante 60 días hábiles, que se cumplen el próximo 23 de enero. 

El acuerdo al que se llegó, en ese momento, fue el de suspender el debate legal ya que está abierta la posibilidad de cerrar el proceso, es decir, que la firma retire la demanda. En ese sentido, se le dio dicho tiempo a Thomas Greg para que estudie internamente si desiste o no de sus pretensiones.

El caso

La controversia que generó temor en el país por el futuro de la fabricación del documento esencial para viajar al exterior se desencadenó por el acto administrativo que declaró desierta la licitación pública LP-001-2023 para suministrar el servicio producción de los pasaportes.

La multinacional alega la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato. En aquel momento, fue le excanciller Álvaro Leyva quien declaró desierta la licitación. De hecho, por irregularidades cometidas en esa licitación, la Procuraduría decidió sancionar a Leyva con una inhabilidad y destitución para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que fue apelado por su defensa.

Según Leyva, ese freno lo hizo para salvaguardar los recursos estatales, pues al parecer todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con la jugosa contratación. Pero para la Procuraduría, con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad.

Posterior a ello, y para garantizar la expedición de este documento durante 12 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta bajo una resolución que también fue objeto de reparos -la 7541 del 14 de septiembre-. Con esa decisión, al parecer también incurrió en una vulneración a los principios que rigen la contratación estatal.

En la petición que Thomas Greg radicó ante el ministerio público, argumentó que la Cancillería incurrió en “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540 al no existir situaciones que impidan una escogencia objetiva del adjudicatario y como consecuencia no había lugar a la declaratoria de desierta”.

¿Por qué podría retirarse la demanda?

Ahora bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que la decisión de mantener a Thomas Greg como operador de la impresión de los documentos hasta agosto de 2025 para evitar traumatismos mientras se lleva a cabo la etapa de transición del modelo en el que el gobierno de Portugal capacitará a la Imprenta Nacional significa que se evita cualquier perjuicio para la empresa, ya que mantendrá sus utilidades previstas.

De hecho, la Cancillería dejó en firme hace pocos días el nuevo contrato por un valor total de 206 mil millones de pesos con vigencia hasta el mes de agosto de este año. Dicho contrato, suscrito bajo urgencia manifiesta, ya se encuentra en ejecución.

Las partes tuvieron que congelar el pleito antes de que la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Bertha Lucy Ceballos Posada dictase una decisión sobre una solicitud de aclaración presentada por parte de la Cancillería al auto proferido el pasado 26 de julio de 2024 que anuncia que se proferirá una sentencia anticipada. 

Los siguientes pasos

Fuentes enteradas del proceso le señalaron a EL TIEMPO que Thomas Greg y sus socios continúan evaluando la decisión de desistir o no y que solo se conocería la definitiva hasta el 23 de enero.

Si después de realizar su estudio la firma decide insistir en sus pretensiones, se retomaría el debate procesal y la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada tendría que resolver la solicitud de aclaración.

Si la magistrada insiste en dictar sentencia anticipada y negar las pruebas, la Cancillería conserva la posibilidad de interponer recursos que tendría que resolver ese mismo despacho e incluso el Consejo de Estado.

Si, por el contrario, se toma la decisión de retirar la demanda, el Estado se libraría de una millonaria demanda que se convirtió en un dolor de cabeza en el Palacio de San Carlos. Asimismo, el canciller Murillo saldría de la entidad con una importante victoria en medio de la tormenta por la postura ambigua de Colombia frente a la crisis política de Venezuela.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política