En Córdoba denuncian presunta agresión de la Policía en regreso de desplazados a sus tierras

Defensores de Derechos Étnicos y Defensores de Derechos Humanos denunciaron una presunta agresión por parte de la Policía Nacional en predios de la empresa Cerro Matoso, en jurisdicción de la vereda Montevideo, del corregimiento Loma Seca, zona rural del municipio de Puerto Libertador (Córdoba), cuando acompañaban el retorno de familias, al parecer a sus tierras.

De igual maneras denunciaron que la comunidad también fue agredida verbal y físicamente e inclusive con disparos de fusil y pistolas calibre 9 milímetro, con el objetivo de ser retirados del predio a donde habían regresado.

Adriana Gandía Vásquez y Nilson José Guerra Márquez, son los defensores de derechos étnicos y defensores de derechos humanos, quienes acompañaban a las familias que, serían los dueños legítimos herederos de los predios denominados como ‘Paso de San Antonio’ y la hacienda ‘El Botón’.

“Esta hacienda es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque es uno de los tantos predios que entregó Salvatore Mancuso al Estado, a través de la JEP paras reparar a sus víctimas y es además una de las fincas que no aparecen registradas”, indicó el Defensor de Derechos Humanos, Nilson José Guerra Márquez.

Este líder social manifestó además que, las tierras se las habrían entregado a la empresa Cerro Matoso, pero que un juez supuestamente lo hizo en forma ilegal.

“Nosotros tenemos en nuestras manos un certificado de libertad y tradición, donde indica que las tierras fueron entregados a la empresa Cerro Matoso por juicio de pertenencia, un proceso que no cumple los requisitos, ya que la ley indica que, para solicitar ante un juez la pertenencia de un predio, debe comportarse mínimo durante 10 años como poseedor del mismo”.

“Esto es, pagar impuestos, trabajar la tierra, ponerla a producir, cuidarla, y esto nunca sucedió, ya que pasaron de manos de la dueña, al grupo ilegal y después del desarme, en dos años, a ser propiedad de Cerro Matoso”, afirmó Nilson José Guerra.

Así mismo explicó que es lo mismo que estaría ocurriendo en diferentes partes del país, como en Buenavista y Cúcuta, donde predios que entregó Salvatore Mancuso, u otro miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, en lugar de llegar a los dueños en una restitución, por el contrario, presuntamente llegaron a manos de políticos y empresas privadas.

“Este es un caso similar, en una tierra que entregó un juez del municipio, en un juicio de pertenencia, sin cumplir los requisitos”, indicó.

Acompañamiento a dueños legítimos

Como Defensores Étnicos y de Derechos Humanos, Nilson José Guerra Márquez y Adriana Gandía Vásquez estuvieron al lado de las familias en el regreso a las tierras, como supuestos dueños legítimos, porque serían ellos quienes deben recibir la restitución.

En total es un núcleo de 250 familiares que se desprenden de la señora, María Dolores Cervantes Causil, como supuesta dueña legítima de las tierras, quien tuvo tres hijas, se casaron y con sus hijos conformaron la comunidad asentada en la región.

En ese acompañamiento a las familias dijeron que, organizaron una entrega de regalos y un compartir para los niños de la comunidad indígena de Montevideo, cuando se enteraron de la presencia de un grupo de asalto de la Policía Nacional, quienes llegaron a la zona en dos camiones.

“Las familias con los niños y adultos salieron por la carretera principal y otros hacia adentro de la empresa Cerro Matoso, huyendo de la situación. Nosotros como defensores de Derechos Humanos, cuando vemos en peligro la vida de las personas acompañamos el proceso y nos adentramos con ellos hacia la empresa Cerro Matoso”.

“Las familias caminaban por la zona enmontada, pegada al río Uré y ahí la Policía con armas de fuego, unos debidamente uniformados e identificados, otros sin identificación. Ahí nos agredieron a nosotros como defensores de derechos humanos, no a la población”, contaron.

Explican las agresiones 

Nilson Guerra Márquez, como líder del acompañamiento precisó que le rasgaron la camisa en dos ocasiones, que forcejearon para no dejarse golpear y se cayeron por un barranco de 50 metros en caída libre hacia el río.

“Nos aguantó un palo, pero terminé golpeado en la nuca y la cabeza. El policía me sacó el arma y subimos con ayuda de los compañeros, pero siguieron agrediéndonos con armas de fuego, apuntándole a la comunidad. Luego fuimos conducidos hacia un lugar seguro de la planta, en acuerdo con nosotros y la comunidad para resolver la situación”, explicó.

Así mismo dijo que en las afueras del complejo minero hicimos una protesta pacífica, al tiempo que indicaron que no somos delincuentes, ni invasores.

“En días anteriores hicieron lo mismo, han agredido, han disparado a la población y tenemos los casquillos de fusil y de nueve milímetros de las armas. A la comunidad la están despojando nuevamente de sus tierras”, dijo.

Desde el comando de la Policía en Córdoba indicaron que no hubo tal agresión y que actuaron en cumplimiento de una orden de desalojo a un predio privado que al parecer era invadido.

Cerro Matoso responde

La empresa Cerro Matoso, a través de Laura Castro, líder de comunicaciones respondió a las acusaciones que se le hacen indicando que, la empresa es la dueña legítima de los predios y adjuntan un documento de la Secretaría de Gobierno de Puerto Libertador donde se comprueba una presunta invasión y se ordena el desalojo y los certificado de la oficina de Instrumentos Públicos de Montelíbano (Córdoba), certificado de tradición y matrícula inmobiliaria de Montelíbano, sobre la adquisición del inmueble.

“A finales de noviembre, se llevó a cabo el desalojo de El Botón, predio privado de Cerro Matoso, en cumplimiento de una orden de la Inspección de Policía del municipio de Puerto Libertador, emitida desde el 1 de agosto de 2024 (adjunta)”.

“Sin embargo, el pasado lunes, 23 de diciembre, alrededor de 35 personas reincidieron en esta ocupación ilegal ingresando muy cerca al área operativa de la empresa, exponiéndose a riesgos e impactando las actividades de la empresa. Esta situación fue atendida por las autoridades respectivas en desarrollo de sus competencias”.

“El predio El Botón es propiedad privada de Cerro Matoso, adquirido en 2009 a través de un proceso de compra realizado conforme a la Ley (ver folios adjuntos)”.

“Desde el 8 de julio hasta el 27 de noviembre, personas no autorizadas invadieron este predio, lo cual generó afectación al derecho a la propiedad privada y a la operación minera, así como impactos al acceso y al derecho a la libre movilidad de comunidades étnicas y Juntas de Acción Comunal del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, obstaculizando el ingreso a zonas de cultivo y pancoger que utilizan estas comunidades para su sostenimiento y seguridad alimentaria desde hace varios años con autorización de la empresa”.

Señalaron igualmente que fue impactada una empresa comunitaria en la siembra de árboles y que se identificaron daños en los trabajos de reforestación, lo que también fue denunciado.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

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