Eliminación de ciudadanía por nacimiento: ¿cómo afectaría a hijos de indocumentados en EE. UU.?

En su primer día de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva a través de la cual busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Conozca cuáles son las implicaciones, cómo afectará a hijos de inmigrantes indocumentados y qué tan viable es que se implemente.

Segpun BBC, la intención de la propuesta es modificar las leyes para que los nacidos en Estados Unidos de padres de inmigrantes indocumentados, o con visas temporales, no puedan acceder automáticamente a la ciudadanía.

La primera consecuencia para los migrantes es que la orden está pensada para ser retroactiva, por lo que millones de personas podrían perder la ciudadanía. De hecho, de acuerdo con cifras de Pew Research, en 2022 había 1'200.000 ciudadanos estadounidenses de padres inmigrantes sin permiso legal.

Otro efecto, según la agencia AP, será que los hijos de migrantes indocumentados ya no podrán obtener un pasaporte estadounidense, un número de seguro social o ser elegibles para otros beneficios sociales del gobierno. 

La intención final es que solo se otorgue la ciudadanía a personas que, al menos uno de sus padres, cuenten con residencia legal o sean ciudadanos, tal como ya sucede en países como Reino Unido.

Habrá que esperar para saber si la enmienda prospera bajo el argumento de que fomenta la inmigración ilegal y alienta a mujeres embarazadas a cruzar la frontera sin autorización.

¿Qué tan factible es que Estados Unidos niegue la ciudadanía por nacimiento?

Hay que recordar que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución de Estados Unidos, por lo que eliminarla implicará grandes desafíos legales.

Con base en la enmienda 14, se determina que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos acceden a los derechos que ofrece la ciudadanía.

Por lo anterior es que Donald Trump no puede revocar el derecho a través de una orden ejecutiva, y para poder realizar una modificación a la Constitución, se necesitarían dos tercios de los votos de ambas cámaras en el Congreso. Aun así, de aprobarse, se iniciarían juicios y demandas por lo que al final la decisión terminaría en la Corte Suprema.