El reclamo de las organizaciones sociales a Otty Patiño en lanzamiento de plan humanitario

En el marco de la VI Cumbre Humanitaria, 700 organizaciones sociales pidieron al Gobierno y los actores armados un cese del fuego humanitario para este fin de año y le exigieron al comisionado de paz, Otty Patiño, escuchar sus peticiones ante el deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Esta solicitud fue realizada durante la presentación del Plan Humanitario Territorial de Paz y Seguridad, una propuesta para atender la crisis humanitaria que vive el país por cuenta del accionar de los grupos armados.

En el discurso de instalación de la cumbre, el expresidente Ernesto Samper, cabeza de la fundación Vivamos Humanos, afirmó que el país está volviendo a la guerra y que hay un franco deterioro en las condiciones humanitarias. De hecho, citó el Reporte Humanitario de Vivamos Humanos, el cual registra más de 1.200 eventos violentos en contra de la población civil en lo corrido del año y una expansión territorial de los grupos armados del 34 %.

“(Esto) no es una razón para el decaimiento si no para apelar a nuestra creatividad y encontrar una nueva oportunidad de paz e invita al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado de Paz y a los grupos armados para que reflexionen sobre el rumbo de la política de paz total y evalúen el método de negociación”, dijo.

Este cambio de rumbo también fue solicitado por representantes de las organizaciones presentes, quienes cuestionaron el poco acompañamiento que, dicen ellos, presta el funcionario encargado de la política de paz a las comunidades. “Líderes de la región andinoamazónica fueron amenazados y asesinados y esos no dolieron, pero a veces uno ve que a Otty Patiño le duele más la muerte de otras personas, que son los que asesinan, que las de nosotros los líderes sociales (sic)”, señaló la vocera del proceso humanitario de Putumayo, Maydany Salcedo.

El plan presentado por las organizaciones a través de la Coordinadora Humanitaria y Vivamos Humanos cuenta con cuatro ejes temáticos y tres fases de aplicación. En cuanto a los temas a abordar, incluye, en primer lugar, el respeto al Derecho Internacional Humanitario, el cual pretenden que sea un requisito en las mesas de negociación que adelante el Gobierno.

En segundo lugar, mencionan garantías de paz y seguridad. “Para fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos y proteger la vida de la población civil”, dicen sobre este eje.

En tercer lugar, manifiestan que es clave la participación de la sociedad civil para afianzar espacios como redes de incidencia ciudadana y diálogos sociales; en cuarto y último lugar, mencionan la cultura de Paz como un método para propiciar un cambio estructural en las formas de resolver los conflictos y afrontar los daños colectivos.

En paralelo a estos ejes, las organizaciones hacen énfasis en la necesidad de enfocar el tema de la seguridad desde una perspectiva del Estado como garantía de la convivencia pacífica. “No hablamos de segurismo o presencia represiva sino de protección con presencia social del Estado garantizando la convivencia pacífica y las transformaciones económicas y sociales que faciliten el acceso de la población a derechos fundamentales la salud, la vivienda, la educación y la seguridad alimentaria, entre otros”, indicaron las organizaciones en un comunicado emitido tras la cumbre.

En ese sentido, manifestaron que, si así lo decidiera el Gobierno, este plan podría aplicarse en 189 municipios, en donde viven más de 10 millones de colombianos afectados por el conflicto armado. Cabe mencionar que este plan fue construido con apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio de las Culturas y las gobernaciones de los 16 territorios del país más afectados por el conflicto armado.

Con respecto a cómo se implementaría esta política pública de paz, sostienen que sería en tres niveles. Primero, llevándola a organizaciones sociales y étnicas de base, Consejos Departamentales de Paz, Mesas territoriales de garantías, Mesas de Víctimas y con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y de las Diócesis.

Luego, plantean impulsar este plan en Alcaldías, Gobernaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, oficina del Consejero Comisionado de Paz, Departamento Nacional de Planeación, Comisión de Paz del Senado, Comisión de DD. HH. del Congreso de la República, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras. Entre los departamentos priorizados se encuentran Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, entre otros.

Finalmente, en organismos multilaterales y organizaciones internacionales como la Oficina ONU DD. HH., la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), Equipos Locales de Coordinación y Defensoría del Pueblo.

En la cumbre humanitaria participaron, además de destacados líderes sociales, diversas personalidades del ámbito político y organismos internacionales. Entre ellos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Cultura, Juan David Correa; la senadora Clara López; la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia, Mireia Villar; el Representante Especial Adjunto en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Raúl Rosende; la Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y la Representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard, entre otros.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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