A los 43 años, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, reelegido en febrero pasado para un segundo período de cinco años, es la envidia de cientos de mandatarios en el mundo por sus índices de aprobación, que superan el 90 por ciento, y las amplísimas mayorías con las que cuenta en la Asamblea Legislativa, que le permiten sacar adelante sus proyectos de ley casi sin debate. Pero la semana pasada, revelaciones sobre el inusitado y veloz enriquecimiento de su familia destaparon un lado oscuro que puede marcar el principio del deterioro de su cuidada imagen.
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Apenas 15 días después de ser consagrado en la carátula de la revista Time –bajo el título ‘El hombre fuerte’– como “el más popular de los mandatarios autoritarios del mundo”, una detallada investigación periodística de la plataforma Redacción Regional (RR) –que reúne reportería de medios independientes de México y América Central– reveló una trama de millonarias adquisiciones de tierras y negocios de café, que involucra a Bukele, su esposa, su madre y tres hermanos del mandatario.
A este escándalo se suman filtraciones hechas en agosto por un grupo de hackers, sobre los desmesurados recursos y contrataciones en manos de los diputados gobiernistas en la Asamblea Legislativa, que han perfeccionado y ampliado el alcance de oscuros manejos de fondos públicos que ya eran conocidos en el Parlamento de El Salvador en otros mandatos, y ahora dejan muy mal parados a los bukelistas.
En mayo, en vísperas de iniciarse su segundo mandato, una encuesta a nivel latinoamericano de la firma Gallup situó a Bukele como el presidente con mayor aprobación. En ese sondeo, el mandatario salvadoreño marcó 92 por ciento, 26 puntos porcentuales por encima del segundo, Luis Abinader, de la República Dominicana. En agosto, en el ranking mundial Mitofsky, también ocupó el primer lugar, con 93 por ciento de aprobación a su gestión.
Aparte de un moderno y eficaz manejo de su imagen, en especial en las redes sociales, semejante resultado se debe a la espectacular reducción de la tasa de homicidios, que, en 2019, cuando Bukele inició su primer mandato, era de 36 por cada 100.000 habitantes, y a fines del año pasado había caído a solo 2,4, una cifra similar a la de Canadá, dos veces y media más baja que la de Estados Unidos y diez veces inferior a la de países como México, Colombia o Venezuela.
“Hemos puesto tras las rejas al 85 por ciento de los miembros de las pandillas, atacando la estructura piramidal de su organización”, le dijo Bukele a Time. “Desde los peones hasta los capos de las bandas, todos han ido cayendo y la pirámide se desplomó”, agregó con orgullo.
Cuando la revista indagó por el trato dado a los detenidos en la gigantesca prisión que construyó para albergar hasta 40.000 reclusos, el mandatario dijo que “se trata de criminales que confiesan haber matado diez, quince y hasta veinte personas cada uno (...), las cárceles de América latina están sumidas en el caos total, y ese no es el caso de El Salvador”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias ONG han denunciado numerosos abusos cometidos bajo el régimen de excepción con el que gobierna Bukele, prorrogado 23 veces por la Asamblea Legislativa. De esas violaciones, hay más de 6.400 denuncias documentadas, y unos 300 salvadoreños han muerto en la megacárcel y otros centros de detención.
Millones de dólares
Jaime Quintanilla es un joven periodista de investigación salvadoreño que recibió el año pasado el Premio Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En un ambiente mezcla de unanimismo bukelista y temor a represalias, Quintanilla se atrevió a indagar sobre la fortuna del Presidente y su familia. El jueves pasado, en la plataforma Redacción Regional y la televisora en línea Focos TV, reveló un paquete de adquisiciones de valiosos predios rurales por parte de la familia del presidente.
Las inversiones han sido realizadas a título personal por su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele; su madre, Olga Marina Ortez, y sus hermanos Karim, Ibrahim y Yusef, pero en algunas de las transacciones han estado empresas vinculadas a la familia, con capitales muy inferiores al dinero invertido en las compras. En uno de los casos, los Bukele capitalizaron una empresa cafetera con casi 5 millones de dólares, por intermedio de una sociedad anónima de capital variable que había estado prácticamente inactiva durante una década.
La empresa pudo acceder a préstamos hipotecarios por varios millones de dólares. Citado por el diario El País de Madrid, Quintanilla señala que “estas sociedades no tenían un perfil que justificara el acceso a préstamos millonarios”. Agrega que “antes de su crecimiento tenían un patrimonio menor de los 20.000 dólares”, y se pregunta cómo explicar “que un banco les dé millones de dólares a empresas que al parecer no tienen cómo respaldar su deuda”.
La serie de compras, iniciada a mediados del primer mandato de Bukele, incluye 34 terrenos, entre ellos dos fincas productoras de caña de azúcar, siete haciendas cafeteras y un terreno con una vista privilegiada al turístico lago de Coatepeque, en una zona famosa por sus elegantes villas de descanso. Hay también apartamentos de lujo en la capital.
El País detalla una de las compras, considerada la más significativa: “la hacienda Dorada, una finca de café de 231 hectáreas ubicada en las faldas del volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana, en el occidente de El Salvador”. Con dicha adquisición, cuenta Quintanilla con base en datos del Instituto Nacional del Café, “los Bukele entraron al grupo selecto del 2 por ciento de grandes productores de café de El Salvador que poseen más de 100 manzanas cultivables”.
Con el oscuro manejo de diferentes fondos reservados del Gobierno, las sospechas se multiplican, pues en el alto gobierno nadie rinde cuentas.
La finca produce nueve variedades de grano gourmet de alto precio en los mercados internacionales, que los Bukele comercializan bajo la marca Bean of Fire, y que el propio mandatario regala a importantes personajes del país y a ilustres visitantes extranjeros, con profusión de mensaje promocionales en las cuentas de la Presidencia de la República en redes sociales.
Hace dos meses, el propio Bukele usó su cuenta de X para contar que se había convertido en cafetero y promover su marca como lo habría hecho cualquier empresario privado sin responsabilidades políticas.
La investigación de Quintanilla presenta las pruebas de compras por más de 9 millones de dólares por parte del mandatario y su familia. Y, aunque se trata de una familia que poseía algún capital y negocios antes de la llegada de Bukele al poder, “no es claro –le dijo a EL TIEMPO uno de los reporteros– cómo se da un crecimiento tan grande del capital, pues hablamos de negocios que pueden rebasar los 10 millones de dólares, y todo ello en escasos tres años”.
Explica la fuente que los Bukele tienen hoy una superficie agrícola 12 veces superior a la que poseían antes de llegar a la Presidencia. Y en cuanto a propiedades en la ciudad, en cuatro años han adquirido bienes por más 1,4 millones de dólares. “Con el oscuro manejo de diferentes fondos reservados del Gobierno, las sospechas se multiplican, pues en el alto gobierno nadie rinde cuentas”, agrega.
Los gastos de los diputados
Según Quintanilla, estas millonarias compras se han dado “en un contexto en el que la mayoría de los salvadoreños atraviesa una crisis económica por el aumento de los precios de la canasta básica”. Y agrega que en vez del “milagro económico” que Bukele dice estar generando, la realidad es que él y su familia son los beneficiarios porque “su gobierno y la Asamblea, controlada por el oficialismo, han modificado 17 leyes para incentivar el cultivo, comercialización y promoción del café”.
El control de la Asamblea por Bukele es casi absoluto. De los 60 diputados que la integran, 54 pertenecen a su partido, Nuevas Ideas, y tres más, a partidos aliados. Solo tres (5 por ciento de los diputados) están en la oposición: dos del partido Arena, de derecha, y uno de Vamos, de centro.
Días antes de la divulgación de la investigación liderada por Quintanilla, los 54 asambleístas de Nuevas Ideas, entre ellos el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se vieron envueltos en un escándalo porque a cada uno les fueron asignados más de 14.000 dólares mensuales para gastos de contratación que incluyen periodistas, camarógrafos, maquilladores y relacionistas públicos. El total de este rubro presupuestal roza los 10 millones de dólares anuales.
Una sociedad vinculada con Castro y su esposa, Michelle Sol, hoy ministra de Vivienda, recibió hace más de doce años, en el gobierno del presidente Mauricio Funes, medio millón de dólares de un fondo reservado de la Presidencia. Funes fue procesado en 2019 por la Fiscalía salvadoreña por la desaparición de 351 millones de dólares.
Alejandro Muyschondt, quien fungió como asesor de seguridad de Bukele en sus primeros años, divulgó el año pasado varios negociados de altos funcionarios de la Presidencia, así como la vida de lujo que se dan, muy por encima de las posibilidades que su salario les permite.
Muyschondt fue detenido en agosto de 2023, acusado de revelar secretos. Semanas más tarde, mientras estaba recluido en un calabozo de la Policía, enfermó de manera misteriosa y fue trasladado a un hospital, donde murió en febrero.
Los escándalos del gobierno Bukele ya han producido un cadáver. Pero aún es temprano para saber si comenzarán a afectar la muy trabajada imagen del mandatario salvadoreño.
*Desde la publicación de la denuncia contra Bukele ni él ni su familia se han pronunciado al respecto.