El Gobierno podrá presentar la reforma tributaria en el 2025: DNP

Con la reforma tributaria hundida, el Gobierno tendrá que revisar de dónde puede recortar los 12 billones de pesos que contemplaba para el 2025, pero que finalmente no podrá ejecutar porque quedaron desfinanciados. El presupuesto saldría por 511 billones de pesos y le llegarían menos recursos tanto a algunos sectores clave como a las regiones. 

En entrevista con EL TIEMPO, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asegura que la inversión pública será el rubro más afectado. Además, dice que el Gobierno podría presentar de nuevo el proyecto en el siguiente periodo legislativo y critica la recién aprobada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

¿Qué pasará tras el hundimiento de la reforma, de dónde recortarán?

Su caída nos obliga a realizar un ajuste en el presupuesto del 2025 por 12 billones de pesos mediante un decreto de aplazamiento. Si bien esto pone de manifiesto el desafiante panorama fiscal y presupuestal, el Gobierno está comprometido en continuar avanzando en sus objetivos estratégicos buscando que el hundimiento tenga el menor impacto posible.

¿Pase lo que pase, no se tocarán los recursos para los programas sociales?

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este ajuste no afectará las inversiones para los territorios más excluidos y la población vulnerable, y en el marco de ese mandato, estamos trabajando para evitar que las personas de clase media y de sectores populares se vean afectadas por esta decisión lamentable de las mayorías de las Comisiones Económicas del Congreso. Vamos a priorizar programas estratégicos como la salud, la educación, el acceso a agua potable y saneamiento básico, la reforma agraria, la transición energética y las vías terciarias.

¿Podrían pensar en recortar los gastos de funcionamiento o solo los de inversión?

En coordinación con el Ministerio de Hacienda se está trabajando en la propuesta de aplazamiento buscando el menor impacto en el gasto de inversión. Hay que tener en cuenta que para el 2025 el presupuesto es altamente inflexible. El 92 por ciento del monto consiste en rubros inflexibles, que han venido aumentando frente a años anteriores.

Por una parte, el servicio de la deuda alcanza una cifra histórica de 112,6 billones de pesos, equivalente a un crecimiento de 19,1 por ciento respecto al 2024. Un comportamiento similar presenta el gasto de funcionamiento, el cual se ubica en 327,9 billones de pesos (+6,2 por ciento) explicado en su totalidad por aumentos en rubros inflexibles de mandato constitucional y legal. Esta rigidez presupuestal se suma a las restricciones fiscales por las cuales atraviesa el país derivado de un elevado nivel de endeudamiento heredado del gobierno anterior. Ante la necesidad de realizar ajustes fiscales, y dadas las rigideces, es la inversión pública el rubro presupuestal más afectado.

¿Cómo afectará este recorte a las regiones?

Una disminución de los recursos disponibles en la magnitud de la ley de financiamiento afectará las inversiones previstas por el Gobierno Nacional en los departamentos y municipios; sin embargo, esta administración está comprometida en generar el menor impacto en las poblaciones vulnerables, buscando avanzar en el cierre de brechas y la reducción de la pobreza. Según nuestros cálculos, Valle del Cauca es el que más presupuesto perdería del que tenía proyectado, seguido de Bogotá, Antioquia y Cauca.

¿Se estudiaría la posibilidad de aplazar los pagos del metro de Bogotá? ¿Qué otros proyectos clave podrían dejar de recibir recursos?

Sin los recursos previstos con la ley, el Gobierno deberá evaluar diferentes mecanismos para no comprometer el avance y cumplimiento de importantes políticas públicas y proyectos de inversión. Este análisis incluye grandes obras de infraestructura, como lo es el metro de Bogotá. Otros programas estratégicos que podrían verse afectados serían: el mantenimiento de equipos de defensa (buques, aeronaves, movilidad terrestre, equipos de comunicaciones), infraestructura física y tecnológica para la seguridad y la convivencia, la adquisición y mantenimiento de armamento, subsidios para el mejoramiento de vivienda, la construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura recreativa y la conectividad digital, entre otros. 

Pase lo que pase, ¿la deuda se pagaría?

El Gobierno Nacional ha demostrado su compromiso inequívoco con el cumplimiento de todas sus obligaciones y con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Fiel a ese compromiso, esta administración, como también lo ha señalado tajantemente el ministro de Hacienda (Diego Guevara), seguirá honrando sus compromisos.

Diferentes expertos consideran que la reforma tampoco solucionaba los problemas, pues el descuadre de las cuentas del 2025 es mayor a esos 12 billones de pesos. ¿De cuánto es y si tienen pensado qué harían el próximo año para taparlo?

Recibimos el país con un panorama fiscal bastante adverso. No obstante, desde el primer minuto hemos demostrado el compromiso por la sostenibilidad fiscal. Hay que tener en cuenta que este gobierno ha asumido compromisos importantes de anteriores, que incluyen la deuda de corto plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar los efectos de la pandemia, o los pagos pendientes al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) derivados del subsidio a la gasolina y el diésel, entre otros.

Ahora bien, los problemas de financiamiento a los cuales se refieren los “expertos” son estructurales de tiempo atrás. Si en los últimos 10 años se han tramitado siete reformas tributarias, tres de las cuales fueron leyes de financiamiento, es porque estructuralmente hay un desfinanciamiento del presupuesto. En este momento, el Gobierno está discutiendo las medidas que están bajo el marco de la Constitución y la ley para salvaguardar la inversión destinada a la población más vulnerable. Así mismo, seguirá mostrando el mismo compromiso inequívoco por la sostenibilidad de las finanzas.

¿Y el próximo año podría presentarse una nueva tributaria?

De conformidad con lo previsto en el artículo 347 de la Constitución Política, el Gobierno podrá presentar el proyecto de ley de financiamiento en el siguiente periodo legislativo. Los recursos allí contemplados permitirán financiar el gasto aplazado. En este momento, el equipo económico del Gobierno está evaluando todas las alternativas que permitan salvaguardar la inversión pública para la población más vulnerable.

¿Por qué cree que el Congreso no le pasó al Gobierno su segunda reforma tributaria?

Creo que hay una decisión política de oposición con fines electorales de cara a 2026 por parte de las mayorías de las comisiones económicas, al punto de llegar a una incomprensión total de la realidad fiscal del país al negar la ley de financiamiento pensando en hacer daño al Presidente. No obstante, lo que ocasionaron fue golpear al pueblo colombiano al pretender reducir la inversión social.

¿Se han roto las relaciones con las Comisiones Económicas? ¿Ello no les complica más las cosas? 

Creo que el Presidente ya lo ha dicho muy claramente y como Gobierno acatamos su instrucción. Es complicado avanzar en un diálogo con las mayorías de las Comisiones Económicas cuando tenemos prioridades totalmente distintas. No es posible tener relaciones con aquellos que niegan la inversión social para nuestro pueblo, no podemos cohonestar con aquellos que no permiten avanzar en la reducción de la pobreza, el cierre de brechas y la transformación territorial. 

¿Qué impactos económicos proyectan que tendría la caída de la ley de financiamiento? 

Estimamos que la caída de 12 billones de pesos sobre la inversión pública del Gobierno ocasionaría la pérdida de más de 163.000 empleos y una posible desaceleración del crecimiento. Por lo anterior, el Gobierno está evaluando a profundidad las medidas por tomar para mitigar los impactos negativos.

¿Usted está de acuerdo con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)? 

Creo que no hay ciudadano que no esté de acuerdo con el fortalecimiento de la descentralización. Sin embargo, me preocupa que no se hayan definido las competencias primero, antes de fijar el alto porcentaje de transferencia a las regiones, teniendo en cuenta la alta inflexibilidad que presenta el presupuesto y el alto nivel de deuda del Gobierno Nacional Central. Además, me preocupa que se omitiera nuevamente a las territorialidades campesinas y negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras como beneficiarias del SGP. Igualmente, que se habilitara la destinación de recursos del SGP para funcionamiento, lo que podría afectar la inversión pública para el cierre de brechas en materia de educación, salud y agua.

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