‘El Gobierno debe hacer un esfuerzo serio por reducir el gasto de funcionamiento’

“Desde la Contraloría General de la República, manifiesto mi profunda preocupación por las decisiones que, en su conjunto, configuran un 'coctel peligroso' para las finanzas públicas del país”. Con estas palabras, el contralor Carlos Hernán Rodríguez reaccionó ante el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la suspensión de la regla fiscal por tres años.

Rodríguez es un abogado palmireño, especializado en derecho administrativo, magíster en derecho constitucional. En diálogo con este cronista para EL TIEMPO, el contralor afirmó que “la activación de la cláusula de escape y la suspensión de la regla fiscal no son hechos aislados: se suman a un presupuesto desbalanceado, a anticipos de renta que comprometen recursos futuros y a un creciente gasto inflexible. Esta medida puede generar un deterioro en la confianza y pone en tensión los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”.

El ministro dijo que, de no adoptarse esta medida, se habría puesto en riesgo tanto la estabilidad como el crecimiento económico. ¿Qué le parece?

Más allá del argumento técnico que pueda esgrimir el Gobierno, la estabilidad y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal. Como órgano de control, alertamos sobre el riesgo de mantener un modelo de gasto público que no ha sido ajustado estructuralmente y que, en lugar de responder a criterios de eficiencia, sigue generando presiones insostenibles sobre el presupuesto. La falta de acción sobre los gastos de funcionamiento compromete el crecimiento futuro más que la propia aplicación de la regla fiscal.

El ministro Ávila explicó que se activó la cláusula de escape de la regla fiscal…

La cláusula de escape es un instrumento excepcional contemplado en la ley, su uso ocurrió en la pandemia y ahora de nuevo. Este debe ir acompañado de medidas claras y certeras para regresar al marco de la regla fiscal. Desde la Contraloría, insistimos en la necesidad de presentar una hoja de ruta coherente que evite que esta herramienta se convierta en una vía permanente para el desbalance fiscal.

Según el ministro, la medida busca proteger la inversión social y evitar recortes que agraven la coyuntura actual…

La Contraloría es clara: la inversión debe protegerse y priorizarse, pero eso no puede justificar una expansión del gasto sin respaldo en ingresos permanentes ni una evasión del ajuste estructural que el país requiere. Lo que hemos planteado es que, antes de considerar una nueva reforma tributaria, el Gobierno debe hacer un esfuerzo serio por reducir el gasto de funcionamiento, revisar subsidios ineficientes y controlar pasivos acumulados que presionan el presupuesto nacional. Hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente endilgar a diferentes actores la falta de seriedad en el manejo de las finanzas públicas.

¿Por qué afirma usted eso?

Esto lo expreso con profunda preocupación, porque no quiero pensar que el día de mañana, en el momento de llegar a mayores dificultades, vayan a decir que la Contraloría pasó como un ente que no cumplió con su labor misional, porque lo hemos hecho y de manera oportuna. Por eso, más allá de proteger el gasto social, hacemos un llamado a la sensatez y a la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Uno de los temas más importantes del debate nacional actual tiene que ver con la regla fiscal, que es una norma que obliga al Gobierno Nacional a cumplir con un nivel de déficit fiscal (diferencia entre los ingresos y los gastos) en una vigencia que depende del nivel de deuda que se haya presentado en el año anterior. Y el debate fundamental consiste en si es o no excesivo el endeudamiento del Gobierno.

¿El nivel del endeudamiento del Gobierno tiene límites?

Si el Gobierno Nacional, al finalizar el año, tiene un nivel de endeudamiento importante, en el siguiente período tiene que “apretarse el cinturón” con un nivel de déficit inferior o incluso con la generación de superávits.

¿Qué significa “apretarse el cinturón? ¿Es una solicitud de inmediata aplicación?

En este contexto, significa que en el año siguiente debe disminuir el déficit o generar superávit, y esto se logra ya sea aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos, o ambas cosas al mismo tiempo. La regla fiscal contempla que se haga el ajuste en el año inmediatamente siguiente.

¿Qué es la llamada “cláusula de escape” de la regla fiscal?

La cláusula de escape le permite al Gobierno hacerle el “quite” temporal a la regla fiscal, esto es, que independientemente del nivel de la deuda, el Gobierno no está obligado a disminuir el déficit o la generación de superávits. O lo que es lo mismo, no está obligado a hacer ajustes en los ingresos o los gastos. Si bien la cláusula de escape está contemplada en la normatividad vigente (parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2155 de 2021), esta debe estar justificada por eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país, situaciones que parecen no presentarse actualmente.

Según expertos, la llamada cláusula de escape le da al Gobierno una especie de cheque en blanco para endeudarse hasta por tres años. Eso ha provocado una alerta nacional. ¿Se justifica la alarma?

Es importante precisar varios elementos con el fin de dar un panorama completo y equilibrado sobre este tema. Si bien es cierto que la cláusula de escape libera al Gobierno Nacional de cumplir con una meta de déficit fiscal, esto no significa que pueda expandir el gasto público y los niveles de deuda, ya que existen otros mecanismos de planeación presupuestal y fiscal que deben tenerse en cuenta. Entre estos, tenemos el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que traza la ruta de las finanzas públicas de los siguientes 10 años y muestra la estrategia fiscal que debe seguir el Gobierno Nacional.

¿En el marco de este instrumento de planeación se debe presentar y aprobar un presupuesto general que refleje qué?

Que refleje de la manera más realista posible las proyecciones de ingresos y gastos ajustados al comportamiento de la economía y sujetos a las limitaciones estructurales de las finanzas del Estado. Es en el presupuesto general en donde se debe reflejar la mesura y prudencia fiscal y, de esta manera, evitar la asunción de niveles de deuda que puedan ser demasiado onerosos para las finanzas públicas y que atenten con su sostenibilidad a mediano y largo plazo.

Contralor Rodríguez, en su criterio técnico y legal, ¿qué significa la suspensión de la Regla Fiscal?

Lo que denominan suspensión de la regla fiscal, para mí, significa una pausa y modificación temporal de las exigencias de las metas de déficit fiscal que debe cumplir el Gobierno Nacional Central en 2025 y los años subsiguientes, de acuerdo con la Ley de la Regla Fiscal. Pero esta suspensión o activación de la cláusula de escape solo lo puede hacer un gobierno cuando ocurran eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. En otras palabras, ello significa que el Gobierno, bajo la coyuntura que motive la activación de esta cláusula, podrá tener metas de déficit fiscal más altas que las estipuladas inicialmente en la ley.

¿Pero entonces la regla fiscal a qué obliga?

Es que la regla fiscal, de todas maneras, obliga al Gobierno Nacional a establecer un plan realista y concreto para volver a cumplir con las metas fiscales que establece la misma. En este punto, la Contraloría estará atenta a analizar y comentar sobre este plan, con el fin de determinar su suficiencia y pertinencia y que volvamos a retomar la disciplina fiscal requerida en las finanzas públicas.

La regla fiscal actúa como límite para evitar que los gobiernos se endeuden en exceso. ¿Ese riesgo existe en este momento?

Efectivamente, la regla fiscal busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y ello lo expresa poniendo límites de deuda. Es así como la Ley de la Regla Fiscal estableció que el límite de deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) es igual a 71 por ciento del PIB y el ancla de deuda es igual a 55 por ciento del PIB. Para 2024, la deuda neta del GNC fue equivalente a 59,3 por ciento del PIB, lo que indica que estamos cerca de 10 puntos básicos para llegar al límite establecido, y en ese sentido, efectivamente se levantan las alertas del riesgo de que en un futuro cercano no tenga espacio fiscal un gobierno, y no se puede perder de vista la búsqueda de la sostenibilidad fiscal.

¿Pero entonces qué puede suceder?

Puede suceder que una caída del recaudo obligue al Gobierno a recortar el gasto para cumplir con el PF y la regla fiscal o intente ejecutar el presupuesto, y dado el menor recaudo, genere un mayor déficit fiscal y un aumento de la deuda, alejándola del ancla o nivel prudencial del 55,0 por ciento del PIB.

¿Cree que se puede originar un manejo más discrecional del gasto público?

En este sentido, hay que precisar, en primer lugar, que tanto los ingresos como los gastos que el Gobierno realiza en una vigencia, por normatividad, deben estar contenidos en el Presupuesto General de la Nación, y este corresponde generalmente a una ley que aprueba el Congreso de la República.

En segundo lugar, el gasto que realiza un gobierno cada año se ciñe al cumplimiento de la normatividad, y en ese sentido, en la actualidad y desde hace mucho tiempo, el gasto público que se ejecuta a través del Presupuesto General de la Nación es altamente inflexible (Sistema General de Participaciones-SGP, deuda, gastos de personal, subsidios, salud, pensiones, entre otros) y, como todos lo saben, la discrecionalidad se reduce en gran medida al gasto de inversión. En ese sentido, considero, aún sin conocer con exactitud el pronunciamiento del Gobierno y los detalles que motivarían la cláusula de escape, que el Gobierno no llevará el gasto en 2025 más allá de lo ya aprobado en esta vigencia.

¿La Contraloría ha iniciado una vigilancia especial o preventiva sobre los recursos que se ejecutarán bajo este nuevo escenario sin la regla fiscal?

En el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la Contraloría General de la República siempre está en su labor misional de vigilancia y control de los recursos públicos, ya sea en el recaudo de las fuentes de ingreso o en la ejecución de los gastos. No obstante, en la medida que se incluyan nuevos recursos, la CGR hará su seguimiento buscando que la ejecución del gasto público sea cada vez más eficiente.

¿Qué mecanismos de control y advertencia tiene hoy la Contraloría para frenar un posible uso político del gasto público?

La Contraloría estará en permanente vigilancia de la ejecución del gasto público.

El presidente Petro anunció la convocatoria de una consulta popular para someter a votación las reformas que ha propuesto y que el Senado no aprobó. ¿Cuál será el costo de la consulta? ¿De dónde saldrán los recursos?

El costo de la consulta popular estaría entre 700.000 y 750.000 millones de pesos. Por ser un acto del Gobierno Nacional Central, los recursos para una consulta popular deben estar en el Presupuesto General de la Nación y asegurados por el Estado a través de fondos asignados a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Como ve la Contraloría General la actuación del Gobierno frente al gasto público?

Hay que tener un gasto público con el nivel requerido y con la debida focalización para que genere los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO