Si usted tiene un gato y vive en España o planea irse a vivir a este país del continente europeo con su mascota, debe saber ciertas reglas que se le exigen a todo tutor de estos felinos.
Recientemente, el gobierno español emitió una advertencia formal a los tutores de gatos, teniendo en cuenta la ley 7/2023 que establece normativas sobre la protección y los derechos de los animales.
Una de estas disposiciones conlleva obligaciones que si no son acatadas por el ciudadano, puede traer como consecuencias infracciones que superen los 200 mil euros, que en pesos colombianos equivale a aproximadamente 918 millones.
El punto central de esta ley es la identificación de estas mascotas con un dispositivo especial. Se trata de ponerles un microchip, así como ya sucedía con los perros.
Si vive con un gato, esté atento a lo que debe hacer. Foto:iStock
Sin importar la comunidad autónoma en la que resida el humano y el gato, este animal debe contar con su microchip, que no es una recomendación, sino una exigencia del gobierno.
En un pasado, lo que se exigía era una completa cartilla de vacunación; sin embargo, los planes actuales buscan que las leyes unifiquen los criterios de protección animal en todo el país. Esto con el objetivo de que no haya disparidades entre las diferentes comunidades.
La implantación de este mecanismo de identificación se hace de manera subcutánea, o sea bajo la piel del animal. Este dispositivo electrónico cuenta con un código único de 15 dígitos que debe estar vinculado con los datos del gato y de su cuidador.
El uso del microchip en animales de compañía es obligatorio. Foto:ISTOCK
¿Cuándo le debe poner el sistema de identificación a su gato?
De acuerdo con las disposiciones del gobierno español, el procedimiento se debe llevar a cabo antes de que la mascota cumpla sus tres meses de edad. A pesar de ello, existen excepciones que hacen que el tiempo límite se pueda extender hasta los seis meses.
La Ley de Bienestar Animal establece que si tiene un gato sin su elemento de identificación, puede enfrentarse a sanciones administrativas y económicas que van entre los 50.000 y los 200.000 euros. Esto supone que la multa más baja estaría en alrededor de 229 millones de pesos colombianos.
MARIANA SIERRA ESCOBAR
EQUIPO ALCANCE DIGITAL
EL TIEMPO