¿Dónde están y qué puede pasar con los 184 billones de pesos que el Estado tiene ‘quietos’ en su presupuesto?

A poco más de tres meses de terminar el año, las entidades estatales de todas las ramas del poder de Colombia tienen sin comprometer, es decir pendientes de usar y sin destino claro, un total de 184,7 billones de pesos que corresponden a casi el 40 por ciento de los recursos aprobados para ellos en el Presupuesto General de la Nación.

La cifra, de acuerdo con lo consignado en el Portal de Transparencia Económica (PTE), ha generado inquietud entre la opinión pública toda vez que se convierte en un nuevo indicador de la baja ejecución por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y que ha sido uno de los aspectos más criticados de la actual administración desde el 7 de agosto de 2022.

Pero no solo eso. Expertos consultados por este medio han desatado las alarmas frente a la posibilidad de que esos recursos, por no ejecutarse, sencillamente queden en el limbo y se afecten las metas estatales planteadas a comienzos de este año.

Los datos que muestran ese alto porcentaje de dinero sin comprometer fueron revelados inicialmente a través de redes sociales por el concejal Daniel Briceño y conocidos por EL TIEMPO. 

El cabildante de la oposición señaló que el dato equivale a por lo menos “tres reformas tributarias” y que si se utilizaran “no se requeriría” tramitar otra de éstas iniciativas en el Congreso de la República.

EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio de Hacienda para consultar por qué ese dinero aún no ha sido ejecutado.

Desde esa cartera respondieron que si bien hay casi 185 billones de pesos que no han sido comprometidos su ejecución se dará durante lo que queda del año y se acelerará en diciembre cuando empezarán los pagos de primas y otros temas similares.

Además, fuentes de esa cartera señalaron que mes a mes se hace el balance y se gira el dinero según los soportes.

¿Dónde están los recursos?

De acuerdo con la información consignada en el Portal de Transparencia Económica, seis de las 10 entidades que tienen la mayor cantidad de recursos sin comprometer son ministerios o dependientes de alguna de las carteras del ejecutivo.

De ellas, el primer lugar lo ocupa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, con corte al lunes 16 de septiembre de este año, no tenía destino claro para 27,2 billones de pesos, lo que equivale al 58 por ciento del total de su apropiación para este año  46,4 billones de pesos. 

En segundo lugar aparece el Ministerio de Trabajo, que hasta la fecha de corte de esta información tenía ‘quietos’ recursos por valor de 24,8 billones de pesos que corresponden al 64 por ciento de los 38,6 billones asignados para la vigencia 2024.

Llama la atención que el alto monto de recursos sin destinación de esas dos carteras se ve reflejado en un bajo nivel de ejecución presupuestal durante este año 2024. 

Si bien no son las de más bajo desempeño en cuanto al uso de sus recursos disponibles, su ejecución no llega al 40 por ciento a esta altura del año. En total, Minhacienda presenta un porcentaje de 36 por ciento mientras que Mintrabajo aparece con apenas 35 por ciento.

Seis de las 10 entidades que tienen la mayor cantidad de recursos sin comprometer son del Ejecutivo.

En el tercer y cuarto lugar de entidades con mayores recursos por comprometer están los ministerios de Educación y Salud que debido al abultado monto presupuestal que manejan y sus funciones particulares, son dos de las entidades que mejor ejecución presupuestal tienen actualmente en el Gobierno, con porcentajes del 63 y 69 por ciento respectivamente.

En el caso del Ministerio de Educación, aparecen en el PTE recursos sin comprometer por valor de 21 billones de pesos. Es decir, el 34 por ciento de su apropiación vigente por 62 billones. 

Y en el Ministerio de Trabajo el dinero que no se ha usado asciende a 14.8 billones de pesos, un 25 por ciento de los 59.5 billones de pesos disponibles para este año.

Vea en esta gráfica las 10 entidades que más dinero tienen por comprometer de la apropiación presupuestal que se les asignó para este 2024 

Los datos oficiales de presupuesto revelan un caso que llama la atención y es el de la Agencia Nacional de Tierras, que no solo es una de las de menor ejecución en el sector estatal sino que además tiene uno de los mayores porcentajes de recursos sin usar de las 10 que encabezan el listado.

Según las cifras del PTE, esta entidad, encargada entre otras de garantizar el acceso a la tierra y legalizar terrenos baldíos, no ha usado el 61 por ciento de sus recursos, tasados en 5.2 billones de pesos y a casi tres meses de terminar el año ha ejecutado apenas el 8,2 por ciento de su apropiación.

La base de datos muestra también el caso de una entidad que no ha comprometido ni un solo peso de su presupuesto y que, por lo tanto, tiene su porcentaje de ejecución en ceros. 

Se trata de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte, que a la fecha no tiene destinación clara de su asignación para la vigencia 2024 de 1.330 millones de pesos.

De acuerdo con la normatividad vigente, esta Comisión es la encargada de promover la competencia en el sector del transporte, evitar monopolios, garantizar los estándares de calidad del servicio, fijar tarifas y “servir de instancia de resolución de conflictos entre los actores del sector”.

También se destaca que solo hay una entidad estatal que ha utilizado el 100 por ciento del dinero que se le destinó para la vigencia presupuestal del año 2024. Se trata del Consejo Nacional Electoral que, tal como lo muestran los datos del PTE, ya tiene comprometido el 100 por ciento de su asignación de 1.897 millones de pesos. 

¿Qué dicen los expertos?

EL TIEMPO se comunicó con César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, para saber qué pasaría si no ejecutan los recursos.

El abogado inició asegurando: “El Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone expresamente que el presupuesto es anual, por lo que los saldos no afectados al cierre del año caducan. Igualmente indica que las apropiaciones incluidas en el presupuesto general expiran después del 31 de diciembre de cada año, por lo que no pueden comprometerse, adicionarse o transferirse”.

Además, señaló que la inversión estatal sirve para dinamizar la economía y para materializar las políticas sociales del Gobierno, por lo que una menor ejecución implica un menor cumplimiento de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

“Recordemos que hay dos escenarios en los cuales el Gobierno puede saltarse el principio de anualidad, pero requieren de su accionar, esto son las vigencias futuras y las reservas constituidas para sufragar gastos que no se pudieron pagar en la respectiva vigencia. Estos rubros se considerarán como presupuesto ejecutado, por lo que no serían realmente el problema. Lo dañino será que, como el año pasado, el Gobierno deje de ejecutar una parte del presupuesto, pues al no encontrarse comprometido, no podrá hacer uso de este monto”, afirmó Cermeño.

Y finalizó diciendo: “En un escenario de baja ejecución, el Ministerio de Hacienda verá incentivos para reducir el presupuesto de las entidades con baja ejecución y el excedente deberá volver a surtir un proceso de planeación y asignación. Es decir, los programas sociales y las inversiones propuestas deberán ser sometidas nuevamente al proceso presupuestal con la esperanza de que el siguiente año sean ejecutadas”.

MARIA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE Y RAFAEL QUINTERO CERÓN

Redacción Política y Unidad de Datos de EL TIEMPO