Dina Boluarte, los escándalos que tienen a la presidenta más impopular de Perú ante la presión de ser destituida

El 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte apareció enfundada en un traje amarillo y con una mirada decisiva juró como la primera mujer en ejercer el cargo presidencial en la historia de Perú. Más allá del simbolismo, su ascenso se dio en medio de un incendio al rojo vivo: el autogolpe fallido del entonces mandatario Pedro Castillo y quien hasta entonces le sirvió como fórmula vicepresodencial. En cuestión de horas, el Congreso lo sacó por la puerta de atrás mientras que Boluarte entró de frente en medio aplausos.

En la sala plena del Legislativo su mensaje fue claro: un llamado a la unidad política, a la defensa de la democracia y a la lucha contra los males crónicos del país, la inseguridad y la corrupción.

Hoy, casi tres años después, aquel flamante momento en el que se convirtió en la imagen de la defensa de la democracia terminó siendo un destello del anhelo de sacar al país de un terremoto político que desde hace siete años ha sacado del cargo a seis jefes de Estado.

Y, pese a ser la que más tiempo se ha mantenido en el cargo desde entonces, Boluarte se encamina a dejar un legado igual -o peor- que el de sus antecesores.

El apoyo a Dina Boluarte ha llegado al cero absoluto

La presidenta no solo enfrenta un cúmulo de escasos resultados en su gobierno, sino un nivel de desaprobación que rompe con todos los precedentes.

En 2023 su apoyo ya rondaba el nueve por ciento. Desde entonces, el respaldo cayó en picada. Según una encuesta publicada el 12 de mayo por Ipsos, la mandataria cuenta con un apoyo del dos por ciento que incluso llega al cero absoluto en el norte del país.

Esto la convierte en la mandataria con menos aprobación desde que se tienen registros en el país, hace 40 años, y la peor calificada en América Latina.

La cifra es tres veces peor a la alcanzada por Alan García en su primer mandato (1985-1990). También supera la marca de Alberto Fujimori en su segundo periodo (1995-2000) de 9 %; o la de Alejandro Toledo en 2004, del 7 %.

Mientras que en el Congreso, donde ya le han intentado sacar más de media docena de veces, Boluarte sobrevive más por la falta de una oposición clara que por méritos propios. Esto aun cuando la líder carece de una bancada propia tras retirarse de Perú Libre.

La paradoja es que hoy la mandataria se mantiene gracias al apoyo de las bancadas que una vez se opusieron a ella, como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso (APP).

“Las bancadas que pretendían inhabilitarla hace 2 años han sido sus principales aliados para sostenerla y es un gobierno sumamente sometido al Congreso. Lo que el Congreso ha pretendido, el Ejecutivo se lo ha otorgado”, le dijo a EL TIEMPO Jeffrey Radzinsky, analista político y director de la consultora de asuntos públicos Grupo Fides.

Y, si bien Boluarte ha logrado resistir, la gobernabilidad se ha visto erosionada por la alta rotación en un gabinete ministerial convertido en puerta giratoria. En menos de tres años, la presidenta ha tenido que reorganizar su equipo en cuatro ocasiones. La más reciente ocurrió el 13 de mayo, con la salida del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien enfrentaba una moción de censura con respaldo mayoritario.

¿A qué se debe esta impopularidad? Los escándalos que manchan su mandato

Desde que asumió las riendas del país, Boluarte ha enfrentado el escarmiento social. En el primer día de su mandato Perú vivió masivas protestas por tres meses en las que, según Amnistía Internacional, las autoridades implementaron un uso excesivo de la fuerza.

La Defensoría del Pueblo registró que los violentos enfrentamientos dejaron 67 personas muertas, más de 1.800 heridos y 600 detenidos.

De estos, la Fiscalía de Perú reconoce que 75 fueron víctimas "del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados".

Bajo ese contexto, el jueves, el ente judicial peruano presentó una denuncia constitucional contra Boluarte como presunta autora de los delitos de lesiones graves y leves de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023.

El llamado de los manifestantes era a adelantar las elecciones generales, un discurso que la misma Boluarte y el Congreso mantuvieron durante los primeros meses, pero que rápidamente fue descartado, algo que no caló bien en la ciudadanía.

Para Radzinsky, esto es muestra de “una pésima pericia política la presidenta Boluarte, que desaprovechó una oportunidad importante cuando asumió el cargo engañando a la ciudadanía bajo la promesa de un adelanto de elecciones”.

“Y el problema no es que culmine el mandato, porque hay marco constitucional para ello -matiza el experto-, el problema son las expectativas que generó y la farsa que se montó respecto de una propuesta que no tenía intención real”.

Desde entonces, las cosas solo han empeorado para la mandataria y los escándalos se apoderaron de la agenda. En marzo de 2024 se conoció que Boluarte lució al menos 17 relojes de lujo sin ser declarados en su patrimonio. Aunque declaró que eran "préstamos de un amigo", la Fiscalía abrió una investigación preliminar, acompañada de un allanamiento a su domicilio y oficina.

El siguiente golpe vino en mayo de ese mismo año, cuando la fiscalía capturó a su hermano, Nicanor Boluarte, en medio de investigaciones de una presunta red de tráfico de influencias y favores políticos, mientras que su abogado personal, Mateo Castañeda, fue acusado de intentar interferir en investigaciones a cambio de favores.

Y su más reciente y gran escándalo es la cirugía estética no notificada a la que se sometió Boluarte en junio de 2023. Boluarte argumentó que esta fue por motivos “imprescindibles” para su salud.

Por esto, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo, pues durante ese tiempo el país estuvo sin jefe de Estado.

Además, en plena recuperación, la presidenta habría firmado un decreto, algo que no concuerda, pues ella estaba con los ojos vendados y no recibió visitas en la clínica, según lo corroboró su cirujano Mario Cabani.

“Y eso es lo que se discute, si es que incurrió en faltas más graves que sí implican delito. No por el hecho de que se someta a una operación, sino por no haber notificado adecuadamente y ante la gran posibilidad de que se hayan fraguado firmas en sesiones que no presidió”, dice el periodista peruano César Campos.

A esto se suma que Cabani desmintió que las intervenciones fueran por motivos de salud. Para el analista político peruano José Carlos Requena, esto podría llegar a considerarse como un “delito de falsedad genérica”.

Y es que, más allá de su impopularidad, los intentos por sofocar sus propios escándalos dejaron cicatrices en el país.

En materia económica, Perú registró una pobreza monetaria del 31,3 % el año pasado, un aumento de más del 4 % comparado con 2022 (27,5 %). Esto ha llevado a que 1,9 millones de personas enfrenten la pobreza extrema, unas 900.000 más que cuando Boluarte asumió, según cifras oficiales.

En seguridad la situación también es crítica. En 2024 Perú llegó a 2.011 homicidios, la cifra más alta en 8 años. Y según los últimos datos oficiales, se han registrado 475 asesinatos hasta el 18 de marzo, lo que equivale a un promedio de un asesinato cada cuatro horas.

A esto se suma el asesinato de 13 mineros y el criticado trámite de aumento de sueldo a Boluarte, que pasaría de 16.600 soles a 35.568 soles, es decir, un aumento de 18 millones de pesos colombianos a más de 40 millones.

Por ello, analistas proyectan que su periodo, que concluye el 28 de julio de 2026, podría cerrarse de la misma forma en que empezó: en medio de tensiones, fracturas institucionales y un creciente distanciamiento entre el gobierno y la sociedad.

Esto, considerando que incluso alcance a terminar su mandato, pues aún se tramita una nueva moción de vacancia argumentando incapacidad moral.

La gran incógnita: ¿podrá Dina Boluarte sobrevivir hasta terminar su mandato?

En este complejo panorama para Perú que pone a Boluarte en el ojo del huracán, la gran incógnita es si podrá terminar su mandato en 2026.

“Es un gobierno que no tiene bancada oficialista, pero tampoco tiene oposición”, dice Radzinsky al recordar el paradójico respaldo de las bancadas otroras opositoras de Boluarte que han permitido a la mandataria tener un amplio margen de ventaja ante las mociones.

Mientras que, para Requena, la continuidad de Boluarte se puede explicar por una conveniencia del Congreso que conoce la débil posición de la mandataria.

“El Congreso prefiere sostenerla a toda costa porque, entre otras razones, prefiere no perder el poder que tiene acumulado al tenerla sometida y poder bajarle el dedo en cualquier momento”, cuenta.

Sin embargo, ambos analistas traen a colación un componente clave: las campañas presidenciales a la vuelta de la esquina.

“A medida que comience la campaña electoral -cuenta Radzinky-, se generarán también mayores incentivos en el Parlamento. Es decir, será rentable políticamente ser más opositor y ser más crítico con una presidenta tan repudiada por la ciudadanía”.

“Entonces, hoy no tienen los 87 de los 130 votos para sacarla, pero tiene más oposición que hace unos meses y yo creería que eso va a aumentar”, agrega el analista, quien de todos modos no se atreve a predecir si logrará ser suficiente para sacarla del cargo.

Ante este escenario, Requena destaca que cualquier cosa, como otro escándalo, podría ser la gota que derrame el vaso. “Este es un paciente al que hay que medir la temperatura constantemente”, explica.

Lo que sí parece claro para los analistas es que en 2026 el descontento ciudadano se traducirá en las urnas, con un giro posible hacia figuras de los extremos políticos, alimentado por la desconfianza hacia las fuerzas tradicionales que han sumido al país en años de inestabilidad.

En cuanto a Boluarte, su salida del poder no marcará un cierre, sino el inicio de un capítulo aún más incierto: el fin de su inmunidad abrirá paso a una serie de investigaciones fiscales que podrían llevarla a los tribunales. En un país donde la justicia ha demostrado no titubear al momento de encarcelar expresidentes, el desenlace podría estar ya en marcha.

Santiago Andrés Venera Salazar - INTERNACIONAL - EL TIEMPO