Detienen en Panamá a exmilitar acusado del homicidio de un sacerdote colombiano hace 50 años: esto se sabe del caso

La policía panameña detuvo este viernes a un exmilitar prófugo desde 1994 por el homicidio del sacerdote Héctor Gallego en los años 1970, durante el régimen del líder nacionalista Omar Torrijos, informó la institución y medios locales.

La detención se realizó en la provincia de Chiriquí, en el suroeste del país y cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la Policía en un comunicado publicado en Instagram.

Aunque las fuerzas de seguridad no detallaron el nombre del detenido, medios locales informaron que se trata de Eugenio Magallón, prófugo desde hace tres décadas tras ser condenado a 15 años de cárcel por el homicidio del sacerdote colombiano Héctor Gallego, crimen ocurrido en 1971.

Magallón mantiene "una condena de 15 años de prisión por el delito de homicidio" de Gallego, señaló la policía panameña.

El año pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN, Fiscalía) de Panamá reabrió la investigación por la desaparición de Gallego, "después de 31 años de estar cerrada la causa".

La decisión se tomó "basada en las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera al Estado Panameño", indicó la PGN en un comunicado en ese entonces.

¿Cuándo sucedió la desaprición del sacerdote Gallego?

La PGN recordó que estos hechos se dieron en el norte de Santa Fe, en Veraguas, "un 9 de junio del año 1971, cuando el padre desaparece de su residencia de manera forzada, y no se conoce más de su paradero".

Por su desaparición, ocurrida en el régimen del general Omar Torrijos -muerto en un accidente aéreo en 1981- se juzgó en 1993 y condenó a 15 años de cárcel al excoronel Nivaldo Madriñán, al excapitán Melbourne Constantino Walker Nevans y al exteniente Eugenio Nelson Magallón Romero, este último prófugo.

Gallego, nacido en un pequeño pueblo del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) en 1938 y desaparecido en 1971, llegó a Panamá con una misión concreta: dignificar a los explotados campesinos, lo que enseguida le enemistó con los terratenientes de la zona, que le acusaron de comunista y entre los que había familiares lejanos del general Omar Torrijos.

El religioso fue secuestrado por soldados el 9 de junio de 1971 durante el régimen militar de Torrijos, el líder nacionalista que firmó con el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, los tratados por los que Estados Unidos entregó a los panameños el canal de Panamá, en 1999.

Algunas versiones señalan que el sacerdote, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, habría sido torturado y lanzado al mar desde un helicóptero.

Héctor Gallego es una de 110 víctimas identificadas oficialmente por una comisión de la verdad que investigó la dictadura panameña, que comenzó en 1968 con un golpe militar y acabó en 1989 con una cruenta invasión de Estados Unidos, aunque se cree que hay bastantes más desaparecidos.

Edilma, una de las hermanas del misionero, aseguró en su momento a Efe que su asesinato fue una "conspiración del poder" y que los militares panameños hicieron ver al Gobierno colombiano de entonces que Gallego era un guerrillero que quería armar a los campesinos para que no reclamaran responsabilidades.

La mujer lleva más de dos décadas residiendo en Panamá en su afán de buscar darle sepultura a su hermano, cuyos restos nunca han sido encontrados.

El Estado de Panamá se comprometió a pagar poco más de 11 millones de dólares a 15 víctimas de la dictadura militar (1968-1989), según lo establecido por la CIDH y aceptado por las partes en un acuerdo de solución amistosa, según informaron en 2022 fuentes oficiales.

El Ejecutivo panameño "se comprometió y autorizó como parte de la deuda nacional, la indemnización de 15 víctimas descritas en el punto 3 del Acuerdo de Solución del caso 13.017-C admitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reconociendo la responsabilidad sobre los hechos ocurridos a las víctimas", dijo un comunicado oficial de la Contraloría de Panamá.

El pago fue decretado "conforme a los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la indemnización de víctimas apresadas, maltratadas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas".

En un informe de solución amistosa del caso 13.017C, emitido en junio de 2019, la CIDH explicó que el proceso fue planteado en octubre de 2003 por el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG) y del Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI).

*Con información de AFP y Efe.