Detienen a colombiana a la que le negaron la visa y vivió más de 20 años en Estados Unidos con una identidad falsa: votó y cobró subsidios

Lina María Orovio Hernández, una inmigrante colombiana, fue detenida en Boston a principios de 2025 tras descubrirse que vivió en Estados Unidos más de dos décadas utilizando una identidad falsa. 

A pesar de que en 2003 le fue negada una visa para ingresar legalmente, la mujer entró ilegalmente ese mismo año y adoptó la identidad de una ciudadana puertorriqueña, con la que consiguió documentos oficiales como una licencia de conducir, un pasaporte estadounidense y una identificación REAL ID.

Descubrimiento y detención

La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando Orovio solicitó un nuevo pasaporte y el Departamento de Estado detectó una discrepancia entre sus datos y una solicitud de visa previa. 

Tras cotejar sus huellas dactilares con registros colombianos, las autoridades confirmaron su verdadera identidad. 

En febrero de 2025, agentes federales irrumpieron en su domicilio en Boston para detenerla, ya que se negó a abrirles la puerta.

Delitos y fraude millonario

Durante los más de 20 años con identidad falsa, Orovio Hernández cometió varios delitos. 

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recibió un total de aproximadamente 404 mil dólares en beneficios públicos: 

Además, votó ilegalmente en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Cámaras de seguridad en Massachusetts la captaron con un sticker de “yo voté” tras emitir su voto.

La fiscal federal Leah B. Foley afirmó que Orovio “construyó toda una vida sobre los cimientos de una identidad robada, lo que incluye votar ilegalmente y cobrar cientos de miles de dólares en prestaciones destinadas a ciudadanos estadounidenses necesitados”.

Cargos y posibles sanciones

Orovio enfrenta cargos federales que incluyen falsa representación de un número de Seguridad Social, declaración falsa en solicitud de pasaporte, usurpación de identidad agravada, recepción ilegal de fondos gubernamentales, inscripción fraudulenta en el censo electoral y votación ilegal.

Las penas previstas varían: hasta cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares por uso indebido del número de Seguridad Social.

Hasta diez años de cárcel y la misma multa por declaración falsa en solicitud de pasaporte; y hasta diez años más con multas que podrían duplicar el monto robado por el fraude a programas gubernamentales.

La Nación (Argentina) / GDA. 

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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.