¿Cuáles serían las consecuencias de sacar el Presupuesto General de la Nación del 2025 vía decreto?

Ya pasó el 20 de octubre —fecha límite por ley— pero en Colombia no hay Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso debido a la negativa de una gran parte de los representantes y senadores de darle luz verde a uno de 523 billones de pesos para el próximo año, de los cuales 12 son inciertos porque dependerían de la aprobación de una reforma tributaria. 

Si bien el equipo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, trabaja para que en las próximas semanas este salga vía decreto, algo que permite la propia Constitución en estos casos, esta forma de tramitación del Presupuesto podría traer consecuencias, según diferentes expertos.

De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, liderado por José Mauricio Salazar, el primer problema gira en torno a las dificultades en la gestión presupuestal que podría llegar a tener el Gobierno el próximo año.

El experto explica que el presupuesto consta de tres partes: ingresos, gastos y disposiciones generales y que estas últimas son una serie de normas de carácter legal que tienen el objetivo de garantizar la ejecución del presupuesto de gastos, las cuales rigen únicamente durante el año fiscal para el que se expidan.

“Cuando el presupuesto es aprobado por decreto y en este se incluyen las correspondientes disposiciones generales el ejecutivo no podría darse facultades así mismo que son de competencia exclusiva del Congreso. En caso de que esto ocurra, podría estar contradiciendo normas constitucionales y legales que pueden generar demandas futuras que busquen tumbar el decreto”, asegura.

Desbalance del Presupuesto

El segundo problema gira en torno al desbalance que tendría el Presupuesto el próximo año con ese faltante inicial de 12 billones de pesos que prevé el Gobierno. Incluso, otros expertos como Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, consideran que los riesgos de financiamiento podrían ser mayores y llegar a los 26,6 billones de pesos.

Una opinión similar tiene Richard Francis, analista para Colombia de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, quien hace unas semanas dijo que de llegar a aprobarse una tributaria no se solucionarían los problemas porque el faltante sería mayor. “Incluso si se obtienen los 12 billones de pesos (de la reforma) creemos que todavía habría un hueco”, opinó.

O José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, quien le dijo a este medio que el Presupuesto tiene unas fuentes de ingresos “muy inciertas” por lo que no debería aprobarse por 523 sino por 500 billones de pesos, es decir, 23 menos. “No solo es la Ley de Financiamiento que pensamos que no recaudaría 12 sino 6 o 7 billones de pesos, sino también hay cuentas muy optimistas en términos de gestión de la Dian por 14 billones de pesos y 5 billones más por recursos de capital”, señaló.

El problema es que como no hay ambiente para aprobar dicha ley en el Congreso —la plenaria ni si quiera logró ponerse de acuerdo para el monto— lo más probable es que al Gobierno le sea difícil sacar adelante una tributaria. Esto, según el propio ministro Bonilla, haría que se tomen medidas inmediatas.

"Si no hay decisión sobre la ley de financiamiento, el 2 de enero habría que hacer un aplazamiento de presupuesto y ya el Gobierno decidiría de dónde", sentenció en una entrevista con EL TIEMPO.

Para César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, extender más la aprobación del presupuesto aumenta la incertidumbre, particularmente en lo que respecta al monto global. “Si se aprueba un presupuesto de 523 billones de pesos, según nuestras proyecciones, sería necesario un ajuste cercano a 40 billones para cumplir con la regla fiscal, lo que agrava la situación de las finanzas públicas. Aunque esta situación es inédita, el retraso podría continuar, especialmente considerando que aún están en discusión la ley de financiamiento y el presupuesto de regalías”, sentenció.

En especial, Pabón dijo que esta situación se suma a otros proyectos “delicados” como el que avanza en el Congreso que busca aumentar la proporción de las transferencias que el Gobierno le gira a los departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Hay que recordar que este proyecto lo que busca es pasar las transferencias del 23,8 por ciento actual al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un período de diez años, algo que hasta la propia cartera de Hacienda ha asegurado que sería “insostenible”.

Castigo de la inversión pública

El tercer inconveniente tendría que ver con el castigo a la inversión pública. Como el Presupuesto no fue aprobado en primer debate, el decreto que saque adelante el Gobierno deberá ser igual a la propuesta radicada inicialmente ante el Congreso. Eso significa que sería de 523 billones de pesos, lo que representa un leve aumento de 3,9 por ciento frente a los 503 billones de pesos de este año.

De ese total, 327,9 billones de pesos irían para gastos de funcionamiento, un 6 por ciento más que lo reportado en este 2024; 112,6 billones se destinarían para el servicio a la deuda, un 19 por ciento más; y la inversión sería de 82,4 billones de pesos, lo que implica una caída de 17 por ciento frente a los 99 billones de pesos de este año.

“En el panorama actual, lo más probable es que el legislativo niegue la Ley de Financiamiento, lo que obligaría al Ministerio de Hacienda a recortar gastos el próximo año (tal como ocurrió este año y probablemente vuelva a ocurrir). En este contexto, dadas las rigideces presentes en el gasto de inversión, la caída de la inversión pública podría alcanzar los 28 billones de pesos, con consecuencias negativas para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso y el bienestar general. Otro punto problemático es que, en estas situaciones, el legislativo no tiene voz ni voto en qué gastos reducir, todo queda a criterio del gobierno de turno”, dicen del Observatorio Fiscal de la Universidad de la Javeriana.

En total, el sector que tendría mayores recursos el próximo año sería el de deuda pública, con 110 billones de pesos (21 por ciento), seguido de Educación, con 79 billones de pesos (15 por ciento); Salud y Protección Social, con 57 billones de pesos (13 por ciento); Defensa y Policía, con 59 billones de pesos (11 por ciento); y Trabajo, con 53 billones de pesos (10 por ciento).

De las 231 entidades analizadas por el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, 102 de ellas, es decir el 44 por ciento del total, mostrarían un aumento en su presupuesto para el próximo año; sin embargo, 129 (56 por ciento) presentarían una reducción.

Por el lado específico de la inversión, el informe encontró que 125 de 183 entidades analizadas sufrirían un recorte en el 2025 por un monto agregado de 24 billones de pesos. Los que tendrían mayores caídas para el próximo año serían el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), donde los recursos disminuirán 5,1 billones de pesos; la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que perdería 3,4 billones de pesos; y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), con 1,7 billones de pesos menos.

Después aparecen el Ministerio de Hacienda (-1,5 billones de pesos), el Fondo de las TICs (-1,4 billones de pesos), el Ministerio de Deporte (-0,9 billones de pesos), el Instituto Nacional de Vías (Invías) (-0,9 billones de pesos), el Ministerio de Minas y Energía (-0,5 billones de pesos) y el Ministerio de Educación (-0,5 billones de pesos).

Debido a la caída que tendría el presupuesto de inversión el próximo año, las regiones también tendrían que hacer un sacrificio. Los recursos que podrían utilizar los departamentos para programas sociales, infraestructura vial o educativa, entre otros, disminuirían un 16 por ciento hasta los 63,4 billones de pesos.

Debido a ello, serían 29 los departamentos que verían sus recursos de inversión caer el próximo año. La peor parte se la llevaría Sucre, con un descenso de 37,4 por ciento; seguido de Córdoba, que tendría una baja de 36,9 por ciento; y de Atlántico, de 32,6 por ciento.

Igualmente, presentarían caídas considerables los recursos de Putumayo (-32,4 por ciento), Meta (-31,3 por ciento), Cesar (-27,7 por ciento), Cundinamarca (-26,5 por ciento, Santander (-26,3 por ciento) y Antioquia (-25,5 por ciento).

Y solo cuatro de ellos tendrían un presupuesto mayor a este año. Bogotá sería el de mayor aumento, al pasar de 6,5 a 7,7 billones de pesos (+16,8 por ciento); le seguiría Vichada (+10,7 por ciento), Vaupés (+3,1 por ciento) y Bolívar (+2,6 por ciento).