Crisis de seguridad en el Catatumbo y Norte de Santander: 'crónica de una muerte anunciada' por líderes y defensores de DD. HH.

La situación de seguridad en Norte de Santander, y en particular en el Catatumbo, se ha convertido en una preocupación de proporciones alarmantes. Las cifras divulgadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades locales son un reflejo de la crisis humanitaria y social que atraviesa esta región fronteriza, que durante décadas ha sido azotada por la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

Según el CICR, en su último balance humanitario antes de la crisis, más de 1.250 personas fueron desplazadas de forma masiva, mientras que los desplazamientos individuales alcanzaron los 10.220 casos en el departamento durante el 2023. En los últimos cinco días, durante los cuales se han presentado violentos enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, la región ubicada entre Norte de Santander y Cesar suma 80 muertos y más de 11.000 desplazados.

Además, Norte de Santander ocupa la cuarta posición en casos de desaparición, con 16 reportes confirmados. Estas cifras son un testimonio del impacto devastador que tiene el conflicto armado en la vida de miles de familias.

La situación se agrava aún más con el aumento de homicidios. El Observatorio de Orden Público, Social y Político de la Gobernación de Norte de Santander reportó 516 homicidios en 2024, una tendencia que, con la excepción de tres años (2014, 2015 y 2022), ha superado los 500 homicidios anuales en la última década.

En Tibú, epicentro de la violencia en el Catatumbo, la presencia del Estado es limitada. La Policía permanece resguardada en las estaciones por temor a ser atacada, y desde el asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas en 2021, no hay oficina de la Fiscalía en el municipio. Los fiscales encargados de los casos deben trabajar desde el búnker en Cúcuta.

La violencia también ha golpeado duramente a los líderes políticos y sociales. En 2019, un exalcalde y candidato a la alcaldía de Tibú fue asesinado. En 2023, el entonces alcalde Nelson Leal tuvo que trasladar su despacho a Cúcuta debido a amenazas, mientras que el alcalde de La Playa de Belén renunció a su cargo y se exilió en Europa. El pasado jueves, el actual alcalde de Tibú, Richard Claro, también abandonó el municipio por amenazas.

El secuestro y la extorsión son otros flagelos que afectan a la región. En 2022, el tío del exalcalde de Ocaña, Samir Casadiego, murió en cautiverio.

El recrudecimiento del conflicto armado tras el acuerdo de paz

El acuerdo de paz firmado en 2016 no trajo la calma esperada al Catatumbo. En lugar de ello, se generaron nuevas dinámicas de violencia. La desmovilización de las Farc dejó un vacío que fue aprovechado por el Eln para expandir su control territorial. En los últimos cinco años, esta guerrilla ha fortalecido sus estructuras urbanas en el área metropolitana de Cúcuta, llevando a cabo atentados terroristas como los ocurridos en 2021.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz en Norte de Santander, señaló que el conflicto actual es principalmente entre el Eln y las disidencias de las Farc. “El Ejército no está en combate activo contra estos grupos. Están salvaguardando sus unidades mientras la guerra es entre ellos”, explicó.

El recrudecimiento de la violencia también ha llevado a la población civil a buscar refugio en bases militares y policiales. Niño reveló que se está trabajando con la ONU y la OEA para instalar centros humanitarios en escuelas y parroquias, con el objetivo de proteger a los civiles durante las confrontaciones armadas.

La crisis humanitaria en Teorama y otros municipios

Teorama es uno de los municipios más afectados por la violencia reciente. Según el personero Celso Rincón, varios concejales y líderes sociales han recibido amenazas, y la población está confinada. “Hemos solicitado un corredor humanitario para ingresar al territorio, extraer cuerpos y atender a los heridos”, declaró.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, advirtió que la situación es una disputa territorial relacionada con el narcotráfico. “En el Catatumbo hay más de 52 mil hectáreas sembradas de coca, y con la reactivación del negocio ilícito, los grupos armados buscan controlar el territorio”, afirmó.

La violencia también ha afectado gravemente la educación. En el corregimiento de San Pablo, un líder social denunció que los profesores que viven en Ocaña o Convención tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo y las clases se suspendieron indefinidamente. “Parece que retrocedimos 20 años. Las calles están desoladas, los negocios cerrados, y el miedo domina”, comentó.

Leonardo Sánchez, presidente del sindicato de profesores de Norte de Santander (Asinort), señaló que la inseguridad se ha extendido hacia la zona rural de Cúcuta y Ocaña. “No hay garantías para prestar nuestra labor educativa”, aseveró.

La grave crisis de seguridad en el Catatumbo y Norte de Santander requiere una respuesta integral y coordinada. Las autoridades locales, con apoyo de organismos internacionales, deben garantizar la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos. La creación de corredores humanitarios, el fortalecimiento del pie de fuerza y el establecimiento de centros humanitarios son pasos necesarios para mitigar los efectos del conflicto.

Además, es fundamental reactivar los canales de diálogo con los grupos armados para buscar soluciones sostenibles. Como lo afirmó el gobernador Villamizar, “si se hubiera escuchado a las regiones, estaríamos en el camino de la paz”. Es momento de priorizar la seguridad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo, que han soportado por demasiado tiempo el peso de un conflicto que parece no tener fin.

ANDRÉS CARVAJAL 

Especial para EL TIEMPO

CÚCUTA