Consulta popular: tiempos para organizar la votación, fijada para el 7 de agosto, preocupan en la Registraduría

Una tensa calma se respira a estas horas en las oficinas de la Registraduría Nacional. Desde que el presidente Gustavo Petro firmó el cuestionado decreto que convoca a la consulta popular -que para varias orillas de pensamiento jurídico rompe con el equilibrio de poderes- la cabeza de la autoridad electoral, Hernán Penagos, tiene puesto sobre sí los reflectores pues ahora la pelota está en su cancha y su decisión será determinante para el futuro de la convocatoria a las urnas fijada para el próximo 7 de agosto.

Hasta este jueves en la noche, la Registraduría no ha sido notificada de manera formal del decreto que convoca a la consulta. Ahora bien, se espera que en las próximas horas llegue un correo por parte del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, crece la presión desde lado y lado hacia el registrador Penagos. Mientras el Gobierno advierte que el Registrador Nacional podría incurrir en prevaricato si no acata el acto presidencial, la oposición y sectores independientes pide que este apele a la excepción de inconstitucionalidad para no expedir el calendario electoral.

EL TIEMPO conoció que, a la espera de una notificación oficial, el registrador se encuentra estudiando la situación y analizando todos los caminos posibles. No obstante, no quiere frenar su agenda prevista para estos días y por eso acudió este jueves en la tarde a la posesión de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Lina Marcela Escobar, elegida el pasado 4 de junio por el Senado.

También confirmó a su equipo de trabajo que estará el próximo domingo en Puerto Carreño, Vichada, dando apertura a las elecciones atípicas de gobernador. De hecho, es probable que en dicho municipio hable a la prensa por primera vez sobre los pasos que se darán en relación a la consulta popular.

Los escenarios

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, la Registraduría tiene cuatro caminos. El primero, rechazar la convocatoria por falta de requisitos formales. Esto significa considerar que el decreto no cumple los requisitos constitucionales y legales exigidos —en particular, la falta del concepto previo favorable del Senado, conforme al artículo 104 de la Constitución— y, en consecuencia, abstenerse de iniciar cualquier trámite relacionado, devolviendo o archivando la solicitud.

El segundo escenario sería dar inicio del trámite con reserva y condicionamientos. Esto sería asumir que, mientras no haya suspensión judicial del decreto, este tiene presunción de legalidad. En tal caso, implicaría iniciar los trámites preliminares: elaboración del presupuesto, solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y diseño inicial del calendario electoral, pero condicionar su ejecución plena a lo que se resuelva en sede judicial (demandas ante el Consejo de Estado o acciones de tutela, solicitudes que existan ante Corte Constitucional).

Un tercero sería optar por desarrollar todo el proceso de convocatoria y organización de la consulta popular bajo el principio de presunción de legalidad del decreto presidencial, sin detenerse por la ausencia del concepto previo del Senado y entendiendo que la verificación de la constitucionalidad corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, mediante el control automático y posterior previsto en el artículo 241.3 de la Constitución, que se activa tras la votación ciudadana. En otras palabras, llevar a cabo la consulta como si el decreto estuviera plenamente vigente, dejando a la Corte la última palabra sobre su validez, una vez se conozcan los resultados.

“No obstante en este camino se podrían presentar otros pronunciamientos judiciales, de Consejo de Estado o Juez en sede de Tutela”, indica Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

El cuarto y último camino es el de la espera pasiva sujeta a pronunciamientos judiciales. Aquí la Registraduría podría adoptar una posición de prudencia institucional, absteniéndose de iniciar cualquier actuación administrativa hasta tanto no se resuelva de fondo la legalidad del decreto. Es decir, esperar expresamente a que se resuelva la controversia judicial sobre la convocatoria para definir el curso de acción.

Para el exregistrador y experto en temas electorales, Alfonso Portela, lo más conveniente sería esperar la decisión judicial. “Si existe alguna duda, tranquilamente puede abstenerse de adelantar los trámites respectivos. Podría decir que hasta en tanto la justicia no se pronuncie de fondo no continuará el trámite”, dice.

En entrevista con este diario, el exregistrador y actual copresidente del partido de ‘La U’, Alexander Vega Rocha, aseguró que la Registraduría no puede organizar la votación: “Más allá de devolver o no un hipotético y espurio decreto, lo que puede hacer el registrador nacional es acudir a la excepción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 4 y 104 del ordenamiento superior y no expedir el calendario electoral. Adicional a ello, y en cumplimiento de sus funciones, no podría adelantar ninguna votación popular por el incumplimiento de los requisitos y procedimientos del mecanismo de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1757 de 2015”, dijo.

La preocupación por la línea de tiempo

Al margen de los caminos jurídicos que se le abren a la entidad que dirige Penagos, EL TIEMPO pudo conocer que hay especial preocupación por el tiempo que restaría para organizar una consulta para el 7 de agosto. Son máximos tres meses para organizarla y en este caso habrían menos de dos.

Fuentes consultadas no dudaron en señalar que el tiempo no sería suficiente pues se trata de una elección de carácter nacional que involucra a todos los colombianos habilitados en el censo electoral, inclusive los del exterior. En este caso puntual, el último censo electoral en Colombia está en 40,963,370 hombres y mujeres.

Además, no se sabe con certeza qué empresa garantizaría producir y entregar los materiales en la fecha prevista por el Gobierno. Incluso, este diario conoció que son pocas las firmas que se animarían a asumir dicho reto ante el riesgo de incumplimientos.

Para el exregistrador Alfonso Portela, el registrador tendría que conciliar con el presidente Gustavo Petro para pedir una ampliación del plazo. “Igualmente, todo depende de la velocidad en la que lleguen los recursos. Si el dinero para hacer la contratación de todo lo que necesitaría la consulta no llega, yo no creo que se alcanzaría para ese tiempo”, afirmó.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política