Luego de tres años de su captura, un juez penal de conocimiento condenó a Jaider Poveda Méndez, alias Jhonny Getial, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, a 27 años de cárcel.
El hombre es señalado como autor de una ola de violencia desatada en el Valle del Cauca, que dejó 36 víctimas de homicidio entre 2020 y 2022.
'Jhonny Getial' aceptó, mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía, haber ordenado 19 crímenes en los corregimientos Timba, Guachinte, Ampudia, Villa Colombia y Potrerito, en Jamundí; y 17 más en Dagua, Buenaventura y Restrepo (Valle del Cauca).
Jaider Poveda Méndez, alias Jhonny Getial, era cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto:X Fiscalía
Los delitos del cabecilla
Poveda Méndez había sido capturado el 7 de marzo de 2022 en el corregimiento Triana, en Buenaventura (Valle del Cauca). En su momento, fue judicializado por el homicidio de seis personas en zona rural de Restrepo (Valle del Cauca), el 3 de mayo de 2021. Desde entonces, permanece privado de la libertad.
Sin embargo, tras la investigación de las autoridades, se logró establecer que fue el autor de 36 homicidios.
Un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y emitió sentencia en su contra como responsable de los delitos de concierto para delinquir; homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (estas tres conductas agravadas); y fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Fiscalia General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación
“En el curso de la investigación, liderada por fiscales de la Dirección de Apoyo Territorial y de la Seccional Valle del Cauca, se estableció que alias Jhonny Getial ordenó asesinatos selectivos como parte de una directriz definida por el grupo armado ilegal para ejercer control sobre las rentas ilícitas en el departamento, silenciar a quienes señalaban de ser colaboradores de la fuerza pública y generar zozobra entre la población civil”, señaló la Fiscalía.
La condena en su contra, además de negar cualquier beneficio, fijó una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
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Redacción Nación