Comité de Seguimiento a la Comisión de la Verdad presentó informe, ¿qué dice de la paz total?

El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) presentó este jueves 12 de diciembre su tercer informe sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, titulado ‘Fragmentación de la guerra e integralidad de la paz: razones para la no repetición’.

El evento se realizó en el Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, y en él se reflexionó sobre los avances y retos en la implementación de las recomendaciones. Además, en el documento se hizo un llamado al Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales y locales, las instituciones estatales y la sociedad civil a “redoblar esfuerzos para garantizar la paz estable y duradera que con urgencia necesita el país”.

El informe, además, establece una diferenciación entre la ‘paz total’ y la ‘paz grande’. Sobre esta última dicen que representa un ideal superior que convoca a toda la sociedad y al Estado a construir una paz integral. Otro elemento de análisis que contiene el informe es un seguimiento pormenorizado a la implementación de 20 de las 220 recomendaciones que hizo la CEV en su Informe Final, las cuales, dicen, “guardan estrecha relación con su convocatoria a la paz grande”.

“El CSM observa la existencia de una profunda fragilidad de las gobernanzas territoriales y locales aprovechada por los actores armados, dado que existe una crisis estructural del Estado para dar solución a los problemas sociales y crear una oferta adecuada de bienes y servicios que resuelva las necesidades básicas de las personas, comunidades y pueblos que habitan, sobre todo, las zonas más apartadas del territorio nacional”, se lee en el documento.

El análisis incluye datos específicos de 13 departamentos priorizados: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Magdalena, Bolívar, Cesar, Caquetá, Putumayo y Guaviare. En estos territorios, se ha evaluado la presencia e intensidad de actores armados ilegales, así como el aumento o disminución de eventos victimizantes.

“Para el CSM, existe una economía política de la conflictividad armada persistente en el país -captura de rentas, extractivismo, narcotráfico, etc.- que estimula la continuidad, sucesión y surgimiento de nuevos actores armados. En consecuencia, se requiere que en los procesos de sometimiento a la justicia ordinaria y de justicia transicional se establezca la obligatoriedad de aportar información sobre los terceros responsables que se benefician económicamente con las actividades de actores ilegales. Lo anterior serviría para aportar a medidas reparadoras, así como a la financiación de programas de transformación territorial”, agregan.

El informe también incluye una serie de llamados específicos al Gobierno Nacional y otras instituciones para garantizar que la ‘paz total’ sea un verdadero aporte a la ‘paz grande’. Entre las recomendaciones piden la inclusión de mujeres, personas LGBTIQ+, adultos mayores y personas en situación de discapacidad en las negociaciones y el respeto de los acuerdos con los pueblos indígenas, afrodescendientes y originarios en los territorios donde hay diálogos.

“La falta de celeridad de los procesos de negociación, la ausencia de concreción en los proyectos de paz total, la debilidad de los enfoques de género, étnico y territorial, y la poca efectividad de los espacios participativos con las comunidades más afectadas en los territorios de disputa de los conflictos vigentes para su solución; así como la poca claridad jurídica de los procesos con grupos no insurgentes y la ausencia de pedagogía de las mesas de negociación frente a sus compromisos, hacen que el proyecto político de la ‘paz total’, del actual Gobierno, no esté a la altura de las expectativas de la ‘paz grande’”, señaló Wilson Castañeda, presidente del CSM.

También recomiendan que los ceses del fuego no sean solamente bilaterales, sino multilaterales, la priorización de la concreción de la paz dentro de todos los planes de desarrollo del orden nacional y territorial y la reparación de las víctimas como un elemento ineludible dentro de cualquier diálogo de paz.

Finalmente, recomendaron que en todos los procesos de sometimiento a la justicia haya la obligatoriedad de aportar información sobre los terceros que se benefician económicamente con las actividades de actores ilegales. “A los medios de comunicación, sectores económicos, iglesias y comunidades de fe, para que continúen generando espacios de diálogo para la paz, que desinstalen narrativas violentas y de odio”, añaden.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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