'Colombia ya no es un país seguro para la disidencia política de Venezuela': abogado defensor de derechos humanos

La persecución postelectoral en Venezuela no solo deja más de 2.500 prisioneros -incluyendo niños-, políticos en la clandestinidad y el principal contendor de Nicolás Maduro, Edmundo González, en el exilio, sino que hay que sumar al menos 300 ciudadanos más que abandonaron el país por persecución.

Estas cifras son parte del registro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que se encarga de documentar y acompañar a las víctimas del Estado venezolano, a quienes se les han violado sus derechos por razones de carácter político.

Kelvi Zambrano, abogado de la organización, detalló en entrevista con EL TIEMPO la gravedad de la situación pero también otro peligro: el de no ser apoyados en los países a los que escapan estas personas, que en algunos casos van con sus familias.

“sino a los perseguidos políticos venezolanos en Colombia y otras partes del mundo que han sufrido amenazas, persecución, atentados a su vida, intentos de secuestro, llamadas telefónicas”.

Zambrano explicó que entre los Estados se encuentra Colombia, un país “que ya no es seguro” para la disidencia venezolana. Incluso actores como las Farc y el FBL están siendo partícipes de las presiones y persecución a ciudadanos venezolanos.

“Hablamos de las personas privadas de libertad pero poco se habla de la cantidad de personas que hoy en día han tenido que huir del país por persecución política. Nosotros desde la Coalición hemos documentado más de 387 casos de personas que han tenido que irse del país por persecución política desde el 28 de Julio hasta el día de hoy”, expuso Zambrano.

Pero hay otro aspecto preocupante - prosigue el abogado- “ y es el patrón que ellos (el chavismo) han copiado de la dictadura de Ortega: la persecución transfronteriza”.

Para la coalición, es importante hacer hincapié en que ya no son solo los perseguidos políticos nicaragüenses en Costa Rica, “sino los perseguidos políticos venezolanos en Colombia y otras partes del mundo que han sufrido amenazas, persecución, atentados a su vida, intentos de secuestro, llamadas telefónicas”.

Estas acciones, señala Zambrano, se ejecutan con la cooperación de los cuerpos de inteligencia de los Estados, pero también con la participación de grupos irregulares como las Farc y FBL de Colombia, en sintonía con el Tren de Aragua.

“Lo que hemos tratado de procurar es que se aceleren los procesos de refugio porque debe operar en la mayor velocidad. Al no tener un estatus, eso es una limitante que también impacta en los derechos económicos, sociales y culturales de cada persona”, insiste Zambrano.

Entre los casos puntuales en Colombia, la Coalición maneja el de la familia del capitán Antonio Sequea, quien está preso desde el 2020 y hasta hoy no le han permitido el legítimo derecho a la defensa. Sequea fue señalado de participar en la Operación Gedeón que buscaba derrocar a Nicolás Maduro.

La ONG defiende al capitán pero no se le ha permitido la defensa. La organización, que también asiste a la familia, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exhorte al Estado colombiano a buscar un mecanismo para garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de la familia que se encuentra en ese territorio.

“Tenemos varios casos en Colombia”, insiste Zambrano.

Para la Coalición, también es preocupante las condiciones en las que se encuentran muchos de los que huyen, especialmente por el tema económico y sin estatus legal, lo que les dificulta aún más la sobrevivencia. 

La mayoría de las más de 300 personas que han abandonado el país en el contexto postelectoral se encuentran en Colombia y los Estados Unidos. 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - CORRESPONSAL EL TIEMPO - CARACAS