Cinco policías judicializados por presuntamente facilitar explotación ilegal de madera en Bolívar

Cinco miembros de la Policía Nacional fueron presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá el 14 de junio de 2025, acusados de colaborar con una red criminal dedicada a la explotación ilegal de recursos forestales en el departamento de Bolívar. 

Los uniformados habrían facilitado el transporte de madera extraída sin autorización de la reserva forestal del río Magdalena, una zona protegida por la legislación ambiental colombiana.

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Identidades y cargos

Los procesados son el capitán Harold García Ospina, entonces comandante de la estación de policía de Puerto Wilches (Santander); el subintendente Fabio Ignacio Ramírez Arismendy, quien se desempeñaba como comandante de patrulla en San Pablo (Bolívar); y los patrulleros Edison Peña Moreno, Enyerber Fernando Rueda Correa y José Isabelino Gamboa Cabrera.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían recibido dádivas a cambio de entregar información sensible —como la ubicación de puestos de control y turnos operativos— a una organización ilegal que transportaba madera de especies como cedro rosado, almendro, cambombo, chingales, fresno, sangre toro y canguaro hacia las principales ciudades del Magdalena Medio.

Elementos de prueba

Durante la audiencia se presentaron evidencias sobre las presuntas transferencias de dinero recibidas por el capitán García Ospina. 

El fiscal del caso citó consignaciones a su cuenta de Nequi por tres millones de pesos en mayo y junio de 2023, que corresponderían al pago por omitir sus funciones como servidor público. 

García habría sido clave para facilitar el paso de los cargamentos, según el ente investigador.

A los cinco policías se les imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cohecho propio. 

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. El juez impuso medida de aseguramiento en lugar de detención domiciliaria mientras avanza el proceso.

Contexto judicial y ambiental

La investigación está a cargo de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 

Las autoridades destacaron que este caso representa un avance en la lucha contra la corrupción y el crimen ambiental, señalando que las alianzas entre funcionarios públicos y redes criminales representan una amenaza grave para la protección de los ecosistemas colombianos.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

JOS GUERRERO

EQUIPO ALCANCE DIGITAL

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