El Consejo Municipal de Palm Springs, en el estado de California, aprobó por unanimidad un acuerdo de US$5'900.000 destinado a compensar a las familias afroamericanas y latinas cuyas viviendas fueron demolidas durante un controvertido proyecto de renovación urbana que tuvo lugar en las décadas de 1950 y 1960.
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De acuerdo a lo que detalló Los Angeles Times, la decisión, tomada en una sala abarrotada de personas, fue recibida con aplausos y expresiones de alegría. El acuerdo incluye compensaciones basadas en el valor actual de los bienes perdidos por los antiguos residentes verificados de Section 14 y sus familias. Además, se creará un día conmemorativo para honrar las contribuciones de estas personas a la ciudad.
Junto con el acuerdo, se destinarán US$20'000.000 a iniciativas de vivienda y US$1'000.000 a programas para negocios locales en comunidades marginadas. Aunque estos recursos beneficiarán a toda la ciudad, se dará prioridad a las familias de Section 14.
El acuerdo actual también incluye la construcción de un monumento con los nombres de los antiguos residentes y la posibilidad de nombrar un parque en honor a la comunidad. Aunque algunos cuestionaron el uso de fondos públicos para cubrir los daños del pasado, la mayoría destacó el impacto positivo de esta medida para las familias afectadas.
La historia de las familias de California que serán recompensadas con casi US$6 millones
De acuerdo al informe de Los Angeles Times, Section 14, ubicada en una reserva de la tribu Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, fue hogar de trabajadores afroamericanos y latinos excluidos de otras áreas de Palm Springs por prácticas racistas que se instalaron allí durante las primeras décadas del siglo XX. Pese a las condiciones precarias, la comunidad se desarrolló como un núcleo de viviendas, restaurantes e iglesias.
A partir de 1951, autoridades estatales y locales iniciaron desalojos y la destrucción de hogares bajo el argumento de condiciones insalubres, pero no siempre garantizaron alternativas de vivienda. Entre 1936 y 1965, al menos cinco campañas de desalojo afectaron a los residentes, siendo la participación directa de Palm Springs especialmente criticada.
En 1968, una investigación estatal calificó las acciones del gobierno local como un “holocausto urbano”, aunque no se encontró responsabilidad penal. La disculpa formal de la ciudad llegó recién en 2021.