‘Buscamos que sea un acuerdo definitivo’: presidente Petro tras compromiso con bandas de Medellín sobre cese de la extorsión

El fin de año coincidió con la reactivación de los espacios de paz urbana en Quibdó y en Medellín. En esta última ciudad, los voceros de las bandas se comprometieron a dejar de extorsionar por un mes en 25 barrios del Valle de Aburrá. Una vez se conoció el acuerdo, el presidente Gustavo Petro celebró la firma del documento y señaló que el objetivo es que el compromiso sea definitivo.

“Frenar la extorsión en Medellín por un mes, pero buscamos que sea un acuerdo definitivo. Estamos ante un proceso inédito. Los procesos de paz de las bandas que implican recuperación del territorio”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

El compromiso para cesar la extorsión, tercer punto del acuerdo firmado este jueves en Itagüí, contempla los barrios Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique Central, Campo Valdez, La Esmeralda, La Piñuela, San Cayetano, Brasilia y Miranda, todos ellos de la comuna Aranjuez.

Además, incluye a los siguientes barrios de Bello: Carmelo, Espíritu Santo, El Cairo, de la comuna 4; Hato Viejo y Riachuelos, de la comuna 2; Pachelly, de la comuna 6; y El Tanque, Altos de Niquía, Bifamiliares y Altos de Quitasol, de la comuna 7.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de la delegación de Gobierno en este espacio de conversación sociojurídica, señaló que se creará un equipo de observación y sistematización para verificar el cumplimiento de este y los demás compromisos. Este usará datos de la Fiscalía, la Policía Nacional, Medicina Legal, la Defensoría y la Procuraduría, entre otras fuentes. El 19 de enero, cuando concluya el compromiso sobre la extorsión, este equipo presentará un informe sobre los resultados.

‘Procesos deben traer seguridad’

El primer mandatario no solo se refirió al proceso de Medellín, también hizo una breve mención de los otros dos espacios que el Gobierno instaló. “Estos procesos que comenzaron en Quibdó, Buenaventura, Medellín y Bello deben traer seguridad de vida a la población”, añadió.

Cada uno de estos procesos carece de certezas en términos de oferta jurídica para los miembros de estas agrupaciones armadas, lo que de cara al sometimiento representa un enorme reto para el Gobierno.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional declaró inexequible, a través de la sentencia C-525 de 202, que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que más de dos años después de la llegada de Petro aún no pasa por el Legislativo.

“El papel protagónico no debe ser del gobierno nacional sino de la fiscalía, a la cual invito para analizarlos y transformarlos en política pública. Implica la dignificación de la cárcel, del barrio, de la juventud y de la vida personal”. concluyó el jefe de Estado en su mensaje de este viernes.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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