Aumento desmedido de bloqueos y atentados tiene en alerta a petroleras: mafias estarían detrás para sacar provecho

La industria petrolera en Colombia enfrenta un panorama cada vez más complejo por cuenta de un incremento preocupante de la conflictividad social en las regiones donde operan las compañías. 

Datos de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) indican que el año pasado la conflictividad social se “exacerbó” a tal punto que se registraron 634 bloqueos y vías de hecho a las operaciones petroleras.

Esta cifra representa un incremento del 151 por ciento frente a los 252 eventos que se reportaron en el 2023, siendo el departamento más afectado Casanare, donde se tuvieron 222 bloqueos y un aumento del 416 por ciento.

Otros departamentos afectados fueron Meta (+171 por ciento), Córdoba (+150 por ciento), Arauca (+71 por ciento) y Cesar (+28 por ciento). Cada bloqueo tuvo una duración que va desde los cinco hasta los 10 días.

Contrario a lo que pasó en estos departamentos, en Putumayo se registró una disminución del 5 por ciento en el número de bloqueos, pasado de 40 en 2023 a 38 el año pasado.

Estos bloqueos y vías de hecho tuvieron una afectación directa sobre la producción de petróleo de Colombia, pues se dejaron de producir entre 25.000 y 100.000 barriles por día.

En total, la producción diferida alcanzó los 4 millones de barriles, un 33 por ciento más que en 2023. Esto terminó afectando el balance final de 2024, pues la producción del país bajó 0,5 por ciento y se ubicó en 772.621 barriles por día.

Una menor producción se tradujo en que las regiones no recibieron 28,5 millones de dólares de regalías. Además, se dejaron de generar aproximadamente 3.000 empleos en el país y se perdieron compras a proveedores regionales por 2 billones de pesos.

Otras afectaciones sociales y económicas estuvieron relacionadas con una reducción cercana a 35.000 millones de pesos en programas de desarrollo social (voluntarios y contractuales) y 500 kilómetros menos intervenidos en vías terciarias y secundarias como parte de las inversiones sociales.

“Estas inversiones no se pudieron realizar porque unos grupos de interés entienden los mecanismos de participación y de protesta de una manera que no es democrática”, aseguró Frank Pearl, presidente de la ACP.

En los primeros cuatro meses de 2025 se han registrado 210 bloqueos a las operaciones de las empresas, siendo Meta y Casanare los departamentos más complicados.

De acuerdo con la ACP, las principales causas de conflictividad en el sector petrolero están relacionadas con temas laborales y de prestación de bienes y servicios.

En lo que va de 2025, los conflictos laborales han sido la principal causa, justificando la mitad de los bloqueos y vías de hecho (52 por ciento). En el 2022 representaban solo el 33 por ciento.

Entre tanto, las reclamaciones por bienes y servicios fueron el motivo del 26 por ciento de los eventos reportados. También ha tenido un incremento significativo frente al 16 por ciento de hace tres años.

Al respecto, la ACP aseguró que es importante tener en cuenta que las operaciones en las regiones han disminuido, lo cual implica una reducción en las posibilidades de contratación de mano de obra y de bienes y servicios.

Las otras causas de la conflictividad social incluyen temas que, en su mayoría, son ajenos a la industria. Y aunque son competencia de los distintos niveles del Gobierno, es frecuente que las comunidades acudan a las empresas para visibilizar estas problemáticas.

“Hay mafias de contratistas que hacen parte de la cadena de valor y que se aprovechan de los mecanismos de participación legítimos. Eso le hace daño al sector y a todos los colombianos, además de poner en riesgo el suministro de combustibles y la seguridad energética del país”, comentó el presidente de la ACP.

Por eso, considera necesario contar con el apoyo del Estado “para desarticular mafias que ven estos mecanismos como una forma de hacer negocios que no son legítimos” y que terminan afectando los derechos los colombianos al trabajo y a la educación.

Problemas de orden público agravan el panorama

En cuanto al orden público, la situación que enfrenta el sector petrolero en las regiones no es mejor. El año pasado se registraron aproximadamente 40 atentados contra los oleoductos y más de 180 conexiones ilícitas.

Sumado a esto, el Oleoducto Caño Limón-Coveñas (Arauca y Norte de Santander) completa más de 10 meses sin operar, desde agosto de 2024, mientras que el Oleoducto Trasandino (Putumayo-Nariño) está inactivo desde octubre de 2023.

De acuerdo con la ACP, estos hechos se han intensificado desde la suspensión del cese al fuego con el ELN en julio de 2024, lo que ha agravado el deterioro de la seguridad en zonas productoras.

En los primeros meses de 2025, con corte a marzo, se han reportado 13 atentados contra la infraestructura petrolera, principalmente en el departamento de Arauca.

Esto atentados generan impactos sobre el medio ambiente, incrementan los costos operativos de las empresas, interrumpen el desarrollo de proyectos sociales, reducen las inversiones y afectan la generación de empleos locales.

“Necesitamos la fuerza legítima del Estados para garantizar las condiciones de operación. Necesitamos resolver este caos en el cual está operando el sector y en el que están muchas regiones de Colombia. Esto no es sostenible”, aseguró Frank Pearl.