Este lunes 25 de noviembre, finaliza el plazo para la recolección de firmas que respaldan la demanda contra el cobro de valorización ante la Corte Constitucional, la cual ha recibido el apoyo de diversos sectores del Caribe, dado el impacto que tendrá en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
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La controversia legal sobre la legitimidad del cobro de valorización en la vía Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, ha logrado reunir hasta el momento 6.780 firmas en contra, con el objetivo de alcanzar las 15.000.
Gómez Amín anunció que este martes 26 de noviembre comenzará el proceso para solicitar medidas cautelares, apoyado por distintos sectores, incluidos políticos y gremiales, con el fin de detener la valorización. "Se avecina una serie de demandas y continuaremos avanzando, el Estado terminará asumiendo las consecuencias de este asunto, protegiendo también el bolsillo de las familias del Atlántico y Bolívar. Creo que hemos conseguido visibilizar esta problemática a nivel nacional".
El senador propone una lluvia de demandas, destacando que, "mientras se espera un fallo de fondo, es necesario seguir solicitando al Consejo de Estado que implemente medidas cautelares y suspenda el cronograma de cobro previsto para marzo". También aseguro que esta semana llegará hasta el despacho del magistrado de la sección cuarta para presentar medidas cautelares que apoyen la demanda que ya fue radicada por Camacol.
Gómez explicó que, si bien han sido presentada 10 demandas, pocas han sido admitidas y otras están en proceso, lo que para él, evidencia que hay un clamor nacional que debe ser atendido por el Gobierno Nacional.
Gremios se unen a las voces en contra del cobro
Aunque estamos en la orilla del mar, carecemos de desarrollo y de las condiciones necesarias, así como de servicios públicos. Es fundamental proteger a todos los ciudadanos
El presidente de la Junta de Camacol Nacional, Jorge Segebre, reiteró que el cobro de valorización representa una prueba que el Gobierno nacional intenta imponer a una región ya afectada como es el Caribe, argumentando que esta contribución no generará ningún valor a estos terrenos, a su juicio, aumentará la pobreza. "Aunque estamos en la orilla del mar, carecemos de desarrollo y de las condiciones necesarias, así como de servicios públicos. Es fundamental proteger a todos los ciudadanos".
Entre tanto, para Alberto Mario Forero, líder del sector del corredor universitario, la campañas para informar a la ciudadanía sobre los efectos de la valorización que adelanta el Gobierno Nacional, serían ilegal e injusta. "No puede haber cobro de valorización si las circunstancias no se ajustan a lo estipulado, especialmente si las viviendas y el sector enfrentan inundaciones".
El líder Forero, fue un poco más allá en su advertencia, asegura que teme, que por cuenta de este cobro y las condiciones de algunos de los propietarios de la zona, "la situación podría resultar en la expropiación de bienes para muchas familias que aún se están recuperando de la pandemia".
Finalmente Forero hizo un llamado al Gobierno nacional para que preste atención a Atlántico y Bolívar de manera "constructiva" y colabore en la búsqueda de soluciones definitivas a las diversas problemáticas que afectan la tranquilidad de sus habitantes.