Así quedó la reforma al sistema general de participaciones (SGP) tras su conciliación

Ya está el informe de conciliación de la reforma al sistema general de participaciones (SGP). Esta es la mayor reforma que se ha tramitado en los último 20 años, pues aumenta el dinero que se le entregará directamente a las regiones. Se pasa del 24 por ciento de los recursos corrientes de la nación al 39,5 por ciento. 

Este martes comienza la votación del informe. Primero lo hará la plenaria de la Cámara y se espera que en los próximos días lo haga el Senado. EL TIEMPO pudo conocer el informe final y se observa que en casi la totalidad del texto se asumió lo acogido por la Cámara. "Se concilia este artículo para acoger el texto aprobado por la Cámara de Representantes", dice la mayoría de puntos. 

Según el informe, hubo una mejor redacción en lo logrado por la Cámara, por lo cual se privilegia este texto. Esto se cumple en todo el articulado, salvo en el título y la vigencia, que estaba igual en ambas propuestas. 

En el resto del texto, los artículos 1 y 2, se asumió lo discutido en la corporación liderada por Jaime Raúl Salamanca. Por ejemplo, en el artículo 1, el texto acogido tiene muchos más incisos. "Se concilia la redacción en dos incisos, ya que los mismos no están en el texto aprobado por el Senado de la República y esta comisión de conciliación considera pertinente las modificaciones de redacción para superar las discrepancias entre los textos aprobados", dice la propuesta que será votada por ambas plenarias. 

En ese sentido se incluyeron elementos como un inciso que deja claro que se debe presentar una ley orgánica para garantizar el reparto de recursos y competencias "garantizando la eficiencia del gasto público y evitando la duplicidad de funciones entre los distintos niveles de gobierno". 

En ese mismo sentido se especificó en el texto acogido que los cambios se harán de forma gradual y simultánea -entrega de competencias y entrega de dinero- para que "no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal". 

De igual manera se acogió el inciso que señala que en los próximos presupuestos, luego de que entre en vigencia la ley orgánica, se debe especificar cuáles son los gastos de la Nación que pasan a entregarse a los municipios y departamentos. Asimismo, se deja claro que mientras entra en vigor la reforma no se puede bajar los recursos nacionales a salud, educación y saneamiento básico y no se pueden destinar sus recursos a otras áreas por fuera de estos aspectos vitales. 

En la propuesta conciliada se consignó que la ley orgánica que apruebe el Congreso debe tener una partida especial: "En todo caso, el monto para dichos municipios no podrá ser inferior a la que reciben para la entrada en vigencia del presente acto legislativo".

Asimismo, otro de los cambios acogidos en Cámara y que serán consagrados en el texto único es el plazo para presentar la ley de competencias por parte del gobierno. Mientras Senado fijó este plazo máximo en 6 meses, los congresistas se quedaron con la propuesta de que sea un año de plazo. 

Lo que dice el artículo 2

En cuanto al artículo 2, la propuesta también escogió el texto de Cámara, en este caso fue porque la redacción es mas limpia y concreta. "Se concilia este artículo para acoger el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que se mejora la redacción de lo aprobado por el Senado de la República", dice el informe. 

Entre los puntos acogidos está la eliminación de un parágrafo que decía que sí o sí se debía destinar el 17 por ciento de los recursos del SGP a los municipios con menos de 25.000 habitantes. En cambio, se incluyó un parágrafo que señala que habrá unos criterios para evitar que la variación del censo afecte en gran manera la distribución de los recursos. 

En ese mismo sentido se acogió el punto de Cámara en el que dice que el incremento en los recursos del SGP se hará un año después de acogerse la ley de competencia. En cambio, Senado había votado favorablemente un texto que hacía que el aumento fuera inmediatamente después de promulgarse la ley orgánica en cuestión. 

Sobre la ausencia del aval fiscal

El informe de ponencia también entró a hablar sobre la supuesta falta de un aval fiscal del Ministerio de Hacienda. En este texto se argumenta que "el ministerio señala que el proyecto de acto legislativo podría superar los techos de gasto establecidos por la Regla Fiscal y podría no ser congruente con la planificación financiera y presupuestal vigente, si la propuesta no se acompaña de la distribución efectiva y sincronizada de competencias entre el Gobierno Nacional y las entidades beneficiarias del Sistema, que permita compensar la presión del gasto adicional".  

Sin embargo, se señaló que esta advertencia se subsanó dejando claro que la transición es a 12 años y dependiendo de que haya una ley de competencias. 

"Las modificaciones previstas por el proyecto de acto legislativo solo podrán operar hasta tanto se encuentren definidas las competencias a cargo de la Nación y las entidades territoriales mediante la expedición de la ley, así como la requerida transición", se aclaró. 

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción política