Así es la Ley de Enemigos Extranjeros que Donald Trump quiere usar para deportar a millones de inmigrantes de Estados Unidos

Donald Trump ha radicalizado su discurso antiinmigrante a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El candidato republicano ha anunciado que si gana los comicios implementará una operación que le permitirá realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados sin el debido proceso apelando a una ley de 1798 que se ha usado solo en tiempos de guerra.

El viernes, durante un mitin celebrado en Aurora, estado de Colorado, Trump le puso nombre a su programa contra los indocumentados: Operación Aurora. La denominación tiene su origen en afirmaciones falsas hechas por el propio magnate en agosto sobre la banda criminal venezolana Tren de Aragua, a la que señaló de estar “tomando el control de toda la ciudad” de Aurora.

“Rescataré a Aurora y a todos los pueblos que han sido invadidos y conquistados. Estos pueblos han sido conquistados. Explíquenle eso a su gobernador. Él no tiene ni idea de que han sido conquistados. Y meteremos a estos criminales crueles y sedientos de sangre en la cárcel o los echaremos de nuestro país”, dijo Trump en su discurso.

Rescataré a Aurora y a todos los pueblos que han sido invadidos y conquistados. Estos pueblos han sido conquistados

Trump ha usado su retórica antiinmigrante desde que entró en la política. En el 2015, cuando anunció de manera oficial su candidatura presidencial, dijo al referirse a los mexicanos: “Nos traen drogas, traen crimen y a sus violadores y algunos, asumo, son buenas personas”.

Tras su discurso en Aurora, Trump usó su cuenta en la red social X para explicar cómo se implementará la Operación Aurora: “Para acelerar la eliminación de esta banda salvaje, invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para identificar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”, dijo.

Trump agregó que enviará escuadrones de élite de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y agentes federales de seguridad “para cazar, arrestar y deportar a cada miembro de una pandilla de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en el país”.

“Y si regresan a Estados Unidos, se les dirá que es una sentencia automática de 10 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional”, añadió. Indicó que pediría “la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley”.

la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798

¿En qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros? Es una norma que nació tras la Guerra de Independencia con el objetivo de luchar contra el espionaje y los sabotajes británicos. Puede ser invocada en casos de guerra declarada, invasión e incursión predatoria en territorio estadounidense por parte de otra “nación o gobierno extranjero”, explicó la agencia Efe. La ley permite expulsar a extranjeros sin el debido proceso legal.

Efe recordó que el presidente Franklin D. Roosevelt la usó para privar de libertad de movimiento a familias enteras de ciudadanos o inmigrantes de origen italiano, alemán y principalmente japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos puede activar esa ley sin pasar por el Congreso en casos de invasión e incursión predatoria en territorio estadounidense, pero nunca se ha aplicado como parte de la política migratoria del país para tramitar deportaciones rápidas.

Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center, recordó en un artículo que esta ley “fue un instrumento clave detrás de la vergonzosa política de internamiento para japoneses y de los campos de internamiento menos conocidos para personas civiles alemanas e italianas durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos”.

Agregó que la Ley de Enemigos Extranjeros no le exige al presidente determinar ni creer que las personas no ciudadanas detenidas o deportadas representan una amenaza para la seguridad nacional. Solo basta con haber nacido o residido en el país incorrecto o tener un pasaporte de ese país.

La ley tampoco concede a estas personas ninguna oportunidad de presentar pruebas de su lealtad a Estados Unidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros se ha usado solo tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier inmigrante, con documentos o no, podría ser deportado

El periodista Jesús García, editor en La Opinión y El Diario Nueva York, le dijo a El Comercio que la propuesta de Trump representa un problema serio y ha desatado alertas como la del Brennan Center for Justice.

La mayor preocupación es que en este momento se intente procesar para la deportación a cualquier inmigrante, tenga o no estatus legal en Estados Unidos

“La mayor preocupación es que en este momento se intente procesar para la deportación a cualquier inmigrante, tenga o no estatus legal en Estados Unidos. Esto incluiría, por ejemplo, a personas con TPS, que es el estatus de protección temporal; a aquellas que están bajo el llamado Parole Humanitario u otro tipo de protección temporal. Pero también la organización FWD.us, que trabaja con inmigrantes indocumentados y se enfoca principalmente en los Dreamers, señala que incluso ellos estarían en peligro de ser deportados sin un proceso justo; es decir, sin tener una audiencia en corte. Se podría incluir también a personas con Green Card y a las que tengan ya la ciudadanía estadounidense”, alertó García.

“Esto basado en que se aplicaría bajo el principio de que esas personas son enemigas de Estados Unidos, y en aquel discurso de los republicanos, particularmente de Trump, sobre la supuesta invasión que está viviendo Estados Unidos. Esas son las alertas que se desatan”, agregó.

García recordó que el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance ya ha adelantado que cuando habló sobre deportaciones masivas, incluía a personas con TPS y con cualquier otra protección temporal.

“Es muy complejo lo que Donald Trump ahora está señalando, porque evidentemente desata mayores preocupaciones. Ahora, sería un poco complicado que pudiera aplicarlo a rajatabla, así como él señala, porque en Estados Unidos han avanzado, desde que se empezó a aplicar esa ley, las leyes sobre derechos civiles, incluyendo la protección de los inmigrantes, sobre todo a aquellos que estén con estatus legal en Estados Unidos”, remarcó García.

En cuanto a si Kamala Harris está capitalizando o no el descontento de los latinos hacia Trump por su discurso antiinmigrante, García dijo que los reportes basados en encuestas nacionales que señalan que la demócrata está perdiendo el respaldo de los latinos debe ser tomado con pinzas, pues se trata de sondeos nacionales donde el universo de personas encuestadas es mínimo.

García indicó que el martes se conoció una encuesta de Hispanic Federation, Latino Victory Foundation donde se reveló que Harris tiene un respaldo mucho mayor que Trump entre los latinos. Ella aumentó en octubre cuatro puntos porcentuales con respecto a agosto. Pasó de 58 % a 62 % de respaldo entre votantes latinos en siete estados claves que podrían decidir la elección: Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada y Georgia. Trump mantiene un 34 % de respaldo.

¿Qué pasa si hay deportaciones masivas?

De acuerdo con un informe publicado por el American Immigration Council (AIC), citado por Univisión, el plan de deportaciones prometido por Trump sería devastador no solo para la comunidad indocumentada, sino para todo Estados Unidos.

Titulado “Deportación Masiva: costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía”, el informe de 54 páginas dice que la amenaza impactaría en unas 11 millones de personas que en el 2022 carecían de estatus legal permanente y enfrentaban la posibilidad de ser deportadas. A esto habría que agregan unos 2,3 millones de inmigrantes adicionales que entraron en los últimos años.

“En total, encontramos que el costo de una operación de deportación masiva única dirigida a ambas poblaciones (un total estimado de 13,3 millones de inmigrantes sin estatus legal) es de al menos 315.000 millones de dólares”, calculan los investigadores del AIC.

“Esta cifra es una estimación muy conservadora. No tiene en cuenta los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida ni los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que una operación tan singular sea posible”, agrega el informe.

El estudio dice que al costo de las deportaciones se debe añadir el costo de las detenciones masivas, el cumplimiento del debido proceso y gastos adicionales que incurrirán los estados, condados y ciudades que participen en el proceso.

Para estimar los costos de una operación de deportación masiva a largo plazo, calculamos el costo de un programa que apunta a arrestar, detener, procesar y deportar a un millón de personas por año

“Para estimar los costos de una operación de deportación masiva a largo plazo, calculamos el costo de un programa que apunta a arrestar, detener, procesar y deportar a un millón de personas por año, en paralelo con las propuestas más conservadoras hechas por los defensores de la deportación masiva. Incluso suponiendo que el 20 % de la población indocumentada se ‘autodeportaría’ bajo un régimen de deportación masiva de años de duración, estimamos que el costo final de una operación tan prolongada promediaría 88.000 millones de dólares anuales, para un costo total de 967.900 millones de dólares en el transcurso de más de una década”, indica el informe.

Para poder ejecutar un plan de esta envergadura, se requeriría “que Estados Unidos construya y mantenga 24 veces más capacidad de detención del ICE de la que existe actualmente”. Y el gobierno “también tendría que establecer y mantener más de 1.000 nuevas salas de tribunales de inmigración para procesar a las personas a ese ritmo”, estima el informe.

Si se aplica esa ley las consecuencias en Estados Unidos serían devastadoras

Opinión de Manuel Orozco. Director del Programa sobre Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano

La propuesta de utilizar la ley de 1798 refleja un intento de ganar votos en un momento electoral, en donde si cumple con la promesa se encontrará con batallas legales sobre la interpretación jurídica de esa ley de aplicarse a personas, y no a Estados. Aunque el presidente puede invocar y usar esa ley, el sistema judicial puede detenerlo si considera que va en contra de la letra de ésta.

Fundamentalmente, la ley se refiere a la amenaza que un Estado refleja dentro del país a través de nacionales de ese Estado que conspiran o pueden conspirar contra el país. Estas personas podrían ser detenidas y deportadas. La ley se ha invocado en varias ocasiones, en particular durante las dos guerras mundiales, y sufrió de muchas críticas porque infringió los derechos constitucionales de ciudadanos americanos. El caso de los campos de concentración de japoneses y japoneses-americanos es un ejemplo del efecto negativo de esa ley.

Las consecuencias de aplicar la ley en el siglo XXI en Estados Unidos serían devastadoras, porque aparte de considerar enemigo al Estado de la nación de la que un inmigrante indocumentado proviene, Estados Unidos estaría asumiendo que las personas que están en estado irregular en Estados Unidos son una amenaza cuya respuesta proporcional es su detención y expulsión. La mayoría de los países de donde provienen estas personas, en mas del 90 % son de 16 nacionalidades de Estados políticamente difíciles y en muchos casos autoritarios, que están huyendo por razones políticas o de la incapacidad del Estado de proteger los derechos de sus ciudadanos. Es decir, que en vez de abordar la migración como un problema de política exterior relacionado con la naturaleza autoritaria de esos países que expulsan migrantes, los migrantes estarían siendo doblemente castigados con detención y deportación al lugar que los reprime y expulsó en primer lugar.

Aparte de considerar enemigo al Estado de la nación de la que un inmigrante indocumentado proviene, Estados Unidos estaría asumiendo que las personas que están en estado irregular en Estados Unidos son una amenaza

La propuesta de Trump no es arbitraria, ni hipérbole. En su período anterior Trump ya implementó más de 20 iniciativas anti-inmigratorias, incluyendo la prohibición de personas de origen musulmán y de ciertas nacionalidades de ir a Estados Unidos, la separación de menores de edad de sus padres, la terminación del estatus temporal de personas que salieron de países afectados por desastres naturales, la eliminación de la ayuda externa en países de donde la migración ocurría por razones de violencia. 

En ese sentido, la utilización de la ley, aunque tenga obstáculos en implementarse, de hacer uso inicial creará un caos y afectación de derechos humanos de miles de personas. Además, es un indicativo de la radicalización extrema a la que Trump está dispuesto a imponer en Estados Unidos".

ROGER ZUZUNAGA RUIZ

EL COMERCIO (GDA) / PERÚ