Ante embates de presidente Petro al Banco de la República, cómo debe ser la coordinación que ordena la Constitución

El post en X del presidente Gustavo Petro sobre la junta del Banco de la República por dejar quietas las tasas de interés este lunes -más allá de que es solo un episodio adicional de esa naturaleza desde el inicio de su administración- no solo le apunta de nuevo a la independencia de la banca central sino que llama la atención sobre la coordinación entre el Emisor y el Gobierno que ordena la Constitución.

De acuerdo con el Artículo 371 de la carta política, todas las funciones del Banco de la República "se ejercerán en coordinación con la política económica general".

Ese mandato se relaciona con cómo el propósito del Banco de velar tanto por el poder de la moneda (que no se disparen los precios) y por la producción y el empleo en niveles sostenibles en el largo plazo debe cumplirse con decisiones del banco central y del Gobierno que no choquen entre sí.

Para este propósito, entonces, cada parte cumple funciones distintas, y los dos lados se complementan. Desde el lado del Emisor está el manejo de la moneda, principalmente con las tasas de interés. Del lado del Gobierno están las decisiones que buscan un equilibrio en las finanzas públicas (un déficit manejable), con prudencia en el gasto y eficiencia en conseguir ingresos, por ejemplo con el recaudo de impuestos, tema muy discutido desde el año pasado por el fuerte incremento del hueco fiscal.

Así, en relación con la coordinación, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, hace un año le comentaba a EL TIEMPO que "lo fundamental para la política monetaria es la tranquilidad de que los desbalances fiscales se van reduciendo y la deuda pública, como porcentaje del PIB, tiende a converger hacia un nivel sostenible"

Para ese momento, mayo del año pasado, Villar todavía preveía que "para 2024 está previsto, de acuerdo con las proyecciones actuales del Gobierno, que el nivel de deuda aumentaría como porcentaje de PIB, pero en una magnitud coherente con la regla fiscal", y además "sería coherente con una perspectiva de volver a bajar ese nivel de deuda sobre PIB en los años subsiguientes".

Cómo debe ser la coordinación del Banco de la República y el Gobierno

Juan Pablo Zárate, quien ha estado en los dos lados, como viceministro de Hacienda y como codirector del Banco de la República, dice que para la coordinación el Gobierno debe tener una política fiscal que no atente contra la estabilidad macroeconómica, permitiendo al Banco de la República hacer su tarea.

"En la medida de lo posible -agrega- se debe procurar que la política monetaria, la fiscal y la regulatoria 'tiren para el mismo lado' en términos de sus efectos sobre el ciclo económico". Además, "hay aspectos importantes de coordinación en otros temas como el funcionamiento de los mercados en que actúan el Banco y Hacienda y en otros aspectos en que el Banco de la República es el agente fiscal del Gobierno".

Por su parte, Juan Alberto Londoño, también exviceministro de Hacienda, dice que "la coordinación entre la Banca Central y el Gobierno parte de reconocer la independencia del primero de estos. Esto implica que el Banco de la República actúa como agente del Gobierno en la contratación de créditos externos, como custodio de los títulos de deuda pública y presta asesoría técnica al Gobierno. Eso es trabajar de manera coordinada, pero nunca puede perder su independencia a la hora de tomar sus decisiones principales como la de establecer la tasa de interés de intervención, que es donde el Gobierno pretende obediencia. La decisión de ayer (lunes) genera tranquilidad en cuanto a la fortaleza de nuestras instituciones".

Los riesgos por el deterioro de las finanzas públicas

Luego de que, por mayoría, la junta del Emisor decidió este lunes no bajar la tasa de interés de referencia, el presidente Petro dijo en la red social X que con esa decisión, la junta "busca contener el crecimiento económico". Pero, las réplicas desde los otros puntos de vista se podrían sintetizar en una frase similar: "con lo que se hace en materia de gasto e ingresos, el Gobierno busca contener el crecimiento económico".

Efectivamente, no bajar las tasas puede frenar decisiones de inversión frente a una reactivación económica que no termina de consolidarse. Pero bajarlas puede revivir la inflación, que no se reduce desde noviembre, en momentos en que, a la vista de todos, se agudiza la crisis de las finanzas públicas, pues hay una relación entre crisis fiscal y inflación.

El hueco fiscal puede ser más hondo cuando el Gobierno aumenta gastos -especialmente de funcionamiento- o cuando no logra los ingresos que se propuso subiendo impuestos. O cuando se combinan las dos cosas. Y el mayor déficit se acompaña de la promesa de más deuda. Para llegar a fin de mes con los bolsillos rotos, hay que conseguir más plata prestada.

Un aumento previsible de la deuda del Gobierno erosiona la moneda, la deprecia. Por lo tanto, con la agudización de la crisis de las finanzas estatales (y cuando la aspirina para ese dolor de cabeza es conseguir más plata prestada), es previsible que las alzas cojan fuerza de nuevo, y se reavive la inflación.

En ese contexto, tras conocerse la decisión de la junta, el Centro de Estudios Económicos Anif comentó que "la postura de mantener inalterada la tasa de interés responde a un conjunto de variables macroeconómicas que justifican la cautela ante un escenario local y externo desafiante", y recordó que "en 2024 Colombia presentó un déficit del 6,8 por ciento del PIB, superando lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año pasado. La preocupación persiste en 2025".

Se podría interpretar que la visión que prima en la junta del banco central, en relación con la coordinación, es que ante las decisiones que toma el Gobierno sobre gasto público e ingresos tributarios, y los resultados que están produciendo, la mejor manera de acompañarlas desde la política monetaria es ser prudentes con los recortes de tasas de interés, para no atizar de nuevo la pérdida de poder de compra de los hogares colombianos, especialmente los más pobres, y no golpear la posibilidad de crecimiento y empleo sostenible en el largo plazo.