Alerta por aumento de detenciones de defensores de derechos humanos en El Salvador tras Ley de Agentes Extranjeros

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó a un joven abogado y a un líder comunitario, ambos defensores de derechos humanos, de desórdenes públicos tras participar de una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para frenar un desalojo de cientos de campesinos, informaron este miércoles medios locales.

La acusación contra el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez fue presentada la noche del martes, según una información del periódico La Prensa Gráfica.

"Fuentes confirman a @prensagrafica que ayer (martes) por la noche fue presentado el requerimiento fiscal en contra de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos entre el 12 y 13 de mayo por encabezar una protesta pacífica de la cooperativa El Bosque y sus habitantes", publicó ese medio de comunicación en X, mientras que la Fiscalía no ha desmentido ni confirmado la información.

El rotativo salvadoreño explicó que, según sus fuentes, "ambos son acusados de desórdenes públicos y resistencia", y que "el caso será llevado por el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla y la audiencia inicial sería este viernes 30 de mayo".

Otros medios salvadoreños, como la red de radios comunitarias ARPAS, el noticiero de televisión TVM El Salvador, Revista La Brújula, entre otros, han publicado una información similar.

Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.

Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez.

Según trascendió el pasado 16 de mayo en la prensa salvadoreña, un juzgado salvadoreño dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.

El presidente reconoció que la situación de El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo.

“Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”, anunció.

En respuesta a la protesta, Bukele acusó a organizaciones de "manipular" a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución sino se cumple.

La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021, pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.

La ley fue aprobada recientemente por el Congreso.

En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, calificó el proyecto de ley como una legislación represiva y contraria a los principios democráticos, como la libertad de expresión y el derecho a la organización.

La directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, indicó en la red social X que dicha ley "está dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes" y alertó que "la deriva autoritaria avanza a pasos agigantados".

HRW indicó en un comunicado, horas antes de la aprobación de la ley, que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, "han utilizado leyes de 'agentes extranjeros' como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes".

"Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones", alertó HRW.

No es lo único que ha sucedido en estos días. El 5 de mayo, el presidente también usó sus redes sociales para ordenar la detención de empresarios del transporte público cuyas unidades no trabajaron ese día. Hay 16 arrestados y se les sindica de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, peculado y extorsión.

Por su parte, la defensora de derechos humanos y abogada Ruth López sumó este martes nueve días de detención en El Salvador, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado una acusación formal ante los tribunales, según informó la organización no gubernamental Cristosal.

La detención de López, una de las voces más críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, desencadenó la semana pasada una oleada de rechazos, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.

La reconocida abogada, jefa del área Anticorrupción de Cristosal y que fue incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de ese año, fue detenida la noche del pasado 18 de mayo bajo acusaciones de peculado.

La Fiscalía informó de la detención de la abogada cerca de la madrugada del 19 de mayo y, hasta hoy, no ha brindado más detalles sobre el caso, únicamente la señala de supuestamente participar "en la sustracción de fondos de las arcas del Estado" cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, quien se encuentra detenido.

*Con información de Efe.