En días pasados se vivió una de tantas discusiones plagadas de consideraciones políticas coyunturales alrededor de un tema estructural y necesario para el país: contar con una agencia de ciberseguridad que eleve las capacidades del Estado y la sociedad de defenderse y prevenir riesgos y ataques digitales.
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Una discusión dejó en claro la visión tan cortica y básica que tenemos como sociedad sobre temas relevantes de país.
Vimos ‘geniales conclusiones’, incluso de denotados colegas, como que “el gobierno Petro va a censurar las redes sociales” con esa norma. Me produce genuino pesar gastar renglones de este valioso espacio para discernir alrededor de semejante tontería, básicamente porque partir de la pobreza del odio político para analizar la realidad es un muro infranqueable que deja, del otro lado, y en este caso, los argumentos técnicos, científicos y socioeconómicos que sostienen la necesidad de contar con ese marco normativo de ciberseguridad.
Primero, la norma no dice por ningún lado que vayan a censurar las redes sociales. De hecho, probablemente habrá pasado este gobierno antes de aprobarse la iniciativa. El mentado artículo de la discordia dice textualmente: “En el marco de un puesto de mando unificado o un comité de crisis, ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía, en coordinación con el Ministerio de Defensa”.
¿Es malo esto? No necesariamente. Lo que contempla este apartado es que, ante una situación de extrema gravedad ocasionada por un riesgo digital, exista la opción de cesar la actividad digital total o parcialmente en el país. Dos cosas: no se trata de una decisión exclusiva del Presidente, sino que es una consideración colegiada que garantiza que, dado el caso, se contemplarán todos los aspectos necesarios para la decisión.
Y es bueno que exista esta opción: ¿qué pasa si por WhatsApp, por ejemplo, detona una infección digital capaz de tumbar el sistema bancario del país? Colombia puede sobrevivir sin chatear, pero sin bancos no.
Ataques contra infraestructuras críticas como acueductos, aeropuertos, sistema financiero, de salud, por mencionar algunos, DEBEN protegerse, incluso si para ello hay que ordenar la inhabilitación de aplicaciones, plataformas o redes.
Tener esa opción es válido, es sano discutirlo al menos, son herramientas que incluyen las leyes de otros países en aras de la seguridad nacional. Mientras las decisiones de fondo, “de país”, las sigamos viendo desde el diminuto crisol de la coyuntura política, seguiremos siendo países y sociedades endebles “en vías de desarrollo”.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
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